No hay nada más hipnótico que quedarse contemplando cómo arde una gran hoguera. Sin embargo, esta vez el fuego no evoca el embrujo festivo de las noches del solsticio de verano. Es, más bien, una mirada perturbadora hacia el espectáculo de ver cómo nuestras propiedades —tanto públicas como privadas— arden de forma descontrolada en las vías públicas.
Barcelona, con su arraigada tradición sanjuanera y su histórico hermanamiento con el fuego, no puede pretender que lo ocurrido recientemente ponga en jaque la estructura urbana o la mismísima civilización occidental. La ciudad arrastra un antiquísimo historial de convertir sus calles en campos de batalla. Sus viales, plazas y ramblas ya se llenaron en el pasado de desórdenes y barricadas, ganándose a principios del siglo XX el sobrenombre de "la rosa de fuego". En el siglo actual, los episodios de pillaje y sublevación popular han seguido marcando la agenda. Basta recordar la cancelación de la Conferencia Anual del Banco Mundial en 2001, el blindaje de la Cumbre de Jefes de Estado de la UE en 2002, o los graves disturbios derivados del Procés en 2019, que abrieron los informativos de medio mundo. Tampoco podemos olvidar los desmanes en los comercios de Canaletas, convertidos ya en un sombrío ritual, desde hace muchos años, cada vez que el FC Barcelona celebra un título importante.
Por eso, los lamentos que se han escuchado estos días dictaminando que "estamos perdidos" o que caminamos hacia la autodestrucción no son más que un síntoma de amnesia colectiva. Es la consecuencia directa de un ritmo informativo despiadado, donde una noticia sepulta a la anterior de un día para otro.
Cuando nos preguntamos cuál es el origen último de esta destrucción sin sentido y de este festín de saqueos —más allá de su evidente componente publicitario y del contagio mimético amplificado por las redes sociales—, debemos apuntar al corazón del sistema. Nuestro modelo europeo de libertades, caracterizado por una exacerbación de los derechos individuales frente a las obligaciones ciudadanas, y aderezado con un generoso Estado del bienestar, no está siendo bien interpretado. No lo entienden quienes nacen dentro del sistema, ni tampoco quienes se incorporan a él desde países con regímenes autoritarios. Nuestra democracia es tan garantista que, por momentos, confunde la libertad con la permisividad y el desenfreno.
Como resultado, se ha perdido el miedo al castigo y a las consecuencias del delito. Esto se hace especialmente evidente en el ámbito de la justicia penal del menor, donde la delgada línea de la inimputabilidad o la falta de un modelo punitivo preventivo y ejemplarizante terminan por diluir la responsabilidad. Así, la violencia gratuita contra las personas y los bienes públicos se transforma en una forma de ocio, un jolgorio impune que los propios infractores publican sin rubor en sus perfiles digitales.
Llegados a este punto, resulta ingenuo justificar estos actos bajo el paraguas de la frustración, el desencanto o la falta de expectativas de las nuevas generaciones. Reflexionemos: ¿cuándo ha sido fácil para una generación abrirse paso? El pasado está lleno de guerras, insurrecciones, subdesarrollo, transiciones políticas convulsas y desempleo desbocado. A cada juventud le ha parecido titánico el reto de su época. Paradójicamente, las generaciones actuales disfrutan del mayor acceso a bienes, servicios y riqueza de nuestra historia, a pesar de las dudas legítimas que les depare el futuro.
Esas incertidumbres no deben canalizarse a través de la violencia, sino mediante la resiliencia: la capacidad para encajar la adversidad y de aceptar el "no" como el adverbio de negación que es en la vida cotidiana. Se necesita fuerza, empuje, una formación adecuada a los tiempos y, sobre todo, el aprendizaje de los valores y principios que parecen estar borrándose de los libros de historia.
Para sostener todo esto, se vuelve imprescindible un compendio de leyes y normas que se ejecuten de forma rápida y efectiva. El mensaje para la sociedad debe ser nítido: infringir las normas acarrea consecuencias y el delito va aparejado al castigo. Quien delinca, sea menor o no, debe pagar por ello. Solo desde esa firmeza y certidumbre legal se puede garantizar el derecho a la reeducación, la resocialización y la reinserción social que impera y da sentido a nuestro Estado de derecho.
