Guillermo Miró. Ingeniero Industrial.
Hola a todos. Esta semana seguiremos con el tema que dejamos la semana pasada, el del déficit de tarifa y la factura eléctrica. Espero que la primera parte no fuera demasiado densa, ya que aún nos queda un poco.
La semana pasada señalé con exclamación que el precio que se pagaba en la subasta era el mismo para todas las tecnologías. Como podéis imaginar, no cuesta lo mismo producir una unidad de energía en una central hidroeléctrica que en un parque eólico, incluyendo los costes de amortización. Un punto importante es que las empresas productoras de electricidad no ofrecen públicamente los datos de coste de producción energética según la tecnología, sino que por ley el precio de todas las energías viene determinado por el conseguido en la subasta, donde participan las mismas en ambos bandos. Esta afirmación da que pensar…
Rememorando, aún nos queda la última parte de la factura. El gobierno aplica en la factura una serie de costes regulados, o peajes, en los que se incluyen: a) las primas a las renovables, pero también a centrales de gas con cogeneración y de quema de residuos; b) gastos de transporte y distribución; c) sobrecostes del sistema eléctrico de las islas Baleares y Canarias; d) anualidades del déficit tarifario; e) subvenciones al carbón español y f) costes de la garantía de suministro de las centrales térmicas. Estos costes de garantía se pagan ya que estas deben estar disponibles para cubrir la demanda cuando dejan de producir las fuentes intermitentes como la eólica y la solar.
La cuota del déficit de tarifa es el otro tema que da que hablar. El déficit de tarifa, como decíamos la semana pasada, es la diferencia entre el importe que pagamos en la factura y el importe que se reconoce al mercado eléctrico, y que asume el estado. De manera similar a bonos del estado, las compañías eléctricas tienen una deuda del estado (recuerdo: 24.000.000.000€) que ha sido vendida a entidades financieras. Año a año, esta diferencia ha ido aumentando y se hace insostenible. Existen variadas opiniones sobre este tema: desde que su creación fue una maniobra política para mantener artificialmente el precio de la luz mientras los costes subían hasta que las renovables y las primas a su desarrollo son el gran causante del agravamiento de este déficit.
La realidad es que, según la normativa y legislación vigente, los españoles tenemos una deuda con el sector eléctrico. Es necesario atajarla de manera relativamente rápida, aunque me gustaría señalar que existen diferentes soluciones al pago religioso de la deuda, como una auditoría, independiente del estado y de las compañías, para cuantificarla realmente ya que parece que no es oro todo lo que reluce en el juego de la energía y tenemos derecho a saber qué pagamos.
Es un tema actual que suscita debate, en mi caso una discusión acalorada pero constructiva con algunos compañeros de carrera en Madrid recientemente. Así que quedan los comentarios abiertos para correcciones o sugerencias. Hasta la próxima semana.
