Históricamente, los españoles hemos tenido fama de ser los mejores improvisadores del mundo ante cualquier adversidad. De ahí nace el popular refrán de que, con un alambre y unos alicates, no hay desaguisado que no podamos arreglar al instante. El ámbito de la seguridad no ha sido una excepción; durante décadas, respondimos a los problemas emergentes con una improvisación sumamente efectiva.
Si analizamos nuestro pasado democrático reciente, la puesta en marcha de la Constitución de 1978 requirió años de soluciones provisionales. Es innegable que el periodo inmediatamente posterior a su aprobación fue sumamente complejo para el Gobierno en materias como la seguridad ciudadana, el orden público y la convivencia cívica. Sin embargo, la reputación no se gana en balde. En medio de aquella difícil época, marcada por el terrorismo y las convulsiones políticas, España fue capaz de organizar con éxito el Mundial de Fútbol de 1982.
En aquel momento, la organización policial era deficiente. Faltaban cuatro años para la promulgación de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la relación entre las distintas instituciones policiales se caracterizaba más por la fricción que por la cooperación. A duras penas, la Policía Nacional transitaba desde la antigua Policía Armada —cambiando el uniforme gris por el marrón—, mientras el Cuerpo General de Policía se transformaba en el Cuerpo Superior de Policía y juraba su primera promoción constitucional. A pesar de estas carencias, y recurriendo de nuevo al metafórico alambre y los alicates, el Mundial fue un éxito rotundo en materia de seguridad.
Espoleado por este logro, el entonces alcalde de Barcelona propuso la candidatura de la ciudad al COI para albergar los Juegos Olímpicos de 1992, objetivo que se alcanzó el 17 de octubre de 1986. A partir de ese hito, la Policía española abandonó la cultura de la improvisación. Apoyada en la recién estrenada Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asumió uno de los mayores desafíos de su historia: la preparación de los XXV Juegos Olímpicos y los IX Juegos Paralímpicos, un reto que coincidió además con la Exposición Universal de Sevilla, cuya duración se extendió por seis meses.
Barcelona 92 y la Expo de Sevilla enseñaron a la Policía Nacional el verdadero valor de la planificación. Se diseñó el Plan Director de Seguridad de los Juegos Olímpicos, estructurado en diecisiete programas específicos y coordinado por la Comisión Superior de Seguridad Olímpica. Este modelo integró bajo una dirección pública centralizada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las policías autonómicas y locales, y a los mandos operativos. Asimismo, se implementaron avances cruciales como la formación intensiva de todos los participantes —incluidos los Voluntarios Olímpicos en labores de apoyo— y la realización de minuciosos simulacros preolímpicos.
La perfección del despliegue fue tal que Barcelona 92 fue calificada como la mejor olimpiada de la historia y su dispositivo de seguridad se consideró inigualable. De hecho, los organizadores de los certámenes olímpicos posteriores viajaron a España para estudiar al detalle sus programas y metodología. Tras estos hitos, la Policía Nacional dejó atrás las herramientas de la fortuna para convertirse en un referente internacional en la gestión de grandes acontecimientos.
En los últimos cuarenta años, España ha albergado con éxito eventos mundiales de la más diversa índole: visitas papales, bodas reales, la Cumbre del Banco Mundial, el Fórum Universal de las Culturas, cinco cumbres de jefes de Estado de la UE, finales de la Champions League, el World Pride, cumbres de la OTAN y la COP25, entre muchos otros.
Tampoco pueden olvidarse las intervenciones ante situaciones sobrevenidas por causas extraordinarias, tales como la pandemia del COVID-19, la final de la Copa Libertadores, la tormenta Filomena, la erupción del volcán de La Palma, la DANA de Valencia o los graves incendios forestales de los últimos años. Todos estos escenarios se gestionaron con notable eficacia, gracias tanto a la experiencia acumulada como a esa capacidad intrínseca de nuestra cultura para reaccionar con determinación ante la adversidad.
Es precisamente en este punto donde conviene detenerse a reflexionar. Desde mi perspectiva, las respuestas ante sucesos inesperados o catástrofes naturales se perciben cada vez más costosas, lentas o, mejor dicho, excesivamente graduales. Es indudable que estos fenómenos suelen ser repentinos, pero no por ello imprevistos. Por esta razón, deben contar con fórmulas de prevención plasmadas en protocolos de actuación para cada escenario posible.
No obstante, los procesos de protocolización actuales se están convirtiendo en tratados complejos, más propios de ingenieros de la NASA que de la gestión operativa. En su lugar, se necesitan guiones cortos, con instrucciones claras, fáciles de recordar y de rápida ejecución.
Al profundizar en las causas de este fenómeno, podemos identificar tres factores determinantes:
La percepción del tiempo por parte de la ciudadanía: El siglo XXI avanza a una velocidad vertiginosa; el presente parece quedar obsoleto de inmediato. Esto genera una exigencia social de previsión absoluta, una demanda casi de adivinar el futuro. Aunque la ciencia permite anticipar fenómenos como temporales de nieve, lluvias torrenciales o erupciones volcánicas, el ser humano aún no domina la naturaleza ni posee la tecnología para precisar con exactitud matemática el momento y el lugar del impacto. Por ello, el esfuerzo principal debe centrarse en diseñar protocolos ágiles y escalonados según la gravedad, que puedan aplicarse de forma preventiva para minimizar los daños.
La rigidez y burocratización de la logística: El soporte logístico para los servicios de emergencia y seguridad es hoy mucho más estricto y regulado. Las exigencias actuales impiden recurrir a las condiciones precarias de alojamiento o alimentación de antaño. Ahora se garantizan periodos de descanso rigurosos y se aplican normativas estrictas de prevención de riesgos laborales. Esta evolución necesaria invalida las antiguas logísticas de campaña improvisadas, exigiendo la asignación de presupuestos significativos, medios técnicos avanzados y un mayor volumen de efectivos para cubrir los relevos.
Las expectativas sociales ante los servicios públicos y la complejidad territorial: Existe la creencia generalizada de que los recursos públicos son ilimitados y capaces de cubrir cualquier contingencia. Esto contrasta con un modelo territorial donde la dispersión de competencias dificulta la coordinación y reduce la agilidad ante crisis mayores. Como se ha señalado en otras ocasiones, los recursos son finitos y la colaboración ciudadana resulta indispensable en el caso de las catástrofes naturales. Sin embargo, esta premisa no es trasladable a la seguridad ciudadana. Si el Estado no aporta los medios necesarios para garantizar la paz pública y el orden social, se corre el riesgo de que surjan patrullas vecinales o intentos de tomar la justicia por mano propia, derivando en escenarios sumamente peligrosos.
