Moción por TV3 El Bloc e Iniciativa en la que se insta al Gobierno central a hacer todas las gestiones necesarias para regular la ley de televisión sin fronteras y garantizar las emisiones en la lengua propia en el conjunto del dominio lingüístico de TV3, RTVV i IB3TV.También insta al Consell a llegar a un acuerdo de reciprocidad con la Generalitat de Catalunya por las emisiones de TV3 y otros canales públicos catalanes , Canal 9 y el resto de canales públicos valencianos, para permitir la recepción en el conjunto del territorio valenciano y catalán. Se insta también al ente competente a estudiar y hacer posible la devolución de las cantidades económicas a Acció Cultural del País Valencià depositadas en multas.
El pleno ha aprobado, entre los asuntos de urgencia, el pago de un total de 1.748.000 euros en facturas a proveedores, de las que una buena parte pertenecen a una misma mercantil que presentó, a principios de 2012, unas facturas por un importe de 1,9 millones de euros por unos trabajos y servicios prestados al consistorio en los años 2008, 2009 y 2010.
Por otro lado, el pleno también ha aprobado el Reglamento de Participación, redactado y elaborado por el Consell de Participación Ciudadana. Según ha afirmado el concejal de Participación Ciudadana, Xavi Ochando: “Un documento que supone una hoja de ruta para seguir avanzando en el proceso de participación, mejorando y facilitando los canales de comunicación para alcanzar una mayor implicación de los vecinos en la gestión municipal así como la transparencia en los asuntos públicos locales”.
Otro de los puntos aprobados en la sesión ha sido la incorporación del Ayuntamiento de Vila-real en calidad de Patrono a la Fundación Pro-Monasterio y Basílica de Sant Pascual Baylón de Vila-real de la Comunidad Valenciana. Una Fundación de carácter cultural, educativo, social y religioso, y sin ánimo de lucro que, entre sus objetivos, fomentará las actividades culturales, educativas y sociales así como apoyar las obras del Monasterio y la Basílica de San Pascual; contará con una aportación de 5.000 euros.
Se creará además una Comisión Informativa Especial de Desahucios para prevenir las consecuencias derivadas de estos, integrada por nueve representantes: cuatro del PP, dos del PSPV-PSOE, un representante del Bloc, uno de Iniciativa y uno de Esquerra Unida. Y también ha quedado aprobada la propuesta del concejal de Recursos Humanos respecto a la no disponibilidad de créditos de la paga extraordinaria de los empleados públicos y paga adicional de complemento específico de diciembre de 2012 así como su reposición y la propuesta de alcaldía sobre el conocimiento de la renuncia al cargo del concejal del PP, Alfredo Sanz.
Demandas a la Generalitat y a la Diputación
La concejala de Servicios Sociales, Mònica Alvaro, ha planteado dos propuestas que han sido aprobadas. Por un lado, solicitar a la Generalitat Valenciana la financiación del programa del servicio de teleasistencia para que pueda suplir la parte del programa que ahora deja de prestar el IMSERSO y también insta a la Diputación de Castellón que asuma, tal y como ha hecho la Diputación de Alicante, el coste de este servicio en aquellas entidades locales menores que no tienen posibilidad de financiación por parte de los ayuntamientos. La edil también requiere a la institución provincial que acuerde con el ayuntamiento de Vila-real el servicio de teleasistencia de manera que se destine a la ciudad la parte proporcional según los usuarios y que no haga uso del servicio de teleayuda.
Otra de la propuestas aprobadas ha sido la presentada por el concejal de Juventud, Xavi Ochando, para que la Generalitat Valenciana modifique el artículo 18 del texto de la Ley de Hacienda Pública del Consell sobre la preinscripción de las obligaciones de la administración autonómica valenciana de manera que la Generalitat esté obligada a comunicar, con carácter imperativo y previo a 90 días naturales de antelación respecto al cumplimiento del plazo de preinscripción, a los acreedores legítimos el tiempo que queda para la prescripción y la forma en que pueden presentar una reclamación, ya que como ha recordado Ochando, “con la legislación actual, el derecho al reconocimiento, liquidación y pago de las obligaciones de la Generalitat prescribe a los cuatro años” . La propuesta también exige al Consell que establezca un calendario de pagos para abonar las ayudas a la vivienda que debe y evitar que caduquen “ya que, actualmente, hay muchos jóvenes que se encuentran afectados por los impagos de las ayudas de la vivienda”, según Ochando.
