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viernes, 19 de abril de 2024 | Última actualización: 17:03

El PP denuncia colapso en los Servicios sociales y la espera de 2 meses para recibir los vales para comida

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Afirman que la Generalitat debe 2,7 millones de euros a Castelló, de ellos casi un millón en Bienestar Social

El Partido Popular ha denunciado hoy la situación extrema que viven muchas personas en Castelló, por el colapso de los servicios sociales y el impago de la Generalitat, que tardan entre uno y dos meses para que se les faciliten vales para comprar comida. Afirman que la Generalitat debe 2,7 millones a Castelló, de ellos, 837.000 en materia de Bienestar social, y que son las ONGs privadas las que llevan el peso de la asistencia. Han cuestionado la ausencia de un plan de vacunación y el desvío de las vacunas de Castellón a Alicante

EM /Castellón Información

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La concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón Susana Fabregat y la diputada autonómica del Grupo Popular en las Cortes Valencianas Marisa Mezquita, han denunciado en rueda de prensa la precaria situación en la que viven miles de personas en la capital de la Plana, motivada por la Covid, pero agravada por los impagos de la Generalitat Valenciana.

La situación, comentaban es mucho más que urgente, porque la Generalitat debe al Ayuntamiento de Castelló 2,7 millones de euros, de los cuales, más de 837.000 euros corresponden a las áreas de Bienestar Social.

La pasividad de la Generalitat, indicaban provoca el colapso de los servicios sociales del Ayuntamiento de Castellón, y que sean las ONGs privadas, el Banco de Alimentos, Cruz Roja, o Cáritas, los que están haciendo frente a las situaciones más dramáticas, para que no se queden sin comer.

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Según Fabregat, la gestión administrativa es tan farragosa, y los servicios sociales de Castelló están tan colapsados, que muchas personas denuncian que pasan entre 1 y 2 meses hasta que se les adjudica los vales para poder comprar comida. Como no pueden esperar tanto tiempo, esas personas recurren a las ONGs, a las colas del Hambre, a la Cruz Roja, a Cáritas o al Comedor del Padre Ricardo.

Y la problemática es aún más terrible, apuntaban, ya que la Conselleria de Bienestar Social debe a estas entidades más de 10 millones de euros. Un dinero que, según se aprobó por decreto, les debía haber sido entregado antes para que pudieran cumplir con las funciones que realizan.

Si la Conselleria no paga, señalaban, si la gestión administrativa sin una atención directa por la Covid se colapsa, al final son las mismas ONGs las que tienen que rascarse el bolsillo para poder paliar la enorme necesidad que se ha generado en Castelló durante el último año, donde la situación de pobreza se ha incrementado en un 27%.

“Mientras las administraciones local y autonómica se pasan la pelota, son casi 16.000 parados en la capital de la Plana, unos 2.000 más en muy pocos meses, sin haber tocado fondo”.

Tal como señalaba Susana Fabregat, “Quienes verdaderamente están rescatando a personas son las entidades sociales sin ánimo de lucro como el Banco de Alimentos atendiendo a más de 15.000 personas y Cruz Roja, solo en la ciudad de Castellón, atendió a 22.411 personas durante 2020, con más de 128.000 intervenciones”.

La diputada autonómica del Grupo Popular en las Cortes Valencianas Marisa Mezquita manifestaba que “la gestión de Mónica Oltra es irresponsable tanto por la falta de compromiso con quienes peor lo están pasando, como por la falta de previsión. Más de 700.000 personas están en riesgo y la Generalitat se desvincula por completo, son las entidades sociales y los 35.000 voluntarios de éstas los que están asumiendo el trabajo que no hacen las administraciones. Basta ya de anuncios, una cosa es anunciar y otra bien distinta es cumplir, como se está viendo”.

Desvío de Vacunas, Castellón la hermana pobre

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El Grupo Popular también se ha hecho eco de las denuncias formuladas por los sindicatos de Sanidad, en torno al desvío de vacunas que estaban destinadas a la provincia, y que fueron reenviadas a Alicante, tanto en la primera como en la segunda fase.

Este agravio, manifestaban, ha sido posible porque no se ha establecido un plan claro de vacunación, no ha habido transparencia, no se han aclarado qué criterios se seguían y no se han dado instrucciones sobre esa ‘sexta dosis’ que necesita de jeringuillas especiales para poder aprovecharla. Y cabe recordar, apuntaba, que una vacuna significa salvar una vida. y todo es fruto de una terrible improvisación.

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Además, Marisa Mezquita denuncia fallos en el Plan de vacunación. “Ha fallado todo por falta de un protocolo claro. Desde no saber cuántas dosis extraer de cada vial, primero 5, luego 6, ha habido agravios comparativos entre el personal sanitario de la pública y de la privada, han tirado de ideología y sectarismo dejando de lado a los profesionales que están en primera línea en la sanidad privada y se ha producido un desvío de vacunas que en principio iban a ser para Castellón, pero que han acabado en la provincia de Alicante y no en una, sino en dos ocasiones, como han denunciado los propios sindicatos, hasta 4.000 vacunas desviadas, además de la falta de información y transparencia a los municipios que está dejando mucho que desear en esta pandemia”.