La Comisión plenaria del jueves llevará al pleno del día 20 si la vice alcaldesa cumple el Código que ella misma impulsó en la oposición
La Comisión de Buen Gobierno, que deberá celebrarse el jueves, día 13, pedirá al pleno del Ayuntamiento que decida si debe aplicarse el Código de Buen Gobierno a la vice alcaldesa, Ali Brancal, por estar ‘investigada’ en la ‘querella de los sobres’. Una votación favorable conllevaría la cesión de la vice alcaldesa en sus delegaciones y representaciones, aunque continuará formando parte de la Corporación como concejal. El Grupo Socialista tiene la llave de la decisión que deberá hacer cumplir la alcaldesa, Amparo Marco
Esperanza Molina/ Castellón Información
El presidente de la Comisión de Buen Gobierno, Ignasi Garcia, ha convocado, tal como prometió, la Comisión de Buen Gobierno del día 13 de diciembre que, en su punto número 7 indica: “Propuesta al Pleno relativa a la aplicación a la Sra. vice alcaldesa del Código de Buen Gobierno de los miembros corporativos del Ayuntamiento de Castelló”.
Se tratará, por tanto, de una Comisión plenaria decisiva para determinar en qué situación afrontará Brancal sus últimos meses de legislatura, si como vice alcaldesa, y concejal delegada de diferentes áreas municipales, o deberá quedarse simplemente como concejal, sin delegaciones y representaciones en los organismos municipales.
La propuesta que acompaña a este punto de la Comisión recoge el acuerdo adoptado por unanimidad el 30 de abril de 2015, en el que se establecía un Código de Buen Gobierno, que comprometían no solo a los concejales que en ese momento integraban la Corporación, sino también a futuras corporaciones.
El escrito alude también a la presentación de la ‘querella de los sobres’ presentada por Juan José Pérez Macián, como representante del Grupo Municipal Popular, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción de Castellón, en el que se abre investigación por la posible comisión de delito de malversación de fondos públicos, en el que Ali Brancal es llamada a testificar como ‘investigada’.
Posteriormente, se cita la petición del Grupo Municipal Popular para que el Código de Buen Gobierno sea aplicado sobre la figura de la vice alcaldesa por su situación de ‘investigada’; así como el informe de la secretaria del pleno, en el que indica que procede escuchar a la vice alcaldesa y que deberá ser la Comisión de Buen Gobierno la que decida si es aplicable el Código de Buen Gobierno aprobado el 30 de abril de 2015.
También recoge algunas de las declaraciones de Brancal, que alega, que el Código (que ella misma impulsó), para casos de imputación formal, no serían aplicables en su caso, en el que solo se encuentra ‘investigada’. Sin embargo, tras el cambio de la legislación la aplicación de la figura de ‘imputado/a’ habría sido sustituida por al de ‘investigado/a. Dado que, además, el delito por el que se investiga a Ali Brancal estaría tipificado como delito de corrupción, la propuesta que va a la Convocatoria de la Comisión de Pleno del próximo jueves propone:
“Elevar a pleno la siguiente propuesta de acuerdo”:
La aplicación a la vice alcaldesa el Código de buen Gobierno y adoptar las medidas preventivas previstas en el anexo I , de acuerdo con los puntos 1,2 y 5, “instando a los órganos municipales competentes para la ejecución del presente acuerdo”.
El segundo punto indica que las medidas se mantendrían hasta el archivo de las diligencias o el sobreseimiento. También se quedarían sin efecto en el caso de que Brancal perdiera su condición de concejal.
Y en último término, y desde el respeto a la independencia de los jueces, pide celeridad en el proceso.
Es decir, el tema que se lleva a la Comisión de Buen Gobierno es si cabe la aplicación del Código Ético a Ali Brancal. Y aquí varían los posicionamientos.
Según Compromís, y la misma vice alcaldesa ‘investigada’ no procedería la aplicación por varias razones. La primera de ellas, porque según señalan, se trata de una querella ‘interesada’ presentada por un concejal popular, como rédito político y no para defender el buen nombre de la institución.
Por otra parte, porque ese Código se queda desfasado en el momento en que se cambia la legislación y desaparece la figura de ‘imputado’ que ahora se denominaría ‘investigado’.
Para Compromís, lo que la Comisión deberá decidir el jueves, es si, con estos mimbres se debe aplicar el Código de Buen Gobierno, o sería más adecuado actualizar primero ese Código…
No opinan lo mismo desde el Grupo Municipal Popular, para quien no solo se dan todos los parámetros para que Ali Brancal sea cesada de todas sus delegaciones, sino que, además, quien tiene que cesarla no es ni siquiera el pleno del Ayuntamiento, sino la alcaldesa de Castellón, que fue quien la nombró para los mismos.
La lectura realizada por los populares es clara, cuando se aprobó el Código de Buen Gobierno, se hizo, a instancias de Compromís y Esquerra Unida, para que no se repitiera un caso como el que se había producido con el alcalde Alfonso Bataller, que fue ‘imputado’ (ahora se diría investigado’), en un procedimiento de instrucción que acabó exonerando al primer edil.
Para el PP, si se hubiera tratado de una imputación formal, no se hubiera pedido desde Compromís la elaboración de este Código que pretendía aplicar sobre el PP.
Los populares estiman también, que da lo mismo quién haya interpuesto la querella, porque la denominación de ‘investigado’ se inicia cuando el Juzgado considera que ha podido haberse producido un delito y es el Juzgado el que instruye la investigación.
Así las cosas, para el Grupo Popular, inicialmente la propuesta podría parecer correcta, aunque pretenden estudiar todos los detalles a fondo.
En lo que respecta al acuerdo que se someterá a votación en Comisión, para su elevación a pleno, cabe apuntar que, los artículos que se recogen del Código de Buen Gobierno se refieren al Anexo I que habla de “Las medidas que se adoptarán en el caso de imputaciones formales a miembros de la Corporación Municipal”.
El punto 1 al que alude la propuesta, se refiere a que: “desde el absoluto respeto a la independencia con que la Administración de Justicia ha de instruir una causa penal por corrupción, ante la imputación de un miembro de la corporación municipal se someterá a la consideración del pleno la aprobación de un acuerdo por el que se pedirá al juzgado o tribunal instructor la máxima celeridad en el procedimiento de instrucción a fin de determinar con la mayor brevedad, o bien la desimputación o bien la apertura de jucio oral”.
Este párrafo está recogido en la documentación que se elevará a pleno, y, como se puede apreciar, se refiere a una situación de instrucción procesal, en la que la persona ‘antes imputada’ estaría ahora ‘investigada.
En cuanto al punto número 2, al que alude la propuesta que irá a Comisión, recoge varios apartados, si bien, hay cosas bastante claras como que: el concejal/ala afectado será apartado de toda representación y delegación; que, si forman parte de la Junta de Gobierno como teniente alcalde, será la Junta de Gobierno o la alcaldía, el órgano que lo haya nombrado para tales cargos, el que deberá revocar los nombramientos.
Indica que, el concejal/ala afectado, seguirá ejerciendo como concejal, como miembro de la corporación (salvo en casos, como el del Grupo Socialista en que hubieran firmado con antelación una renuncia en blanco que podría hacerles cumplir su formación, y eso siempre que el concejal accediera, porque las actas de concejales son personales, no son del partido al que pertenecen).
También contempla el caso de que la persona afectada ejerza el cargo de alcalde/sa. Y añade, que la retribución que les correspondería también sería rebajada, como consecuencia de la restricción de sus funciones, y solo podrá ser remunerado/a en función e lo que les corresponda por asistencia a plenos y comisiones.
Finalmente, el punto quinto al que alude la propuesta también está recogido en el informe, y señalan que estas medidas preventivas se mantendrán en tanto se archiven las diligencias o se produzca el archivo de la causa.
Con todo esto, ahora la duda es qué ocurrirá el jueves. A tenor de las declaraciones recogidas, tanto Compromís como CseM podrían votar en contra de la aplicación de Buen Gobierno, mientras que PP y Coiudadanos, lo harían a favor. La pelota está en el tejado del Grupo Socialista. Con la suma de los votos de uno y otro lado, solo con una abstención forzarían que la propuesta llegue a pleno tan como se ha redactado, y que se decida la aplicación del Código de Buen Gobierno. En ese caso y según dice el punto 2 del Anexo del Código, quien nombró a Ali Brancal deberá relevarla de sus delegaciones y representaciones.
