Antonia García Valls. Portavoz del PSPV en el ayuntamiento de la Vall d'Uixó.
Los ayuntamientos democráticos han servido para que la ciudadanía se reencontrara con su Administración como prestadora de servicios, como solucionadora de sus problemas, después de demasiados años actuando como comisaria del Estado franquista, que imponía su “ley” a tod@s y donde el “interés general” era un concepto abstracto.
Han servido, desde las primeras elecciones municipales, para normalizar esa relación administración/ciudadan@, para mejorar los servicios públicos básicos, para aproximarlos a las personas, para implementar el estado del bienestar.
No cabe duda del esfuerzo, desde todas las administraciones, en unas ocasiones más que en otras; pero hay que reivindicar el papel y la importancia de los ayuntamientos en la construcción de los pueblos y de las ciudades y en la dotación de contenido al concepto de ciudadan@.
A esto también ha contribuido la consolidación de las Comunidades Autónomas, que eran y son (aunque aquí no ejerzan) las competentes en las materias que determinan el día a día de las personas: sanidad, educación, servicios sociales, cultura, agricultura, políticas de empleo… y el Ayuntamiento, en muchos casos, complementaba y mejoraba la prestación de estos servicios públicos básicos.
Pero en estos momentos, todo eso está en peligro. En primer lugar, porque tenemos un Govern de la Generalitat irresponsable e incompetente, más preocupado y ocupado en la imagen, asesoramiento y liderazgo de Fabra, que en los problemas de la gente. Una administración autonómica que ha gestionado de manera nefasta los recursos de l@s valencian@s y que ha llevado al borde del abismo los derechos de las personas a sus servicios públicos básicos en condiciones de igualdad, proximidad, gratuidad y calidad.
Ante esta irresponsabilidad e incompetencia, los ayuntamientos deben asumir la prestación de algunos de esos servicios básicos, porque se lo deben a su gente, a sus vecin@s, porque su obligación es satisfacer las necesidades de las personas; poniendo a las personas por delante de las competencias.
Pues parece que esto no le gusta al PP. No le gusta que los ayuntamientos presten estos servicios; no le gusta al PP que la ciudadanía pueda encontrar respuesta y soluciones en su administración más cercana; no le gusta al PP que la ciudadanía pueda exigir a aquell@s a los que elige directamente, a sus representantes municipales.
Y como todo esto no le gusta al PP, se ha sacado de la manga un proyecto de ley de Reforma de la administración local (de racionalización dicen, para no decir de recorte), que supone un atentado claro a la autonomía local y a los servicios públicos que prestan los ayuntamientos a sus vecin@s. Se traslada la competencia a las Diputaciones, administración más alejada de la gente, cuyos diputados no se eligen directamente y se propugna la eficiencia económica por encima de la satisfacción de las necesidades de las personas.
El PP pretende una reforma que hará que seamos cada vez menos Estado social y menos Estado democrático. Un claro atentado a nuestra Carta Magna.
