Begoña Carrasco. Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón
Ya lo advertimos. Más de 16.400 multas y 3,2 millones de euros en sanciones económicas en apenas dos meses ha sido el resultado de instalar cámaras de vídeo para controlar el acceso de vehículos al centro de Castellón. Era, como ha acabado siendo, una barbaridad. Así lo advertían los propios colectivos de profesionales con los que nos reunimos y que activaron una protesta en la plaza Mayor, frente al Ayuntamiento, hasta que consiguieron que se apagaran.
En plena pandemia, y en plena crisis económica, consideramos que lo que menos necesitan las pymes, los comercios, los negocios de hostelería y restauración, los autónomos y los vecinos en general es que los frían a multas simplemente por acercarse con su vehículo al casco histórico de la capital. No era el momento, ni era el sistema. Para regular el tráfico rodado hay otros sistemas que son igual de válidos pero que no tienen el afán de lucro del que se ha activado.
Pero no nos hicieron caso. Una vez más, oídos sordos, por el simple hecho de ser una petición del Partido Popular. Apenas dos meses duraron las videocámaras en marcha. El Gobierno municipal de PSOE, Compromís y Podemos se vieron forzados a desconectarlas el 26 de abril ante la avalancha de quejas, y a su vez de multas, que el sistema generó.
El tiempo nos ha dado la razón. Y ahora hemos conocido el secreto que guardaban socialistas, nacionalistas y asamblearios: el zarpazo que ha supuesto el sistema en el bolsillo de los usuarios del centro. Lo preguntamos hasta la saciedad, pero nunca, y repito nunca, se nos han facilitado los datos. Ha sido gracias a la labor fiscalizadora del PP como oposición, a base de analizar documentos, cuando hemos descubierto que del 16 de febrero al 26 de abril se impusieron más de 16.400 multas por valor de 3,2 millones de euros.
En lugar de bajar impuestos, en lugar de generar ayudas que fomenten la actividad económica y el empleo en la ciudad, en lugar de ponerse del lado de los castellonenses que necesitan una mano amiga de su ayuntamiento, PSOE, Compromís y Podemos se han propuesto esquilmar hasta dejarlo vacío el bolsillo de los vecinos de Castellón.
La principal prueba es que la alcaldesa Amparo Marco ya ha anunciado que el 1 de noviembre volverá a la carga y activará de nuevo el sistema de videovigilancia. Y vuelta a empezar. Pedimos sensibilidad. El sistema de videocámaras no es la solución a la accesibilidad al centro de Castellón. Este Gran Hermano en el que han convertido el centro de Castellón es en realidad una grandísima caja registradora que nos va a costar muchos miles de euros, como ya se ha demostrado. Y a pagarlo, los maltrechos emprendedores del centro de Castellón, pymes y autónomos que ven cómo cada día el casco histórico se apaga, se llena de persianas bajadas y locales vacíos. No a las videocámaras del centro. No se deben volver a activar. Desde el PP, nos comprometemos a eliminarlas si asumimos responsabilidades de gobierno municipal. Esta no es la solución.
