Díaz Ayuso marcó tendencia en Madrid, PP y PSOE pusieron en marcha sus maquinarias electorales y CS se quedó fuera de juego
La Covid dejó una situación muy crítica en la sociedad, para 'solventarla' el Gobierno intentó quedarse con los remanentes de las entidades locales. Pero volvían a ser tiempos de Cambio y Díaz Ayuso aprovechó la moción de Murcia para marcar tendencias, Pablo Iglesias abandonó el Gobierno, CS se quedó fuera de juego y los partidos comenzaron a preparar sus pre-campañas electorales.
El Gobierno ‘le echa el ojo’ a los remanentes locales
La pandemia de la Covid sumió a todos los gobiernos en una crisis económica muy fuerte. España no fue una excepción. La puesta en marcha de las ayudas activadas para paliar los efectos de la Covid y los Ertes no ayudaron demasiado a un Gobierno que sabía gastar y, presumía de ello, más aún desde un Gobierno del PSOE en coalición con Podemos.
El Gobierno estaba endeudado hasta las orejas. Las Comunidades Autónomas también. Pero había otras entidades que tenían ahorros, y muchos. Eran las entidades locales.
Como recordará el lector, la crisis económica del 2012 había llevado a articular la conocida como ‘Ley Montoro’, que regulaba el gasto permitido a las entidades locales.
De esta forma, Diputaciones, mancomunidades y ayuntamientos se habían visto ‘obligados’ a ahorrar quisieran o no. No podían presupuestar más de lo que previsiblemente iban a ingresar, ni asumir préstamos que no estuvieran regulados con el ‘techo de gasto’. De la misma manera, el dinero ‘sobrante’ de un ejercicio anual no podía incorporarse al presupuesto del año siguiente salvo con ‘obras financieramente sostenibles’, es decir, articuladas y controladas también para que no generaran mayores gastos. Los remanentes tenían que destinarse, obligadamente, a financiar la deuda que tuvieran acumulada con los bancos.
¿Pero y si no tenían deuda?
Javier Moliner, al final de su legislatura le dejó a José Martí una economía sin un euro de deuda. Pero Diputación no podía tocar los más de 40 millones de euros de remanentes que tenía en el banco.
¿Cuántos millones de euros guardaban las entidades locales en el banco?
Según unas declaraciones del diputado provincial Salvador Aguilella, se calculaba que solo en el 2020 estas entidades locales de toda España podrían llegar a acumular más de 14.000 millones de euros en el banco. Un dinero ‘limpio’ demasiado goloso para que el Gobierno de España no le echara el ojo.
Para ello, y tal como publicó Castellón Información, se articuló una maniobra en la que se aliaban la directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, de presidente socialista, el Ministerio de Hacienda y el mismo Gobierno.
El ‘truco’, que se publicó en el BOE del mes de Agosto se basaba en la siguiente estrategia:
Las entidades locales, ayuntamientos, mancomunidades o diputaciones, asumirían el compromiso ‘voluntario’ antes del 30 de septiembre de 2020 de ceder ‘voluntariamente’ todos los remanentes de que dispusieran a fecha de 31 de diciembre de 2021 a la Administración General del Estado.
La cesión ‘voluntaria’ sería entendida como un ‘préstamo’ a las arcas del Estado e ingresadas en una cuenta bancaria dispuesta a tal efecto.
A cambio, el Gobierno cedería a las entidades una cantidad de 5.000 millones entendida como ‘fondo no financiero’ (gastable), para que estos pudieran destinarlos en los objetivos marcados explícitamente por el Gobierno: Agenda Urbana y Movilidad Sostenible, Cuidados de Proximidad, y Cultura. Y en ninguna otra cosa.
La devolución del ‘préstamo’ voluntario de las entidades locales se realizaría en un plazo de diez o 20 años a partir de 2022, con el interés determinado equivalente a la financiación de la Deuda del Estado, incluyendo en el cálculo los costes financieros y de otra naturaleza asociados a las operaciones en los que incurra la Administración General del Estado.
Es decir, algo así como ‘dame todos tus ahorros que yo te los devolveré de aquí a 10 o 20 años con el mínimo interés y además tú pagas los gastos’.
Y, ‘generosamente’, además, “Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se dotará un Fondo Extraordinario de 275 M€ para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte de competencia municipal producido durante el periodo de estado de alarma, así como el que se produzca hasta final del presente año 2020 por reducción de los ingresos por tarifa y costes extraordinarios que se hayan producido por la crisis del COVID-19, calculados y verificados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (275 M€). Con cargo a aquellos mismos recursos, se podrá ampliar el Fondo citado hasta 400 M€, siempre que se justifique y acredite la insuficiencia de la dotación inicial para solventar los efectos derivados de dicha crisis”.
En el capítulo decimotercero se incluía además el siguiente párrafo: “Debido a su naturaleza, las medidas recogidas en el presente Acuerdo se deberán regular en una norma con rango de ley, en el que se establecerán, en su caso, plazos o procedimientos que permitan agilizar la aplicación de aquellas”.
Ni qué decir tiene, que la medida orquestada no fue recibida con entusiasmo por parte de ayuntamientos o diputaciones.
Ayuntamientos y diputaciones del territorio nacional estaban con el agua al cuello. Los gastos de todo tipo se habían disparado con la Covid y no disponían de presupuesto para hacerles frente. Mascarillas, desinfección, atenciones sociales… y sin dinero extraordinario para ello porque el ‘techo de gasto’ de la Ley Montoro’ se los comía por los pies.
La propuesta, además, presentó un serio problema para los militantes socialistas en las instituciones locales. ¿cómo lo hacían?. ¿Se debían a la disciplina del partido o a la lealtad para con las instituciones en las que gobernaban?
Afortunadamente, en esta ocasión, algunos de ‘los socios’ del Gobierno no dieron su voto al Plan que se habría tramado y la pretensión del Gobierno se fue al traste.
Eliminación temporal del techo de gasto
Lo que, sí se logró, casi a la fuerza, fue eliminar, al menos de forma temporal, el ‘techo de gasto’ que condicionaba a las entidades locales. Con ello, diputaciones y ayuntamientos pudieron disponer de sus remanentes en los presupuestos de 2021 y 2022. Y los vendieron como los presupuestos más elevados de su historia.
Las ayudas para España llegaron por vía europea con los Fondos Next Generation, para ayudar a los países que más habían sufrido con la pandemia de la Covid. Aunque aquí también hubo de todo.
¿Cuántos 'Castelló' hay en la Comunitat Valenciana?
En septiembre de 2020 el Consell de la Generalitat Valenciana aprobaba la petición realizada por Villanueva de Castellón, un municipio de ‘La Ribera’ para cambiar su topónimo por el de Castelló. El ayuntamiento tenía mayoría de Compromís y era una ‘deuda pendiente’ que se remontaba casi a los tiempos de Joan Lerma.
Tras cumplimentar los informes necesarios, entre ellos el de la Academia de la Llengua, El Consell aprobó la nueva denominación de Villanueva de Castellón por el de Castelló.
La noticia supo a 'cuerno quemado' en Castelló de la Plana. La pesadilla de los topónimos volvía a ponerse sobre la mesa, solo que en este caso las discrepancias eran sonadas en el Acuerdo de Fadrell de la capital de la Plana. Porque el PSOE que, en su momento retrasó, pero luego apoyó la iniciativa de que la capital de la Plana se llamara solo en su denominación en valenciano, no dejaba de sentirse estafado. Sobre todo, porque los concejales de Compromís aplaudieron el topónimo del municipio de sus compañeros de Castelló de la Ribera.
La oposición volvió a denunciar entonces el uso ‘político’ del nombre de la ciudad.
Resultaba que en la Comunitat Valenciana había ahora dos municipios y una provincia que respondían al mismo nombre: Castelló de la Plana, Castelló de la Ribera y Castelló, como denominación en valenciano del territorio provincial.
No era ninguna tontería porque, como se demostró posteriormente, hasta los funcionarios de la administración valenciana se equivocaban constantemente. Los documentos de Castelló de la Plana se enviaban a Castelló de la Ribera, o incluso como pasó hace unos meses, hasta el Diario de la Generalitat adjudicaba a Castelló de la Plana un nuevo alcalde y hasta un funcionario nuevo…
Pero, además, en aquellos momentos, con la Covid, la asistencia por Cita Previa, la administración electrónica y la tramitación por internet de los documentos más necesarios, los castellonenses (de Castelló de la Plana) iban más que locos. Más aún después del ciberataque que dejó a la capital de la Plana con un internet atado de pies y manos.
Cuando se buscaba Castelló en redes sociales, había que asegurarse. ¿Cuál es la bandera del municipio? ¿Quién está al frente de la Alcaldía…? Y es que más de una reclamación de Castelló de Castellón acabó en la provincia de Valencia.
El grupo socialista presentó un recurso judicial contra esta igualdad de topónimos que no fue respaldado por su socio en el gobierno de Fadrell, Compromís.
La moción de Censura de Murcia y el descalabro de Ciudadanos
En marzo de 2021 la actualidad política volvía a sorprender a los ‘ciudadanos’.
La marcha del líder, Albert Rivera había dejado un partido de Ciudadanos descontento, dividido y sin un rumbo fijo. Con Inés arrimadas al frene como líder nacional, muchos eran los que no tenían claro a dónde iban las cosas.
Comentaron las malas lenguas y publicaron algunos medios nacionales, que los máximos asesores de Sánchez pactaron un acuerdo con Inés Arrimadas para desbancar al PP de la Comunidad Autónoma de Murcia. La noticia se conoció el 8 de marzo.
“El 10 de marzo de conformidad con lo establecido en su artículo 33.4 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, los artículos del 165 al 169 del Reglamento de la Cámara y el artículo 45 de la Ley 6/2004 de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, por medio de un escrito se presentó una moción de censura, proponiendo a Ana Martínez Vidal a Presidenta del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, formulada por los diecisiete diputados que componían el Grupo Parlamentario Socialista y los seis diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Fue realizada el día 18 de marzo, resultando rechazada por 23 votos a 21 debido a los votos en contra del Partido Popular, Vox, los cuatro tránsfugas de Ciudadano y los tres expulsados de Vox (cuya intención de voto fue incierta hasta un día antes de la moción), y cuya votación contó con una abstención del presidente de la Asamblea Alberto Castillo perteneciente todavía por aquel momento a Ciudadanos” (WP).
Las alarmas sonaron no solo en Murcia, sino en el resto del territorio nacional donde el PP gobernaba con el apoyo del grupo naranja. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), que gobernaba con Ciudadanos vio la amenaza en seguida y dos días después, cuando los grupos de izquierda PSOE y Más Madrid ya valoraban una moción de censura que no llegaron a presentar en tiempo y forma, rompía el pacto de gobierno, disolvía la cámara y convocaba elecciones en la Comunidad de Madrid para el 4 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia le daría la razón ante la demanda de los partidos de izquierda, que alegaban que Ayuso no podía disolver la Cámara por esta moción de censura.
Elecciones en la Comunidad de Madrid, Ayuso roza la mayoría absoluta
El PP nacional de Pablo Casado hubo de apoyar la iniciativa de Díaz Ayuso como hechos consumados, pero era evidente que no les gustó el auge que alcanzó la presidenta madrileña a la que ya habían pensado ‘retirarla’ para que no ofreciera una competencia a ‘las líneas’ de poder marcadas desde Génova.
Pablo Iglesias se marcha del Gobierno
En el Gobierno de España, el 15 de marzo, a raíz de la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid, se producía también otro ‘abandono’. Fue la renuncia de Pablo Iglesias, líder de Podemos a su puesto de vicepresidente de España, para presentarse como candidato de Podemos a la Comunitat de Madrid. Sánchez por fin podía dormir tranquilo.
Tras la salida del Gobierno de Pablo Iglesias y en la reconfiguración del nuevo gobierno, tomo posesión como vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez.
Pero ni por esas pudo Podemos recuperar el terreno perdido y frenar el avance de Isabel Díaz Ayuso en la Comunitat de Madrid donde rozó la mayoría absoluta.
¿Podía Pablo Iglesias pasar de ser todopoderoso en el Gobierno de España a opositor de Díaz Ayuso en la Comunidad Autónoma de Madrid?
Evidentemente, no. Iglesias renunció al escaño y a la política en puesto público.
La caída en picado de Ciudadanos
Como consecuencia de la Moción de Censura de Murcia y de la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid, de la noche a la mañana los militantes de Ciudadanos que tenían ‘cargo’ en coaliciones de gobierno con el PP comenzaron a 'retratarse' para mantenerse en sus puestos. Lo lograron en algunos sitios, como el Ayuntamiento de Madrid o en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pero no en otros puntos como fue después la Comunidad de Castilla y León.
Ciudadanos en la Comunitat Valenciana
La maniobra de Ciudadanos también fue criticada por sus propios militantes y provocaba el abandono del partido de sus personajes más notables, entre ellos el líder de CS en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, que luego se unió a las filas del PP en Madrid aunque no llegó a tiempo para poder formar parte de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso.
Y con Cantó saltaron también otros puestos de Ciudadanos En las Cortes Valencianas y en Castelló, la concejal del Ayuntamiento, Paula Archelós. Con su salida del grupo naranja en el ayuntamiento eliminaba las leves esperanzas que habían ilusionado a Ciudadanos de optar a una coalición con el PSOE por el Gobierno de la capital de la Plana.
Y para terminar de liar la perdiz’, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castelló, Alejandro Marín Buck anunciaba el 6 de septiembre su renuncia a la política para poder atender mejor a su familia y tras una oferta profesional que no podía rechazar. Ocupó el cargo de portavoz titular Vicente Vidal y entró como concejal en la plaza vacante Mª Cielo Leyrós, que por supuesto, no votó el nuevo código ético del ayuntamiento que su grupo no había respaldado cuando lo modificaron, a principio de legislatura, sin el consenso de todos los partidos.
Pero Ciudadanos no era el único partido donde se sucedían los cambios y las movidas internas.
Los movimientos pre-electorales en la Comunitat Valenciana
Cambios 'de profundidad' en el PP
Los partidos políticos comienzan sus movimientos mucho antes de que se acerquen las elecciones.
Así ocurría en el Partido Popular de Pablo Casado que, con su lugarteniente Teodoro García Egea, hacía y deshacía para ‘colocar’ a sus seguidores más leales en los puestos claves del partido, en autonomías y municipios.
En la Comunitat Valenciana, la presidenta del Partido Popular, Isabel Bonig, ya no era ‘bien vista’. El desastre electoral de 2019 le pasaba una factura muy alta y desde Madrid apoyaron otros candidatos, concretamente al presidente de la Diputación y del PP de Alicante, Carlos Mazón. Génova lo reconoció de inmediato e Isabel Bonig, consciente de que tenía la batalla perdida, optaba por no presentarse como candidata en el Congreso del Partido.
No fue el único caso. En la provincia de Castelló sucedía algo parecido. Miguel Barrachina, ahora diputado autonómico porque Madrid lo vetó en la candidatura nacional del 28A, anunciaba también que no se iba a presentar a la reelección en el Congreso Provincial del PP.
Y surgieron los movimientos internos que tenían como objetivo ‘modificar’ el rumbo del PP en la provincia y presentar una oposición ‘más dura’ al PSOE.
Así surgía la candidatura de Marta Barrachina, alcaldesa de Vall d’alba que, además, también contaba con los apoyos de Madrid. Solo que, en este caso, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester también anunció su intención de optar al cargo.
Las puñaladas traperas entre bastidores y las 'candidaturas de unidad' en los congresos
En estos casos, los partidos (todos) presumen de llegar en una sintonía de ‘unidad’ a los Congresos, por lo que los ‘tira y afloja’ y las puñaladas traperas se suceden, en teoría, entre bastidores, detrás del escenario principal. Cuando llegan los Congresos se escenifica la unidad, sean cuales sean las luchas intestinas que, por supuesto, no se han quedado resueltas aunque pueda parecerlo. Así ocurrió tanto en el PP como en el Psoe.
La provincia de Castellon no fue una excepción
En el Partido Popular de la provincia de Castellón se llegaba al Congreso con una ‘candidatura de Unidad’ que alzaba a Marta Barrachina como nueva presidenta del PP en la provincia de Castelló con el apoyo expreso de Carlos Mazón y Pablo casado. Pero las cosas no estaban tan claras como parecía, en algunos municipios hubo ‘cambios’. Y, concretamente, en la localidad de Onda, el PP retiraba la dirección de partido a Carmina Ballester y nombraba una ‘gestora’.
Los cambios en el PP provincial se extendieron también a la Diputación Provincial donde los portavoces oficiales eran relegados y sustituidos por Salvador Aguilella y Ángeles Pallarés, de corte mucho más duro y menos dados a concilios y negociaciones.
En la capital de la Plana, el Congreso Local del PP proclamaba la renovación de la presidenta, Begoña Carrasco, a la que también se proponía como candidata a la alcaldía para las elecciones de 2023.
Las primarias del PSOE en Castellón
También, en el PSOE de la provincia de Castelló se produjeron cambios importantes. No todos los militantes estaban contentos con la trayectoria del Partido y con las líneas marcadas por su ejecutiva provincial, liderada por Ernest Blanch.
Llegaba la hora de los congresos, de la renovación de las ejecutivas provincial y local.
Ernest Blanch anunció que se presentaba a la reelección para lo que presentaba su manifiesto: 'Sumén Futur'. Pero le surgió un competidor, era Samuel Falomir, alcalde de l’Alcora por mayoría absoluta, que a su vez presentó el suyo: 'El futur és ara'.
¡Como estarían las cosas que cada uno de ellos publicaba y actualizaba constantemente la lista de sus seguidores, con nombres y apellidos!
Se reproducían los ‘movimientos’ de las primarias anteriores, cuando Ernest Blanch se enfrentó con José Benlloch y el ‘empate técnico’ se saldó de una forma un tanto… ¿imprecisa? A favor de Ernest Blanch.
Entre los seguidores del manifiesto de Ernest Blanch, personajes de renombre, como el presidente de la Diputación de Castelló, José Martí o la alcaldesa de la capital, Amparo Marco.
Pero en el lado de Samuel Falomir y firmantes de su manifiesto, otros de igual importancia, como los alcaldes de Vila-real, Burriana y Benicarló, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafa Simó, o la subdelegada del gobierno Soledad Ten.
Las cosas no pintaron bien para Blanch. Un día antes del Congreso Provincial del PSOE, que se celebró en Benicarló, se pactaba la candidatura de consenso liderada por Samuel Falomir, elegido secretario general del PSPV en Castellón.
No fueron las únicas primarias que se pelearon hasta el último momento en el PSPV-PSOE. En la capital de la Plana también había dos candidatos, el seguidor de Blanch, José Luís López; y el afín del nuevo secretario provincial, Germán Renau. Como no podía ser de otra manera, se negoció y hubo pacto.
Renau era el secretario de la ejecutiva local pero con López de ‘segundo’, y el ‘respaldo’ de la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco.
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