Una democracia no se mide únicamente por la celebración de elecciones o por la existencia de instituciones. Una verdadera democracia se mide, sobre todo, por la fortaleza de su Estado de Derecho y por la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Precisamente por eso, los momentos más delicados para una sociedad son aquellos en los que personas con gran relevancia pública, poder político o influencia institucional se ven sometidas a investigaciones judiciales por presuntas actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.
España atraviesa uno de esos momentos
La reciente investigación judicial que afecta al expresidente del Gobierno ha provocado un enorme impacto político, institucional y social. Según el auto judicial conocido públicamente, el magistrado instructor sitúa al expresidente como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” destinada supuestamente a la obtención de beneficios económicos mediante intermediaciones y ejercicio de influencias ante organismos públicos en favor de terceros, especialmente relacionados con el poder político.
Desde Vamo España tenemos presente que toda persona investigada tiene derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y a un juicio justo. Y eso debe respetarse siempre, sin excepciones y sin sectarismos políticos.
Pero igualmente importante es comprender que la Justicia no puede temblar ni retroceder cuando investiga a personas poderosas. Al contrario: cuanto mayor haya sido la responsabilidad pública de alguien, mayor debe ser la exigencia ética y ejemplar.
Porque una sociedad sana necesita referentes morales y jurídicos claros.
Durante demasiados años, muchos ciudadanos han tenido la sensación de que existen dos categorías de personas: quienes cumplen las normas y quienes creen poder vivir por encima de ellas gracias a sus contactos, influencia o posición política. Esa percepción resulta devastadora para la convivencia democrática.
Por eso desde Vamos España respaldamos institucional y socialmente a jueces, fiscales y cuerpos investigadores cuando afrontan procedimientos complejos y de enorme presión mediática y política. La independencia judicial constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia moderna. Sin jueces valientes no existe libertad real, ni igualdad ante la ley, ni protección efectiva de los derechos ciudadanos.
La Justicia no debe actuar movida por venganza ni por revancha política. Debe actuar con serenidad, garantías y rigor. Pero también con firmeza.
Si finalmente los tribunales acreditaran responsabilidades penales, las resoluciones judiciales deberían ser ejemplares y ejemplarizantes. No únicamente para sancionar conductas presuntamente delictivas, sino para transmitir a toda la sociedad un mensaje claro: la mejor forma de vivir es respetando las leyes, los derechos humanos y la Constitución.
La ejemplaridad pública tiene un enorme valor pedagógico.
Cada ciudadano que trabaja honestamente, paga sus impuestos, cumple las normas y construye su vida conforme al marco legal merece saber que el Estado protege esa conducta responsable y no premia los abusos de poder ni las redes clientelares.
El verdadero progreso de un país no depende solamente de su economía o de sus infraestructuras. Depende también de la confianza que los ciudadanos tengan en sus instituciones. Y esa confianza solo puede existir cuando la Justicia demuestra que nadie está por encima de la ley.
- Ni un ciudadano anónimo.
- Ni un empresario influyente
- Ni un expresidente del Gobierno.
Defender la actuación independiente de los magistrados no significa condenar anticipadamente a nadie. Significa defender algo mucho más importante: el derecho de los españoles a vivir en un país donde las normas se cumplen, donde la corrupción no quede impune y donde el poder político no pueda convertirse jamás en un escudo frente a la ley.
Porque cuando la Justicia actúa con independencia, gana la democracia.
Y cuando la ley se aplica por igual a todos, gana España.
