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jueves, 25 de abril de 2024 | Última actualización: 16:19

Bonig se reúne con Cecoval, Anged, Covaco y Asucova

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La presidenta del PPCV se entrevista con con el tejido comercial de la Comunitat para abordar los horarios, los impuestos y la venta ilegal

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Castellón-comerciosLa presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha mantenido hoy una reunión con el tejido comercial de la Comunitat Valenciana para abordar las "incoherencias" del Consell en la gestión de los horarios comerciales, así como las consecuencias de la subida de impuestos y la falta de políticas para luchar contra la venta ilegal.

Así, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig ha mantenido una reunión con la Presidenta de la Confederación Empresarial del Comercio Valenciano (CECOVAL), Isabel Cosme; el responsable de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), Carlos Alfonso; el Presidente de la Confederación de Comerciantes y Autónomos de la Comunidad Valenciana (COVACO), Cipriano Cortés y el director de Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana, (ASUCOVA), Pedro Reig para valorar la situación actual del sector y debatir sobre los retos a los que se enfrenta el comercio valenciano.

Todos los presentes han coincidido en destacar que el comercio de una Comunidad como la valenciana requiere de certidumbre y seguridad jurídica y han señalado que hay retos a los que hacer frente y que requieren la atención de la Administración como son los horarios y la apertura de festivos, un tema que requiere de un mensaje claro para evitar los efectos negativos que esta situación puede provocar.

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Bonig ha abordado con los responsables comerciales las consecuencias que sobre el sector tienen las decisiones adoptadas por PSPV y Compromís como la falta de medidas para atajar la venta ilegal que se produce en ciudades donde gobiernan, como es el caso de Valencia y Alicante o la subida de impuestos a la que se está sometiendo al comercio valenciano en zonas que, como en Valencia, supuso la aprobación de un tipo de gravamen diferenciado en el IBI para inmuebles con determinados usos (comercial, industrial, almacén y oficinas) que se tradujo en una recaudación adicional de 10,7 millones de euros para el Ayuntamiento y, que en su mayor parte recayó sobre el sector comercial.