Santiago Beltrán. Abogado.
¡Que poco hemos avanzado! Estamos igual que en 1840, cuando Pierre-Joseph Proudhon, publicó su obra '¿Qué es la propiedad?', y llego a la brillante conclusión de que era un robo, oponiéndose con vehemencia a que la tenencia de la tierra desocupada y baldía fuera una forma legítima de propiedad.
Casi dos siglos después, en Andalucía, determinados dirigentes políticos instalados en el establishment del poder desde que existe memoria democrática, han plagiado al filósofo anarquista francés, y han determinado, sin encomendarse a Dios o al demonio, que determinadas formas de propiedad, las que titularizan los agentes del mal (entidades financieras, de crédito e inmobiliarias), son un robo, por tanto ilegítimas, y consecuentemente hay que expropiarlas, para entregárselas a los pobres. Ah!, y sancionarles hasta 9000 euros si incumplen el fin social de dicha propiedad, que al parecer es ocuparlas por encima de cualquier otra circunstancia.
Es curioso que para fundamentar tan 'altruista' medida, Valderas, Cortés y Griñán, hayan tenido que recurrir a una legislación franquista, como es la de expropiación forzosa, aunque si lo piensas bien, no es tan extraño, cuando Chaves, Morales, Fernández de Kirchner y compañía, todos tan demócratas, utilizan la confiscación de bienes ajenos prácticamente a diario, con la extraordinaria excusa del 'interés general'.
Lo cierto es que los socialcomunistas del sur han aplicado con su habitual maestría, el principio de igualdad de todos los españoles, y por ello han excluido de la ocupación temporal de viviendas, las que son de titularidad de la propia Junta, que al ser públicas no son un robo, y los que desahucia la 'robinhoodiana' Consejera de Vivienda comunista, ni son de interés general, ni tan siquiera ciudadanos.
Al final de todo este desaguisado, populista y bananero, deberemos preguntarnos si realmente el interés que el decreto aprobado defiende es el particular de las familias desprotegidas, o el de las mismas entidades expropiadas. Porque claro, resulta que los espabilados gobernantes de la coalición boliviarana de la bética y la penibética, con la obligada ocupación temporal de las viviendas vacías, se están convirtiendo en socios improvisados del negocio de Bancos e inmobiliarias, ayudándoles a colocar sus productos, garantizándoles un alquiler por tres años, con posibilidades de prórroga forzosa y a mayor generosidad, les pagan un 2% anual del valor del justiprecio de los pisos, que debe ser, ya que se trata de inmuebles con hipotecas, el de la sobrevalorada tasación que sirvió para conceder el préstamo que garantizaban. Si ello no es suficiente, la Junta les satisface el justiprecio por anticipado, les costea los gastos del desahucio tras expirar el plazo contractual y se hace cargo de los desperfectos. De este modo, las entidades de créditos pueden ir limpiando balances a costa de nuestros impuestos y las inmobiliarias van colocando alquileres mientras se acaba la crisis, que están sufriendo mucho y no es el caso.
A fuerza de imitar a Proudhon, se han olvidado estos progres de salón, que para el 'anarco gabacho' también era un latrocinio el interés de los préstamos y la renta de los arrendamientos. Pero este ya es un tema distinto, y la inteligencia de algunos no da para tanto análisis y disquisición.
