La Unió exige a Aldi y Lidl retirar sus ofertas de naranjas a 0,95 euros el kilo y pide investigar los precios en origen

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La organización agraria solicita a la AICA y a la Conselleria de Agricultura que inspeccionen los contratos y pagos a los productores para comprobar si las promociones cumplen la Ley de la Cadena Alimentaria

La Unió Llauradora ha exigido a las cadenas de supermercados Aldi y Lidl que retiren sus promociones de naranjas a 0,95 euros el kilo anunciadas para esta semana, al considerar que estas ofertas devalúan la producción citrícola y pueden incrementar la presión sobre los precios que perciben los agricultores. La organización agraria ha solicitado formalmente una investigación para determinar cuánto se ha pagado a los productores y comprobar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

La petición se ha presentado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y la Conselleria de Agricultura, a las que La Unió reclama que investiguen las condiciones de compra de las naranjas incluidas en las promociones, los precios efectivamente abonados y las posibles repercusiones de los descuentos sobre los distintos eslabones de la cadena comercial.

Las dos cadenas anuncian ofertas con el mismo precio final, aunque con diferentes formatos y porcentajes de descuento. Aldi comercializa naranjas Navelina de categoría I y origen España en envases de cuatro kilogramos, con una rebaja del 21%, mientras que Lidl ofrece naranjas de categoría I y origen España en mallas de dos kilogramos, con un descuento del 36%. En ambos casos, el precio anunciado es de 0,95 euros por kilogramo.

La Unió reclama conocer quién asume el coste de los descuentos

La organización agraria considera que la coincidencia de estas promociones justifica una actuación inspectora rápida para esclarecer cómo se han formado los precios y determinar quién soporta económicamente las rebajas.

La Unió advierte de que utilizar las naranjas como producto reclamo para atraer compradores puede generar referencias de precios artificialmente bajas y aumentar la presión sobre agricultores y operadores comerciales.

El secretario general de La Unió, Carles Peris, exige explicaciones a ambas cadenas de distribución.

"Aldi y Lidl deben explicar quién paga estas rebajas. Detrás de cada kilo de naranjas hay meses de trabajo, inversiones y gastos que el agricultor tiene que afrontar. El campo no puede convertirse en la variable de ajuste de las campañas comerciales de dos grandes cadenas", señala Peris.

Los costes de producción del naranjo superan los 11.400 euros por hectárea con recolección, según la actualización de La Unió

La organización fundamenta su petición en los costes que deben asumir los productores citrícolas y recuerda las referencias elaboradas por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) para la campaña 2019/2020.

Aquellos estudios situaban los costes del cultivo del naranjo en la Comunitat Valenciana en 6.004 euros por hectárea sin incluir la recolección y 8.935 euros por hectárea con ella.

Según La Unió, una actualización de estas cantidades mediante el IPC general elevaría los importes aproximadamente a 7.690 euros por hectárea sin recolección y 11.440 euros con ella.

Costes por hectárea del cultivo del naranjo

Concepto2019/20 (IVIA)Actualización IPC (LA UNIÓ)
Sin recolección6.004 €7.690 €
Con recolección8.935 €11.440 €

La actualización mediante el IPC es una estimación de La Unió, no un nuevo estudio de costes del IVIA.

La entidad señala que estas cifras no incluyen determinados conceptos, como la renta de la tierra, los seguros agrarios o los intereses de los capitales propios.

Además, recuerda que al coste de producir y recolectar las naranjas deben sumarse los gastos de transporte, selección, manipulación, envasado, distribución y las mermas que se producen hasta que la fruta llega al consumidor.

Por este motivo, reclama que la investigación reconstruya documentalmente la formación del precio final y determine si la remuneración de los productores permite cubrir los costes efectivos de sus explotaciones.

Inspección de contratos, facturas y liquidaciones

La Unió solicita que las inspecciones de la AICA y de la Conselleria de Agricultura incluyan una revisión de los contratos de compraventa, las facturas, las liquidaciones y los justificantes de pago.

También pide examinar las aportaciones promocionales, los descuentos aplicados posteriormente y cualquier otra condición comercial que pueda reducir el importe finalmente percibido por los proveedores.

El objetivo es determinar si las rebajas anunciadas por Aldi y Lidl se trasladan a los primeros eslabones de la cadena alimentaria y si se han producido incumplimientos de la normativa que deban ser sancionados.

"Destacar el origen España en un folleto debe ir acompañado de unas condiciones de compra que permitan seguir produciendo aquí. El compromiso con nuestros agricultores se demuestra con los precios que se les pagan", afirma Carles Peris.

La organización recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria establece obligaciones relacionadas con los costes de producción del operador anterior y con la distribución del riesgo empresarial derivado de las políticas comerciales.

Por ello, exige que estas condiciones también se comprueben en las promociones asociadas a aplicaciones móviles y programas de fidelización de los supermercados.

Controles de oficio sobre las promociones de productos agrícolas

Además de la investigación sobre las ofertas de Aldi y Lidl, La Unió reclama al Ministerio de Agricultura y a la Generalitat Valenciana la elaboración de estudios periódicos y actualizados de los costes de producción, diferenciados por variedades y sistemas productivos.

La organización considera que estos estudios facilitarían las inspecciones y permitirían identificar con mayor rapidez operaciones comerciales que pudieran destruir valor en la cadena alimentaria.

Asimismo, sostiene que la vigilancia administrativa no debería depender exclusivamente de las denuncias individuales de los agricultores, ya que algunos productores pueden evitar presentar reclamaciones por temor a perder compradores.

En este sentido, solicita que las administraciones realicen controles de oficio sobre las grandes promociones de productos agrarios, con inspecciones que permitan seguir las operaciones comerciales desde las cadenas de distribución hasta las explotaciones de origen.

"Los folletos están a la vista de todo el mundo. La Administración debe actuar con rapidez, seguir la trazabilidad de las operaciones y comprobar cuánto ha cobrado quien ha cultivado esas naranjas. Si se detectan infracciones, debe haber sanciones disuasorias", concluye Carles Peris.