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Del presupuesto a la financiación universitaria Del presupuesto a la financiación universitaria

- 19 noviembre, 2021 -

Eva Alcón Soler. Rectora de la Universitat Jaume I Como sabrán, el proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2022 inició el pasado... Del presupuesto a la financiación universitaria

Eva Alcón Soler. Rectora de la Universitat Jaume I

Como sabrán, el proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2022 inició el pasado 27 de octubre la tramitación parlamentaria que culminará con su aprobación, previsiblemente, a finales de diciembre. Unas cuentas que dibujan un escenario presupuestario para la UJI más estable que hace solo un año y, sobre todo, más ajustado al gasto real de la Universitat.

El presupuesto de la UJI se sustenta sobre dos grandes vías de ingresos: los ingresos genéricos (transferencias corrientes -transferencia ordinaria, anualidad de la deuda histórica, recuperación parcial del CNEA y otras compensaciones-; ingresos patrimoniales, tasas y otros ingresos), que en estos momentos ascienden a 108,5 millones de euros; y los ingresos finalistas (proyectos de investigación, contratos con empresas, etc.), que suman otros 17 millones de financiación específica.

Es una buena noticia el incremento del 2% de la transferencia ordinaria de la Generalitat, la principal vía de financiación de las universidades públicas; la inclusión de la anualidad de deuda histórica, así como la consolidación de unos ingresos para compensar parcialmente el crecimiento de retribuciones por normativa estatal y autonómica (CNEA), que dan el margen presupuestario necesario para financiar la actividad ordinaria de la UJI. Con la dotación de estas partidas, más el compromiso de complementar los recursos necesarios en el caso de la anualidad de deuda histórica, que aparece consignada por una cantidad inferior a la que se deriva del convenio, la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital ha recogido parte de las reivindicaciones universitarias en el proyecto de presupuestos para 2022.

Además, debo reconocer que la Generalitat ha sido especialmente sensible a la hora de financiar inversiones en el campus de Riu Sec. Así, contaremos con una inversión de 4,5 millones para culminar las obras de la Facultad de Ciencias de la Salud; una partida inicial de 1 millón de euros para el futuro Centro de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales y una cantidad cercana también al millón de euros del Plan de Rehabilitación de Edificios Públicos para mejorar la eficiencia energética de algunos edificios y ampliar las instalaciones fotovoltaicas. Además, se ha activado un plan de infraestructuras para I+D+i que permitirá cofinanciar con fondos FEDER un nuevo edificio de investigación.

Como decía, este escenario presupuestario es más positivo que el de hace un año, pese a que mantiene algunas líneas de gasto estructural infrafinanciadas, pero que se compensarán con partidas adicionales ahora no presupuestadas. Sin embargo, valorar el corto plazo no significa olvidar, ni tan siquiera matizar, la reivindicación histórica de una financiación estable, suficiente y sostenida del sistema universitario público valenciano. En otras palabras, lo urgente no debe desviarnos de lo importante.

Tenemos el compromiso del president de la Generalitat, Ximo Puig, y de la consellera Carolina Pascual que el nuevo modelo de financiación universitaria se aplicará en el curso 2022-2023. Después de más de una década sin plan de financiación universitaria, nos quedamos sin margen de maniobra. Para que se hagan una idea: desde 2015, el pago de la denominada deuda histórica sostiene el gasto estructural de las universidades. Pero este 2022 finaliza el calendario de pago de estas anualidades que están sufragando salarios y gasto corriente.

Por ello, en la UJI necesitamos que el nuevo modelo aporte una financiación superior a la suma de la transferencia ordinaria actual, la partida para compensar las obligaciones derivadas de normativa estatal y autonómica (CNEA) y la deuda histórica en su última anualidad, aparte de la compensación por reducciones de matrícula. Financiación que ha de permitir, junto al marco legislativo adecuado, la estabilización de plantillas, reducción de la temporalidad del personal, adaptación y renovación de titulaciones, mejora de equipamientos, sostenibilidad del campus, entre otras.

Urge, por tanto, pasar del presupuesto a la financiación universitaria. Del corto plazo a un modelo plurianual, adaptado a la realidad de las universidades, con fórmulas de evolución que aseguren la sostenibilidad de los centros públicos de formación superior y que fije recursos adicionales por objetivos y resultados con criterios de calidad, productividad y territorio. Solo así podremos planificar y ejecutar estrategias y políticas universitarias para responder a la exigencia social de una universidad pública de calidad.

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