José Antonio Rodríguez. Asesor Fiscal.
Así es señoras y señores, la administración autonómica técnicamente en quiebra no tuvo más remedio que promulgar el pasado mes de agosto un decreto con el que se iniciaba el proceso por el que los usuarios de servicios de la Conselleria de Bienestar Social debían pagar una parte en función de los ingresos que obtienen.
Los grandes afectados por este copago son el colectivo de la tercera edad que viven en residencias y los discapacitados de todo tipo que son usuarios de residencias, centros de día, talleres ocupacionales...
Dado que el tema da bastante de si y para no abrumar en exceso he divido en dos partes el panorama que se nos ha planteado peculiarmente en nuestra Comunitat.
Lamentar que como está siendo habitual en las actuaciones por parte de la Generalitat en los últimos tiempos las medidas de recorte o disminución de prestación de servicios se están realizando con prisas, sin previsión de consecuencias ni consideración de los colectivos a los que se dirige y esto es cuanto menos lamentable.
Veamos que les va a ocurrir a los discapacitados, para lo que nos vamos a remontar a un par de años atrás. Los servicios se prestaban por entidades privadas sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones…) y como no por la administración en centros públicos.
En el caso de los de titularidad pública, como no podía ser de otro modo los usuarios no abonaban cantidad alguna, en cambio en los privados si que se ha abonado una cantidad complementaria por los usuarios o sus familias en función del grado de discapacidad y de las prestaciones recibidas y así poder ofrecer un catálogo de prestaciones digno .Para que nos resulte fácil , la plaza de un discapacitado psíquico con síndrome de down tiene un coste menor que la de un afectado por parálisis cerebral, un gran dependiente.
La administración había concertado una parte importante de los servicios con estas entidades que en nuestra provincia nos resultan tan familiares como Afanías, el Rinconet, Aspropace, Ateneo y otras más, y abonaba una cantidad en función de las plazas concertadas. Ante la situación de crisis económica, para el año 2013 se anularon todos los conciertos existentes y se procedió a funcionar con el sistema de subvención, jurídicamente inseguro y que no obliga a la Administración a casi nada, con una reducción en 2013 en torno al 10% con relación al año 2012.
Para el año 2014 se volverá a reducir en un porcentaje que a estas alturas no es conocido con exactitud, pero que se estima oscile nuevamente en otro 10%, pero aquí está la complicación. El importe total a abonar a las entidades que prestan los servicios y cuya cantidad está por concretar, lo van a recibir por un pago que realice la Generalitat y por la cantidad que aporten los usuarios, calculado en función de la pensión que cobran y las rentas y/o patrimonio de los que sean titulares.
En los centros públicos la Administración lo detraerá directamente de los pagos a efectuar a los usuarios, en cambio los centros privados deberán cobrar las cantidades estipuladas por la Administración asumiendo el riesgo de impago, además de una reducción importante en las cantidades asignadas, por lo que es obvio que la calidad va a disminuir si o si y confiemos en que no se vean abocados al famoso ‘Los lunes al sol’ y que les explico en la segunda parte la semana que viene.
