Diana Rubio. Politóloga experta en comunicación política, protocolo y eventos.
Este pasado fin de semana ha tenido lugar una de las convenciones características de los partidos mayoritarios españoles, donde dirigentes institucionales y partidistas se dan cita con el objetivo de mostrar unidad dentro del propio partido y extrapolarlo al resto de la población a través de la cobertura mediática que se hace de este evento político de partido.
Pero esta muestra de unidad, se ve empañada cuando llega la hora de hacerse la foto de grupo y existe un factor que prefieren evadir o evitar; fotografiar a los cargos institucionales nacionales, concretamente al Presidente del Gobierno con representantes locales de su propio partido marcados por una imputación.
Esta atribución de un delito se ha convertido en toda una enfermedad contagiosa en estos últimos años, donde vuelven a ser PP y PSOE los mas afectados por ellos y los primeros que quieren encontrar una cura a esta afección. Mientras que la encuentran, prefieren que aquellos cargos sanos, no se mezclen con los afectados y en el caso de no poder evitarla, no dejar constancia de una posible relación ni siquiera en una fotografía de grupo de partido.
Esta exclusión visible de los imputados, contrasta totalmente con el depósito de toda la confianza en los mismos a la hora de liderar unas listas en nombre del partido para llevarlo a las instituciones españolas. Esa confianza de la que suelen presumir por tenerla presente entre sus filas, también se ve infectada y tiene ramificaciones en la propia población a la que se gobierna.
¿Por qué rehuyen a la realización de material audiovisual donde se mezclen personalidades de la misma ideología, en un acto de partido, con personas que han sido imputadas por determinadas acciones en sus funciones políticas de representantes institucionales?
Uno de los motivos evidentes de este control máximo es el evitar cualquier morbo que esas fotografías o vídeos pueden suscitar entre la población y la propia oposición, incluso si finalmente uno de los imputados resultase culpable y condenado, ya que afectaría directamente a la imagen de unidad del partido. Es una estrategia de prevención por parte de sus responsables de comunicación, para que una única fotografía no suponga la punta del iceberg de una campaña de deslegitimación del gobierno en un futuro y afecte consecuentemente en un periodo electoral.
Pero esta manera de actuar invita a reflexionar sobre las futuras actividades o acciones que el partido en el gobierno puede llevar a cabo ante situaciones que pueden provocar la percepción negativa de sus personalidades. La manera de enfrentarse a situaciones de riesgo, ¿vendrán enmarcadas por actuaciones de control similares a la citada anteriormente?
Desde mi punto de vista creo que se empeñan en transmitir una imagen de cercanía y confianza con la sociedad con un enfoque equivocado, sin darse cuenta que con estas actitudes basadas en el control máximo y el evitar cualquier posible “enfermedad” futura, les dan la espalda no sólo a la persona imputada sino también a la población a la que representan, que entenderán sus acciones como puro teatro, muy lejos de la propia realidad que los españoles viven actualmente, donde finalmente se percibirán políticas de desconfianza y periferia
