El tripartito de Fadrell no ha convocado la Asamblea de Fiestas que pedía la moción aprobada en el último pleno. En esta situación y transcurrido el plazo de 15 días que señalaba la propuesta, el Grupo Municipal Popular ha acusado al Gobierno de Castellón de incurrir en fraude democrático y ‘atropello a la democracia’. El GMP denuncia también que todavía no les ha sido facilitado el informe del ‘decretazo’ de Escuder, que se aprobó por mayoría el 23 de noviembre.
El Juzgado de Instrucción ha confirmado que los sobres aportados por Juan José Pérez Macián como prueba de su acusación contra Ali Brancal y Enric Nomdedèu, contenían papeletas electorales de Compromís de la campaña electoral Europea de 2014 que fueron remitidos por correo postal del Ayuntamiento de Castellón. Con esta verificación también se comprobaría, que pudo haber falsificación documental, porque Nomdedèu no dijo toda la verdad cuando firmó el envío a requerimiento del teniente de alcalde delegado de Administración Municipal.
Los concejales de PP y CS han abandonado el pleno extraordinario cuando comenzaba el punto de aprobación y rechazo de las alegaciones del Plan General y la aprobación del Plan General Estructural. Tanto unos como otros lo habían calificado de electoralista por las prisas. La salida de los concejales ha sido aplaudida por los vecinos de Crèmor y Marjalería. Los tres grupos del Pacto del Grao han aprobado por unanimidad con sus votos el documento urbanístico y han acusado a la oposición de ser antidemocráticos.
El Grupo Municipal Popular ha presentado un escrito para corregir la propuesta de Ignasi García de la Comisión plenaria, y solicita que se apruebe antes de que se vote si se debe aplicar el Código ético, que llevaría al cese de la vice alcaldesa. Con ello, el PP desmonta los argumentos que tanto Marzà como Garcia esgrimen, porque la vice alcaldesa está investigada por un juez, no querellada por un político.
Los ocho concejales del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón han solicitado un informe a la secretaria municipal, sobre la aplicación del ‘Código de Buen Gobierno’ sobre la vicealcaldesa de Compromís Ali Brancal, y el cese de todas sus funciones, por estar imputada en una investigación judicial. La querella, presentada por el PP, fue admitida a trámite, por presuntos delitos de malversación y falsedad documental, temas relacionados con la Administración pública y la corrupción.