Castelló adeuda 5 millones de euros a empresas y proveedores por los servicios realizados en 2020
No habrá reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar la deuda con la empresa de las trabajadoras del Servicio de Asistencia Domiciliaria en el pleno de mañana. El SAD se manifestará durante el pleno e irá a la huelga el 5 de agosto. Las advertencias de la Sindicatura de Comptes endurecen los procedimientos técnicos y dejan sin cobrar a los proveedores municipales a los que se adeudan, al menos, 5 millones de euros. Entre esas empresas, la de Recaudación que gestiona los 95 millones de euros en los ingresos por impuestos, y a la que se deben casi 1,9 millones de euros.
Esperanza Molina/ Castellón Información
Difícil lo tienen las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria para poder cobrar sus salarios, que ya han empezado a no ser abonados, porque el ayuntamiento sigue sin poder pagar los más de 5 millones de euros que debe a sus empresas proveedoras.
La comisión plenaria extraordinaria no ha incluido ninguna partida de ‘reconocimiento extrajudicial de crédito’ (REC) para su aprobación en el pleno ordinario de mañana. Y sin ese REC, el ayuntamiento no dispone de ninguna alternativa legal para disponer del dinero que adeuda a la empresa de las trabajadoras del SAD.
La empresa para la que trabajan las asistentes domiciliarias, Mediterránea Gestión, lleva sin percibir el abono de sus servicios desde el mes de noviembre. La entidad gestiona tanto el SAD (723.100 euros), el Centro Especializado de Mayores Urban (311.315 euros), el Servicio de ayuda a domicilio de apoyo educativo (1.500 euros), y en colaboración con Intur Esport el proyecto de Aulas para Mayores (87.000 euros). Ha llegado el momento en el que la entidad ya no dispone de fondos propios para cubrir la deuda municipal y poder pagar los salarios del personal.
De esta manera: el ayuntamiento no paga, la empresa ya no tiene fondos, y las trabajadoras del SAD y sus compañeros de los otros centros ya han comenzado a dejar de percibir sus salarios por el trabajo que realizan. Es así de simple, pero claro, a ellos no les basta la explicación porque, a partir de ahora no saben cómo hacer frente a sus propios gastos y el mantenimiento de sus familias.
La denuncia del SAD ya fue realizada hace dos semanas, y se manifestaron para protestar por ello frente al ayuntamiento el pasado jueves. Pero entonces todavía les quedaba la esperanza de que se pudiera habilitar alguna fórmula en el pleno de mañana para solventar la situación.
Por esta razón, volverán a manifestarse frente al ayuntamiento mañana, de 11 a 12 del mediodía, mientras se celebra el pleno municipal. Y además de ello, ya han comunicado que irán a la huelga el día 5 de agosto. Y todo ello, con el mayor dolor de su corazón, son un servicio esencial, de ellas dependen más de 200 personas que necesitan de su intervención diaria para poder salir adelante. Ellas cocinan, hacen la compra, asisten a personas que no pueden valerse por si mismas, limpian, asean y atienden con el mayor cariño a personas vulnerables. Son esenciales, pero su propia situación, también lo es.
El ayuntamiento no paga desde enero y debe 5 millones de euros a sus proveedores
La situación de las trabajadoras del SAD es la más acuciante, la más extrema, y si se quiere la más visible. Pero su empresa no es la única que ha dejado de percibir el abono por sus servicios.
A tenor de los informes de intervención y los datos municipales, el Grupo Municipal Popular ha calculado que, el Ayuntamiento de Castellón puede tener una deuda contraída con sus empresas y proveedores de, al menos cinco millones de euros.
Cómo paga el ayuntamiento y por qué ha dejado de hacerlo
El ayuntamiento presupuesta cada año una serie de servicios básicos para el mantenimiento de la ciudad. Hay prestaciones que, por su importe y condiciones, han de salir a concurso público, con unas condiciones, un presupuesto base y un periodo determinado.
Las empresas que ganan el concurso realizan el trabajo encomendado y cobran sus facturas sin el mayor problema, porque son gastos presupuestados y reconocidos.
Ahora bien, puede suceder que el contrato caduque cuando se ha cumplido el periodo de tiempo que se concertó en el concurso. O que la previsión realizada por el ayuntamiento según el contrato sea insuficiente y se agote antes de acabar la anualidad. O que surjan circunstancias especiales que exijan gastos extraordinarios. Aquí se producen obligaciones que han de ser abonadas mediante reconocimientos de crédito, porque los servicios no se interrumpen.
Contratos caducados
En lo que concierne a los contratos caducados, el ayuntamiento tiene la obligación de prever esa situación para poder convocar un nuevo concurso público para mantener la prestación. Sin embargo, en estos momentos hay muchos contratos que caducaron hace años. Actividades para las que se debería haber convocado concurso público pero que siguen pendientes de ello, están en proceso o se han convocado recientemente. En esta situación se encuentran muchas empresas y servicios que trabajan para la ciudad y que deben de cobrar por la contraprestación que realizan.
También se encontrarían en la cuerda floja, los déficits de los servicios que si están bajo contrato, pero cuyo gasto sobrepasa la cuantificación prevista en el presupuesto anual.
Se trata, en su mayor parte, de contratos de servicios municipales, sujetos al capítulo 2 del presupuesto, que se denomina ‘Gastos Corrientes’, dicho de otra forma, mantenimiento cotidiano y obligaciones fundamentales para el buen funcionamiento de la ciudad.
Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (REC)
Hay fórmulas legales para poder hacer frente a estos desembolsos no presupuestados. Son los que se denominan como ‘reconocimientos extrajudiciales de crédito’.
Sin embargo, se sobreentiende que, los reconocimientos extrajudiciales de crédito son alternativas excepcionales para situaciones extraordinarias; no se puede pagar cotidianamente a los proveedores municipales mediante este procedimiento.
Por este motivo, cuando el desembolso es excepcional es reconocido como tal, la partida de gasto lleva el informe favorable de la intervención municipal. Pero si se trata de pagos cotidianos que el ayuntamiento tenía que haber presupuestado, sacado a concurso o no se ajustan a esas excepcionalidades, es cuando los ‘reconocimientos extrajudiciales de crédito’ se presentan con el informe desfavorable de la intervención municipal. Hasta ahora se han pagado, si, porque la ley también reconoce otra figura: ‘el enriquecimiento ilícito’.
Enriquecimiento ilícito
Se produce cuando el ayuntamiento (u otra institución) no paga a sus proveedores por los servicios que realizan. Esto es, son los proveedores los que soportan el gasto de las contraprestaciones que dispensan a la entidad. Si el ayuntamiento no paga, se entiende que se está enriqueciendo a costa de sus proveedores.
Dicho todo esto, durante el ejercicio del 2019 el ayuntamiento de Castelló aprobó el pago de casi 14 millones de euros en reconocimientos extrajudiciales de crédito, con el informe desfavorable de la intervención. En 2020, los reconocimientos extrajudiciales sumaron un total de casi 11,3 millones de euros.
Sindicatura de Cuentas advierte al Ayuntamiento de Castelló
Pero el sistema ha cambiado, y en este momento el ayuntamiento debe a sus empresas proveedoras de servicios y suministros más de 5 millones de euros. Una deuda que también afecta a la empresa para la que trabajan las asistentes domiciliarias del SAD.
Y la pregunta que ellas y muchas otras empresas se formulan es la siguiente: ¿Si durante los años anteriores se pagó a los proveedores con reconocimientos extrajudiciales de crédito, por qué ahora no se realiza la misma operación?
En este sentido, la explicación tiene que ver con el Informe Especial sobre Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, formulado por la Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Valenciana, en colaboración con el Tribunal de Cuentas con respecto al ejercicio de 2018, emitido el pasado 2 de febrero.
En aquel informe se recogen una serie de advertencias a la institución municipal, a la que señala que la figura de los REC no puede ser utilizada para solventar la imprevisión municipal. Lo que ya se ha apuntado anteriormente. Se trata de una alternativa excepcional para situaciones excepcionales. El Ayuntamiento tiene la obligación de: sacar a concurso los contratos caducados, de prever una mayor incidencia de los gastos corrientes y no puede recurrir a los REC para solventar estos defectos de gestión.
Todo eso ha llevado al punto de endurecer los requisitos técnicos que deben de cumplimentarse para poder presentar un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito al pleno del ayuntamiento. Cabe pensar que una denuncia por el abuso de esta figura podría, incluso, acabar en una denuncia a los responsables municipales que abusan de esta figura legal.
Según el informe de Intervención Municipal, “El importe total de las obligaciones reconocidas con informe de reparo asciende a 11.289.694,59 euros, de los cuales el 88,26% corresponden a obligaciones del ejercicio de 2020”.
Es cierto que no ha sido el ejercicio en el que se han aprobado más REC. En este sentido, el mismo informe destaca que, desde 2010, la anualidad con más REC fue el 2012 en el que se pagaron 44.230.401,37 euros a través de este procedimiento.
Empresas y servicios sujetas a REC en 2020
La lista de empresas y servicios sujetos a los REC en el 2020. En total fueron 65 los REC con reparos en 2020, la mayoría de ellos por contratos finalizados. Algunos de los más voluminosos en cuanto al volumen económico (más de 100.000 euros de deuda) fueron: el suministro de gas del Ayuntamiento de Castelló, Vestuario para la Policía Local; transporte de materiales, vaciado y limpieza de encauzamientos; servicio de limpieza de colegios públicos; servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales, servicio de colaboración con la Recaudación; retirada de vehículos; Servicio de Gestión del centro especializado de atención a mayores Urban Castelló; campañas deportivas y talleres gente mayor; Salvamento de playas; Servicio de ayuda a domicilio; merma en los ingresos de autobús; convenios de autobús; gestión del centro de Mayores Columbretes; reforma parcial de la 2ª planta del edificio de Quatre Cantons; y trabajos de reforma de la planta baja de la casa consistorial.
Carrasco: el ayuntamiento asfixia a las pequeñas y medias empresas de Castelló
A tenor de este informe, la portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, denunciaba esta mañana, que el ayuntamiento “adeuda al menos 5 millones de euros a proveedores por deficiente gestión de los servicios públicos que se realiza por parte del equipo de gobierno municipal y, en concreto, de los contratos públicos que tienen caducados desde 2017. Estos 5 millones de euros son solo la punta del iceberg. Hay al menos 16 contratos de grandes empresas que siguen generando facturas irregulares e impagadas, además de los contratos caducados de pequeñas y medianas empresas, a las que el gobierno municipal está asfixiando sin pagarles desde diciembre del año pasado”.
Carrasco ha realizado estas declaraciones acompañada por el concejal Popular Juan Carlos Redondo. Ambos indicaban que “es del todo negligente, irresponsable e insensible la gestión de este equipo de gobierno liderado por Amparo Marco que, por no licitar los contratos en tiempo y forma para poder pagar de forma regular, ahora se vaya a producir un hecho sin precedentes en la ciudad y es que las 59 trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio se han visto obligadas a ir a la huelga, que ya han anunciado para el 5 de agosto, si el equipo de gobierno no paga los 7 meses y casi 800.000 euros que le debe a la empresa adjudicataria. Marco va a dejar sin atender a 209 personas dependientes en nuestra ciudad. Hoy teníamos la esperanza de que en la comisión plenaria a la que nos han convocado de manera extraordinaria se incluyera el pago a esta empresa, pero no ha sido así. Por tanto, no se aprobará en el pleno de mañana la correspondiente liquidación de facturas”.
“Todo un despropósito, manifestaban, porque el gobierno municipal está asfixiando a las empresas a las que no paga desde diciembre del año pasado, empresas que sostienen puestos de trabajo en una ciudad con 16.000 parados. Han abusado del mecanismo para pagar facturas fuera de contrato y ahora un informe de la Intervención municipal, advertido por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, le ha parado los pies. No se puede seguir utilizando un procedimiento extraordinario de pago para lo que debe pagarse de manera ordinaria. El problema radica en que no se han renovado los contratos caducados, no se hicieron los deberes cuando tocaba y, ahora, los castellonenses pagan las consecuencias”.
Por su parte, Juan Carlos Redondo ha mostrado el informe de la Intervención municipal en el que le dice textualmente: “Se han tramitado expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos para imputar al presupuesto obligaciones indebidamente contraídas, principalmente, por haberse adquirido sin ajustarse a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”. “Se tramitan expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos sistemáticamente, por lo que no se corresponden con la naturaleza excepcional de este procedimiento”.
Las empresas llevan 7 meses sin cobrar
"Esto ha llevado, declaraba Redondo, a que en los siete meses de 2021 no se haya tramitado ni un sólo expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, por lo que hay empresas que llevan 7 meses sin cobrar.
La portavoz Popular explicaba que “aunque algunos de esos 16 contratos caducados acaban de licitarse, aún no están en vigor y, por tanto, se suman al listado de impagados desde diciembre de 2020. Desde el PP también han hecho referencia a las empresas afectadas por impagos: "Entre ellas, puntualizaba Carrasco, está la empresa de mantenimiento de colegios y limpiezas de instalaciones, que acumula más de 2 millones de deuda o la del Servicio de Recaudación a la que se le deben alrededor de 1,75 millones. También fuera de contrato está la gestión del Centro de mayores Columbretes y se le deben 128.099,16 euros o del Centro Urban con 165.091,36 euros pendientes de abonar el Ayuntamiento. Y más ejemplos: la gestión del servicio municipal de transportes, el servicio de grúas, el de las guarderías, el servicio de socorrismo, el servicio de mantenimiento de vía pública o de campañas deportivas, cuya deuda de éste último asciende a 58.353,6 euros”.
Redondo ha destacado que "el informe de la Sindicatura de Cuentas que da la voz de alarma a la Intervención municipal sitúa a Castellón en el segundo puesto de entre los 65 Ayuntamientos valencianos, de más de 20.000 habitantes, que más Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (RECS) es decir, que más pagos de forma irregular tramita y, lo que es peor, el 98% de los expedientes fueron informados desfavorablemente. En 2020 fueron 11,6 millones en RECS, que desde el Partido Popular venimos denunciando y al final, tanto la Intervención, como la Sindicatura de Cuentas nos ha dado la razón”.
Redondo ha incidido en el contrato caducado, desde el 2017, del servicio de recaudación. “Los ingresos presupuestados por impuestos para este año 2021 son más de 95,6 millones de euros, es decir, el 50% de los ingresos de este Ayuntamiento los gestiona una empresa que lleva 7 meses sin cobrar”, señala.
Para Carrasco “es lamentable que el equipo de gobierno de Amparo Marco se vaya a ir de vacaciones dejando a las trabajadoras del SAD sin cobrar y a tantas otras empresas que tampoco obtendrán liquidez si no se empieza a regularizar la situación. Ésta es una consecuencia más de un gobierno municipal de PSOE, Compromís y Podemos que está en sus peleas internas, pero no en resolver los problemas de los castellonenses. Nadie ha pedido el derribo de la cruz del Ribalta, ni que cambien el nombre a la ciudad, ni que se haga la reforma de la avenida de Lidón, sin embargo, es lo que prioriza este gobierno tripartito a pesar de la pandemia”, insiste Carrasco.
