vivienda

Las familias ondenses afectadas podrían llegar a pagar entre 200 y 400 euros más al mes o, incluso, perder la ayuda.

En la Comunitat Valenciana, la crisis también se ha hecho de notar, y la caída interanual se sitúa por encima de la media nacional, con un 9,2%.

La PAH alertaba en un comunicado de las gestiones que quedaba por resolver "para que cuente con las condiciones de habitabilidad requeridas".

Obiol se reúne con vecinos integrados en la plataforma para apoyarles en sus reivindicaciones y exigir a la Generalitat que pague su deuda.

En la actualidad el parque de viviendas de Castellón supera las 91.000 de las que más de 13.600 se encuentran desocupadas y más de 1.300 en manos de los bancos. La propuesta fue rechaza, no en base a la justicia o injusticia de esta petición, sino a la falta de reglamentos municipales que regularan la aplicación de estos impuestos.

La Diputación provincial ha realizado una reunión con alcaldes de municipios de más de 5.000 habitantes para consensuar y coordinar posibles soluciones.

El perfil de las familias que se benefician de este servicio es el de aquellas cuyos ingresos netos apenas alcanzan los 850 euros mensuales.

El ayuntamiento ha firmado un convenio con la UJI para realizar informes técnicos exhaustivos de las viviendas tradicionales.

Las personas que opten por esta iniciativa pagarán entre 150 y 400 euros por el alquiler y el precio no puede superar el 30% del salario mensual.

El precio oscilará entre 150 y 300 euros, sin que supere el límite del 30% de los ingresos de la unidad familiar.

El consistorio se adhiere al convenio de los ministerios de Economía, Sanidad y Fomento en el que están presentes la FEMP, ONGs, el Banco de España y 33 entidades de crédito.  

Tras los contactos con la FEMP, Casanova aprobará la adhesión el próximo lunes para que entre en vigor en marzo.

El alcalde, José Benlloch, presentará al pleno una propuesta para reivindicar la creación de un “plan serio” que garantice liquidez. 

La entidad bancaria cederá entre 250 y 300 viviendas y el precio máximo de alquiler no superará los 200 euros al mes.

A través del programa 'Pisos Solidaris', además, Isabel Bonig, consellera, ha cedido seis pisos a estudiantes de la UJI que realizan acciones sociales.

La Marjalería de Castellón vuelve a sentirse amenazada y afirma que se movilizará para defender sus viviendas, después de que Gecen pidiera al fiscal de Castellón que actuará contra los 700 expedientes abiertos en la zona. Las cinco asociaciones vecinales han sido respaldadas por el movimiento vecinal y el Consejo de Distrito, por el que han solicitado una reunión donde compadezcan todos los grupos políticos del consistorio castellonense.Ahora la población es estacionaria. Más de 5.000 viviendas reconocidas y 20.000 habitantes de los que más del 70% son residentes todo el año, porque les gusta esa forma de vida. La realidad de la zona no estaba recogida en los primeros planes urbanísticos.