Treinta años después, todos los colectivos se manifiestan para reclamar la protección de uno de sus parajes más emblemáticos
Castellón vuelve a salir hoy a la calle para defender las Islas Columbretes y su entorno, amenazado, esta vez, por una empresa de prospecciones petrolíferas. Treinta años después de conseguir su recuperación, que fue un campo de tiro aéreo, todos los colectivos de la provincia se manifiestan para pedir una declaración de Impacto Ambiental Negativo para un proyecto que, de llevarse a cabo, podría tener consecuencias muy negativas para uno de los parajes naturales más representativos y queridos por Castellón. La manifestación saldrá de la Farola a las 12 del mediodía y discurrirá hasta la plaza Mª Agustina.
La provincia de Castellón se manifestará hoy para solicitar al gobierno central y al Ministerio de Medio Ambiente, la declaración de impacto ambiental negativo, para una campaña de prospecciones petrolíferas, que puede poner en peligro la conservación de los fondos marinos en el Golfo de Valencia y el entorno de las Islas Columbretes.
Es la última oportunidad que va a tener la provincia y todos sus colectivos para rechazar este proyecto que se ha impuesto casi por la fuerza, con la única bendición del gobierno central.
La manifestación está convocada para las 12:00 horas del mediodía en la plaza de la Independencia de Castellón, coloquialmente conocida como ‘La Farola’ y recorrerá las calles de la capital de la Plana hasta la plaza Mª Agustina.
Campo de tiro para las fueras aéreas
Hace poco más de 30 años, las Columbretes eran todavía un conjunto de islas volcánicas, menospreciado por los gobiernos, que lo utilizaban como campo de tiro para las fuerzas norteamericanas y los aviones del ejército español.
Las paredes de algunas de sus islas como ‘La Foradá’ conservan todavía para los turistas, algunos de los obuses que quedaron clavados en la roca y en sus fondos. Y el Bergantí, la chimenea volcánica conocida también por los pescadores como ‘el carallot’ cuenta las historias de la puntería de los aviones, que competían por acertar el tiro sobre su alta chimenea, que quedó reducida a la mitad.
Un logro democrático en peligro
Son las Islas Columbretes, hoy reserva marina y paraje natural. Uno de los principales logros del Ayuntamiento democrático de Castellón y de su gobierno autonómico, cuando consiguió un nivel de protección que hasta entonces se le había negado.
El paraje de las Islas Columbretes se encuentra de nuevo amenazado, esta vez por el proyecto de una empresa, Capricon Spain Limited, que solicitó y obtuvo del gobierno central los permisos para sondear los fondos marinos en busca de yacimientos de petróleo. De nada han servido durante los últimos años, la oposición rotunda de ayuntamiento, colectivos y Generalitat que llegó a recurrir, sin éxito, estos permisos en los tribunales.
El pasado 4 de enero, y sin previo aviso, el Boletín Oficial de la Provincia publicaba un anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón por el que se sometía a información pública el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Campaña de Adquisición Sísmica 3D en los permisos B,G, AM-1 y AM-2 en el Golfo de Valencia". O lo que es lo mismo, un sistema de cañonazos acústicos para determinar qué se esconde bajo el suelo del entorno de las islas Columbretes. Si los resultados fueran positivos, se procederá a perforar para buscar petróleo.
Los permisos fueron solicitados por: Capricorn Spain Limited. El principal objetivo de la campaña es el de confirmar posibles estructuras geológicas del subsuelo susceptibles de almacenar hidrocarburos y definir la profundidad y la geometría (forma y tamaño) de dichas estructuras. El área de adquisición tiene una superficie de 2.420 km2. Y los procedimientos, que la empresa Cairn somete a información e impacto ambiental llevan consigo fuentes de sonido (de aire comprimido), remolcadas por una embarcación especializada (barco de adquisición de unos 100 m de eslora) a una profundidad de entre 6 y 7 m bajo la superficie del mar.
La fuente acústica emite una onda cada 10 segundos, la cual se transmite por la capa de agua y parte del subsuelo, reflejándose de manera selectiva hacia la superficie. Los ecos que retornan se registran en hidrófonos colocados en 8 cables (streamers) de 8 km de longitud cada uno, que son también remolcados por la embarcación. A bordo del barco de adquisición se realiza un chequeo rápido de los datos para posteriormente realizar el procesado definitivo obteniendo perfiles de reflexión que tras su interpretación mostrarán las posibles estructuras de interés”.
La empresa estima que la campaña de adquisición geofísica tiene una duración estimada de 75 días (20% de tiempo de contingencia incluido), dependiendo de las condiciones climáticas y ambientales del momento.
Desde entontes se han presentado más de 2.000 alegaciones, en las que han participado todo tipo de colectivos: vecinales, sociales, políticos, empresariales, profesionales o ecológicos, que consideran el informe de Cairn insuficiente, incompleto, e inexacto.
Ni la descripción del proyecto, ni las medidas propuestas por la empresa para minimizar el impacto, han conseguido erradicar las dudas que surgen, y los estudios realizados, que demuestran que el impacto ambiental puede ser negativo para todos los ámbitos.
Un impacto 100.000 veces más fuerte que el de un reactor
Y es que según las alegaciones presentadas, el Estudio de Cairn deja muchas lagunas por resolver. Por ejemplo, los sondeos acústicos ‘airguns’ “producen sonidos con una intensidad 100.000 veces superiores a los que genera el motor de un avión a reacción”.
La contaminación acústica se propaga a grandes distancias en el mar, dice Oceana, aunque inicialmente estaría probada una incidencia directa de 30 kilómetros, los últimos estudios informan que la suma de actividades similares en todo el Mediterráneo podría afectar a áreas superiores a los 200 y 200 kilómetros, y afectyar directamente a especies tan sensibles como los cetáceos.
El impacto se extenderá a 1,3 millones de hectáreas
“Por tanto, aunque el área en la que se pretenden realizar los trabajos de sísmica 3D por parte de Cairn cubre una extensión de más de 2.420 km2 cuadrados, o lo que es lo mismo, 242.000 millones de hectáreas, el impacto se extenderá a 1,3 millones de hectáreas. Esto supone una superficie 13 veces mayor que el límite establecido en el art. 15 de la Ley 34/1998, de 7 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, que establece un máximo de 100.000 hectáreas”.
Cairn ignora los hábitats protegidos en la zona
En su informe dice Oceana, Cairn dice que no existe ningún hábitat protegido en la zona. Oceana responde que ha podido comprobar todo lo contrario, por lo que el Estudio sería inexacto. “Oceana ha podido comprobar y filmar la existencia de arrecifes dentro de las zonas donde se han otorgado los permisos”, algunos de ellos calificados y reconocidos por la comisión Europea. En la alegación de Oceana se citan cañones, arrecifes, montañas, parajes protegidos ect…
Los ojeadores no sirven de nada con los cetáceos
Cairn ignora las 200 especies protegidas o reguladas en los convenios internacionales, de las cuales se verían afectadas más de 130 especies incluidas en este catálogo. Los sistemas propuestos por Cairn para minimizar los daños, como la inclusión de ojeadores, para los cetáceos, son insuficientes y hasta risibles y desde luego, nada efectivos.
Sistemas inexactos para medir el impacto en la pesca comercial
Cairn, señala en otro punto Oceana, también menosprecia la incidencia sobre la pesca comercial. Pero aquí también los datos con incorrectos e inexactos. Par su estudio, Cairn se refiere al Sistema internacional ‘AIS’, que obliga a todos los barcos pesqueros y comerciales a llevar un localizador. Sin embargo, esta normativa solo afectaba a los barcos de más de 18 metros de eslora, en el momento en que Cairn consulta los datos, por lo que deja fuera del informe gran parte de la flota pesquera de menor tamaño. Oceana indica que había otros sistemas de medición de esta industria pesquera, que no se han tenido en cuenta, de forma interesada o no, como las denominadas ‘Cajas azules’ para embarcaciones de más de 15 metros, que si estaba en vigor desde el 2011.
De la misma manera, también es falso que no se vaya a afectar al atún rojo actualmente calificado como especie en extinción, porque si bien es cierto que esta especie cruza al Mediterráneo fundamentalmente en verano para desovar, en los meses propuestos por Cairn para su actuación, el atún se encuentra en plena concentración de especies juveniles.
Entre las especies comerciales prioritarias reguladas por el Cosnejo General de Pesca, se encontrarían afectadas 46 especies, que Oceana enumera en su alegación.
Cairn habla de la pesca de arrastre, cerco y fondo, pero elude referirse al palangre. Y desde luego, olvida citar que los sondeos afectarían a los principales caladeros de sardina, boquerón, gana roja, e incluso, la langosta de Columbretes.
Una declaración positiva, declaraba Silvia García, de Oceana, alejaría a España de los objetivos de la Unión Europea e iría en contra de las obligaciones del Estado Español
Se vulneran normativas y acuerdos nacionales e internacionales
Según Oceana, un impacto positivo sería recurrible ante los tribunales por el incumplimiento claro de la Ley de Impacto Ambiental, de Ley de Protección de Patrimonio Natural, de directiva Habitat, del Convenio de Barcelona y de otras tantas legislaciones y convenios nacionales e internacionales.- Esperanza Molina.
