Hoy es el Día Mundial del Agua. Y el lema elegido para este año, “donde fluye el agua, crece la igualdad”, es paradigma de una sociedad justa en la que los recursos se reparten con criterios de equidad y objetividad. Y de todos ellos, el agua es uno de los más importantes. Por eso, en este Día Mundial del Agua, hay que tomar partido: a favor o en contra de quienes más saben y aman el agua, los regantes.
La gestión del agua debe ser un asunto de rigor técnico, fundamentado en datos y necesidades reales. En cambio, en los últimos años, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha tomado decisiones que afectan a miles de agricultores con argumentos sectarios e ideológicos sin el más mínimo rigor científico ni moral.
El caso más evidente es el Trasvase Tajo-Segura que ha sufrido, desde junio de 2018, un total de 32 recortes de hectómetros cúbicos por razones arbitrarias e ideológicas: reducciones sucesivas e injustificadas que encarecen el agua, dañan la competitividad agrícola y ponen en peligro el futuro de 100.000 familias enteras cuyo sustento depende del trasvase.
Y lo que es peor, a partir de 2027, se aumentan los caudales ecológicos del Tajo de forma que se reducirá en 105 hectómetros cúbicos anuales la transferencia, a pesar de que cada hectómetro cúbico que se reduce del trasvase supone una pérdida de 10 millones de euros de Valor Añadido Bruto.
Y tan malo es lo que se recorta como lo que se pretende financiar. Mientras se frena en España la interconexión de cuencas o la reutilización de aguas, el Gobierno central anuncia que ayudará a Marruecos a modernizar sus desaladoras, trasvases y sistemas de reutilización: exactamente todo lo que aquí no vale o no se hace se impulsa para un competidor directo.
Encima, la modernización de los riegos marroquíes se financiará con dinero español también pagado por los regantes con sus impuestos. Es decir, se va a subvencionar a los directos competidores de nuestro campo mientras nuestros regantes deben seguir trabajando con mayor regulación por parte de la Unión Europea y más incertidumbre.
La injusticia alcanza su máxima expresión en Alicante. En esta provincia tenemos actuaciones declaradas de interés general del Estado paralizadas por el Gobierno. El ejemplo más sangrante es el del Vertido Cero en la Bahía de Alicante, un proyecto esencial para la mejora ambiental –lo cual favorece el turismo– y, que al mismo tiempo, aumentaría la disponibilidad de agua depurada para los regantes del Bajo Vinalopó.
Mientras la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante han cumplido con su parte –previendo una inversión aproximada de 25 millones de euros–, el Gobierno de Pedro Sánchez– al no cumplir con la suya– nos ha hecho perder más de 140 millones de euros de fondos Next Generation de la Unión Europea que podían haber servido para ejecutar todo el proyecto valorado en más de 350 millones. Un agravio más contra los intereses de la Comunitat Valenciana que, como president de la Generalitat, debo denunciar.
Frente a este escenario, la Generalitat ha hecho lo que le corresponde: hacer. En el postrasvase Júcar-Vinalopó, todas las infraestructuras previstas en la margen derecha están finalizadas y la fase II de la margen izquierda se completará este verano. Además, se han redactado los proyectos para ampliar la conducción entre Villena y la balsa del Toscar, así como la remodelación del embalse del mismo nombre.
Y aquí también, el Gobierno sigue sin hacer su parte en proyectos vitales como el Embalse de San Diego. Un embalse que, según expresó el Gobierno en una respuesta parlamentaria de enero de 2024, no necesita una reparación urgente a pesar de que pone en riesgo la viabilidad del trasvase Júcar-Vinalopó. De igual modo, tampoco se han instalado las placas fotovoltaicas que abaratarían la factura energética que deben asumir los regantes.
Por el contrario, la Generalitat sí avanza en proyectos estratégicos como la EDAR de Algorós de Elche –con una inversión de 82 millones de euros–, la nueva desaladora en Benidorm, las infraestructuras de depuración en Torrevieja y Orihuela Costa y actuaciones de prevención de inundaciones en la Vega Baja.
Por todo ello, las reclamaciones de los regantes –que asume la Generalitat– son tan sensatas como evidentes. Necesitamos un Plan Nacional del Agua que articule una red solidaria de cuencas; también necesitamos la ejecución inmediata de las obras declaradas de interés general en Alicante, así como una cláusula de prioridad nacional en inversiones hídricas y la constitución de una mesa técnica estatal –con participación de comunidades autónomas y regantes– que trace una hoja de ruta realista para el periodo 2026–2030.
La Comunitat Valenciana está haciendo lo correcto. Sólo nosotros reutilizamos para riego más del 40% del agua residual de toda España y el 74% de nuestra superficie de regadío está modernizada con técnicas de máxima eficiencia hídrica y energética. Es un logro colectivo que refleja una cultura del agua que no improvisa: se planifica, se innova y se ejecuta.
Este año, además, la Conselleria de Agricultura lanza una nueva convocatoria de ayudas para mejorar instalaciones de riego y eficiencia energética, movilizando más de 20 millones en inversiones destinadas a comunidades de regantes. De esta forma, se conseguirá que al final de legislatura se hayan modernizado 10.000 hectáreas adicionales.
Pero ninguna política hídrica es posible sin sus protagonistas: los regantes. Los logros no son de la Administración: son suyos. Son ellos quienes mantienen la agricultura menos subvencionada de Europa y más rentable. Son ellos quienes han demostrado que el agua, cuando fluye, cuando se gestiona con inteligencia y responsabilidad, multiplica oportunidades y hace crecer la igualdad, la prosperidad y el futuro.
Y por eso vamos a estar, siempre, al lado de los regantes. Es de justicia.
