Santiago Beltrán. Abogado.
Los grupos parlamentarios valencianos, sin exclusión de ninguno, tienen en su poder desde el jueves pasado, día 3 de octubre de 2013, la propuesta de ley de modificación de la ley de caza valenciana, que en caso de ser aprobada deberá permitir que la Conselleria de Medio Ambiente pueda conceder para el año próximo, autorizaciones excepcionales a las cazadores de túrdidos, mediante el uso de la liga, pero siempre de forma individual y controlada, para la captura en vivo de dichas especies, en pequeñas cantidades y de forma selectiva.
Lo fundamental de dicha proposición reside en que las citadas autorizaciones administrativas solo se concederán si el solicitante acredita una formación en el manejo de las aves, en su limpieza, anillamiento y suelta, y dichos conocimientos estén avalados y garantizados por una asociación cinegética.
Se trata de equiparar el caso del ‘parany’ español al modelo francés, que viene reconocido desde la orden ministerial del 17 de agosto de 1989 y posteriormente modificada por la ley nº 2005-157, de 24 de febrero de 2005, donde el uso de la liga (‘gluaux’ en francés) está reconocida por la legalidad vigente de dicho país y por la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 27 de abril de 1988, en el conocido caso Comisión contra la República de Francia, C-252/85, la cual dio la razón al país vecino y a los cazadores de este método denominado ‘cabane’ (‘parany’ en España).
Con esta nueva normativa, caso de ser aprobada por el Parlamento valenciano, se salvan los obstáculos legales y constitucionales que la anterior ley de reforma planteaba y que el Tribunal Constitucional anuló al considerar que invadía competencias estatales. Ahora no hay ninguna mención al ‘parany’ ni a la liga, y además se cuentan con estudios científicos recientes que la anterior sentencia no pudo tener en cuenta en 2010, cuando se presentó el recurso de inconstitucionalidad. Por supuesto, que solo podrán concederse dichas autorizaciones con el conocimiento y consentimiento del Ministerio de Medio Ambiente y al amparo del respeto absoluto a la Ley estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
La caza de otoño del tordo en su migración hacia las tierras del sur podrá ser una realidad el año próximo. Pero sus practicantes han de cambiar radicalmente su forma de realizar dicha caza, y ajustarse a una normativa absolutamente restrictiva que se dictará en su momento, y que solo permitirá ejercerla a quienes hagan las capturas en vivo, para su uso como reclamo en otras modalidades de caza permitidas o para concursos de canto, en pequeñas cantidades (como mucho el uno por ciento de la mortalidad natural de las especies de túrdidos autorizables) y de un modo selectivo.
Esto significa sin duda que una gran mayoría de las instalaciones cinegéticas actuales no podrán ser utilizadas, que el número de capturas diarias y por temporada se reducirán drásticamente, que se limitará el horario de captura de forma significativa, que la presencia permanente del cazador en la instalación mientras esté activa sea obligada, el rechazo absoluto a la utilización de reclamos electrónicos o a cualquier otro no permitido, que solo se podrá autorizar el uso de sustancias adhesivas y disolventes sostenibles y no perjudiciales, y que la formación educativa previa del cazador sea esencial, para permitir con garantías la liberación de las aves capturadas, su supervivencia y reintegración al medio natural, tanto de las especies que no son objetivo como incluso de las objetivo que superen el número máximo de capturas diarias o por temporada. En definitiva, el cumplimiento de una exquisita praxis predadora.
Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos, y aunque parezca una contradicción ‘in terminis’ que la salvación del ‘parany’ pasa necesariamente por el sacrificio de muchos ‘paranyers’ y de muchas instalaciones, pero el respeto al medio ambiente, a la biodiversidad, al patrimonio natural y a la flora y fauna en general obligan a ello.
El ‘parany’ ha muerto, viva el ‘parany’.
