La entrada del Tribunal Supremo en la controvertida regularización extraordinaria, abierta por el Gobierno este año, ha hecho que el carácter técnico e imparcial que siempre proyectan los órganos de justicia nos permita opinar abiertamente de esta medida migratoria sin que, por ello, acabes marcado por alguna pertenencia política muy concreta o te terminen catalogando como racista. En primer lugar, se debe matizar que el Tribunal Supremo de España no ha paralizado el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, pero ha abierto formalmente la puerta a suspenderlo al plantear la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Es indudable que nuestro país necesita mano de obra exterior —como matizan los sindicatos e, incluso, la patronal— para la asunción de un catálogo muy amplio de trabajos de difícil o imposible cobertura. Sin este tipo de trabajadores no tendríamos cafeterías ni establecimientos hoteleros abiertos; además, su aportación al PIB es importante, ya que puede situarse en cifras superiores al 14 % y con una proyección a largo plazo de más del 20 %.
Pero para valorar o ponderar la regularización actual no viene mal hacer memoria, porque el tema de las regularizaciones no es nuevo. Desde el año 1986 al año 2025 podemos contar seis procesos regulatorios masivos que abarcan un número aproximado de un millón doscientas cincuenta mil personas regularizadas, siendo el más extenso el realizado entre los años 2005 y 2006, cuando se tramitaron casi seiscientas mil regularizaciones. Y aquí no contabilizamos las más de ochenta y cuatro mil llegadas masivas a las costas de Andalucía entre los años 2017 y 2018, el proceso de protección temporal de ciudadanos ucranianos debido a la guerra —que comenzó en 2022 y alcanza en la actualidad los trescientos treinta y ocho mil asilados—, o las llegadas masivas en cayuco a Canarias entre 2023 y 2024, con ochenta y seis mil personas atendidas.
Bien, la actual regularización comenzaba con cifras oficiales de medio millón de personas, aunque algunas entidades como Funcas la elevaban a 840.000 según los datos recopilados por ellos. Otros hablábamos y calculábamos, por experiencia, basándonos en un elemento que no se podía obviar: el efecto llamada producido en regularizaciones anteriores. Todos sabíamos que la cifra total iba a superar el millón de personas, como así ha pasado; en concreto, un millón doscientas cincuenta mil extranjeros para regularizar. Esta cifra es interesante de analizar, ya que iguala en solo un año al volumen que se fue gestionando e integrando socialmente en España durante casi cuarenta años. La pregunta estriba ahora en si vamos a ser capaces de integrar, dar soluciones habitacionales y servicios públicos a este volumen tan desmesurado en una incorporación tan rápida.
Pero ahí no acaban de cerrarse los números. En la antigua legislación de extranjería, el proceso de incorporación del extranjero en España pasaba por unas etapas escalonadas: un permiso de residencia inicial, dos renovaciones de dos años y finalmente, después de cinco años, se llegaba al permiso de residencia permanente. El nuevo Reglamento de Extranjería que entró en vigor en mayo de 2025 realizó un cambio sustancial, pasando de las cuatro renovaciones para poder adquirir la residencia permanente a únicamente dos: la inicial y una de cuatro años. Esto significa que, en un periodo más corto de tiempo, los extranjeros pueden solicitar la reagrupación familiar, ya sea de cónyuge e hijos y, posteriormente, la de ascendientes, la cual, en el caso de la residencia permanente, es casi obligatoria si se cumplen las condiciones para ello.
Es aquí donde, en un periodo medio o corto de tiempo, no sabemos cuál va a ser el impacto demográfico en el censo español de personas reagrupadas —las que, en su mayoría, serán menores y clases pasivas—, ni tampoco cuál será la cifra de los regularizados que pasarán a engrosar las listas del paro. Teniendo en cuenta que en la actualidad representan el 14,1 % (336.781 de un total de 2,4 millones), por ese porcentaje podrían sumarse otros 60.000 nuevos parados.
Con una policía de inmigración (la Policía Nacional) que en esta competencia se ha quedado en una mera policía de documentación, al encontrarse inoperante en cuestión de expulsiones administrativas —ya sea por los vericuetos legales en los procesos administrativos de expulsión que lastran y anulan la mayoría de ellos, porque los países de origen en el Magreb o el África subsahariana no admiten a sus nacionales, o porque se alega el famoso arraigo en nuestro país para anular la expulsión (que, por cierto, con la nueva legislación ha pasado de tres a dos años de residencia)—, debemos observar con mucha atención nuestras posibilidades como Administración pública en general. Prácticamente, persona que entra en España, puede decirse que se queda, puesto que su salida no voluntaria es de muy difícil o imposible ejecución, aunque se trate de un delincuente multirreincidente.
Intentando incorporar las actuales teorías sociológicas sobre la capacidad de una sociedad para asimilar e integrar a población extranjera, y superadas las teorías de los años 90 que hablaban de porcentajes de entre el 8 % y el 10 %, los enfoques más actuales señalan que la saturación surge cuando se producen otros impactos. Estos son la falta de inversión estructural del Estado, el estrés del sistema (transporte, sanidad, escolarización, vivienda, etc.), la concentración residencial (creación de infraviviendas y barriadas mal equipadas que se transforman visual y comercialmente, el llamado clustering) y un factor denominado saturación psicológica —muy fijado en entes locales—, que aparece cuando la velocidad del cambio y la rapidez de la transición demográfica se producen en periodos de tiempo muy cortos.
La pregunta para acabar es la misma con la que empieza el título: ¿estamos, entonces, preparados para el día después? ¿Para absorber en transporte, viviendas, asistencia social y servicios públicos de todo tipo a un millón trescientas mil personas, más las incógnitas de las cifras posteriores por la reagrupación familiar?
