La querella acusaba a dos concejales, varios funcionarios y una trabajadora de la Caja Rural
En diciembre de 2002, el Grupo Municipal Socialista presentó una querella contra el alcalde de Castellón, dos de sus concejales varios funcionarios del ayuntamiento y una trabajadora de la Caja Rural. Acusaban a José Luís Gimeno de prevaricación por la urbanización de los terrenos de la antigua estación. El juez admitió la querella y luego acabó por archivarla. La historia se saldó como un culebrón, con petición de testigo protegido. El juez archivó y José Luís Gimeno volvió a ganar las elecciones con mayoría absoluta.
Esperanza Molina/ Castellón Información
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La llegada de El Corte Inglés estuvo precedida de todo tipo de conflictos.
Como ya publicó Castellón Información en "El Corte Inglés de Castellón III: Los comerciantes de Edificio singular declaran la guerra al ayuntamiento"
En 2001 se aprobaba el nuevo convenio con Renfe, se optaba por la figura de un urbanizador, Cavilga obtenía la adjudicación del programa urbanístico y los comerciantes de Edificio Singular no llegaron a obtener del TSJ la paralización cautelar.
Las parcelas de los antiguos solares de Renfe, para edificación residencial alcanzaron en subasta la friolera de un valor de 50 millones de euros.
Pero el final de 2002 y gran parte de 2003 tampoco facilitaron la implantación del nuevo centro comercial de El Corte Inglés.
En este caso, el conflicto vino de manos del Grupo Municipal Socialista.
El PSOE presenta una querella contra el alcalde por el proceso de urbanización
El 8 de diciembre de 2002, los 10 concejales del Grupo Municipal Socialista de Castellón, que lideraba Ignacio Subías, presentaron una querella contra el alcalde de la ciudad, José Luis Gimeno, los tenientes de alcalde Alberto Fabra y José Pascual, la empresa Calviga, 4 funcionarios municipales y una trabajadora de la Caja Rural San Isidro de Castellón.
Tal como publicaba ABC Comunitat Valenciana (EM/ABC-CV- 09/12/2002): El GMS acusaba a estas personas y entidades de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público que, según indicaron, se cometió en el desarrollo urbanístico de los terrenos de la antigua Estación para propiciar la llegada de El Corte Inglés y adjudicar la obra a la filial de Lubasa, Calviga.
Los presuntos delitos, que motivaron esta querella, se fundamentaban, según declararon los concejales socialistas Ignacio Subías y Miguel Alcalde, en la forma en que se urbanizaron los terrenos que albergarían el edificio de El Corte Inglés. Los ediles del PSOE señalaban que Calviga (filial de Lubasa), disponía de información privilegiada para poder acudir al concurso público, que se ponía de relieve en el contenido de su plica y en el momento en que se presentó, antes de la aprobación definitiva de la recalificación del terreno.
Manifestaban, que Calviga no podía presentarse a esta licitación porque no estaba al corriente de los pagos relativos a los años 97 y 2000, según constaba en un informe del viceinterventor municipal. Ignacio Subías y Miguel Alcalde afirmaron, que Calviga solucionó este problema con un documento respaldado por la Caja Rural, con fecha del 2000, cuando el pago se produjo en el 2001 con todos los recargos, por lo que indicaban que se había producido “falsedad en documento público”.
Finalmente, calificaban de “irregular”, la forma en que la ‘Mesa de Contratación’ rechazó la propuesta de la Asociación de Comerciantes Edificio Singular sin llegar a estudiar el contenido, aunque decían que había un documento firmado por el abogado municipal que respaldaba su legitimidad.
La querella cayó como una bomba en el ayuntamiento de Castelló.
El despacho del ex portavoz socialista Callao tramita la querella
Curiosamente, el despacho de abogados que presentó la querella no fue el del Partido Socialista sino el del ex portavoz de la oposición (del Grupo Municipal Socialista 1995-1999) Juan Callao porque, y siempre según contaron diversas fuentes, porque los abogados del PSOE no acabaron de ver fundamento para sacar adelante la acusación.
La primera reacción por parte del equipo de gobierno del PP fue cerrarse en banda. El alcalde de Castelló remitió un comunicado, que se recoge a continuación. El concejal de Urbanismo y portavoz del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fabra, atacó al PSOE por vetar cualquier intento de mejora de la ciudad y llegó a acusar al portavoz socialista, Ignacio Subías, de “mamporrero” de la Asociación de Comerciantes “Edificio Singular”, que intentó amenazar al alcalde con la misma documentación que ahora decía tener el PSOE para conseguir solares junto a El Corte Inglés.
Comunicado oficial de José Luís Gimeno
Los documentos presentados por el GMS
Los concejales socialistas, por su parte, se reafirmaron en las declaraciones apuntadas el día anterior y en el objeto de su querella y aportaban como documentación: un informe del viceinterventor y un recibo de Caja Rural donde se recogía el pago de Calviga por los IBIs pendientes del 97 y del 2000, con fecha del 2000, pero con sello de haber sido abonados en el ejercicio siguiente.
El Juez admite a trámite la querella
El 2 de enero de 2003 el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 1 de Castellón admitía a trámite la querella. Inicialmente, el juez restringió inicialmente sus actuaciones sobre José Luis Gimeno Ferrer, alcalde de Castellón y el representante legal de Calviga, filial de Lubasa, Luis Batalla, aunque posteriormente podía ampliar las diligencias hacia el resto de las personas incluidas en la denuncia.
El 13 de diciembre de 2003 la policía judicial entregaba una notificación en el ayuntamiento por la que el juez solicitaba, información relativa a la Mesa de Contratación y al proceso urbanístico de la adjudicación de la urbanización de los terrenos de la antigua estación, sobre los que se centraba la querella.
El juez limitaba inicialmente la investigación sobre José Luis Gimeno y Luis Batalla, a los que citaba a declarar el 20 de enero y solicitaba al secretario del Ayuntamiento que aportara, en un plazo de 3 días, toda la documentación relativa al convenio firmado con Renfe y cualquier otro protocolo que tuviera relación con los terrenos de la antigua estación.
Los socialistas que presentaron la acusación no solicitaron la paralización de la urbanización de los terrenos.
¿En qué se basaban los socialistas para lanzar la querella?
Cabe ponerse en situación. 2003 era año electoral. El PP había desarrollado con éxito proyectos tan ambiciosos como el enterramiento de la vía del tren, que suponía un paso de gigante para la ciudad y, aunque las polémicas en cuanto a la urbanización de los terrenos de la antigua estación pudieran haber producido discrepancias entre algunas asociaciones de comerciantes, y zonas incluidas en la reparcelación, la ciudad se había transformado completamente y todavía esperaba hacerlo más.
José Luís Gimeno tenía carisma en la población de Castellón. Podían criticársele muchas cosas pero, al final, era un hombre que no se perdía una presentación de Gaiata, una misa, una celebración, una comida o una merienda con las asociaciones de vecinos, de tercera edad, de amas de casa…
Se habían construido mejores accesos a la ciudad y la capital de la Plana había renovado completamente su imagen… y, por si fuera poco, ahora llegaba El Corte Inglés. El PSOE no podía hacer gran cosa para rebajar la popularidad de Gimeno e incrementar la propia salvo jugárselo todo a una carta. Tirar una bomba que lo hiciera volar por los aires… y eso fue lo que hizo.
Además de una oposición en la que se apoyaba todo lo que fuera contra el alcalde, los socialistas no habían aportado mucho más… Si esperaban que Edificio Singular tambaleara el proyecto de El Corte Inglés, se equivocaron.
Pero también se equivocarían con la querella que presentaron. Buscaban sentar a Gimeno en el banquillo y con él a su plana mayor… Si solo hubiera sido una cosa entre políticos, posiblemente hubieran conseguido algún tipo de rédito en su tentativa… Pero cometieron el error de meter en el mismo saco a políticos y a funcionarios, e incluso a una trabajadora de la Caja Rural…
Además, si lo que pretendían era arrinconar a José Luís Gimeno, el PSOE consiguió con aquello que todo el PP, incluidos los dirigentes no afines (que los había y que ponían en duda su candidatura a la reelección), cerraran filas en torno a su alcalde.
El valor de las plusvalías
En su acusación planteaban que, si el ayuntamiento hubiera optado por la expropiación de los terrenos de la vía, hubieran conseguido plusvalías por más de 18,3 millones de euros que habían arrebatado a la ciudad… solo el solar donde se iba a afincar El Corte Inglés, entendían, hubiera alcanzado un valor que superaba los 192.000 euros. Con la figura del urbanizador, Renfe había obtenido 50 millones de euros.
Sin embargo, los cálculos no estaban tan mal hechos. Para acceder al enterramiento de la vía Renfe había exigido que, en caso de expropiación, se aplicara a toda su propiedad el mayor aprovechamiento del sector, lo que multiplicaba su valor inicial.
Aunque el valor inicial del suelo, propiedad de Renfe, a efectos de expropiación según el catastro estaba valorado en 16.000 pesetas metro cuadrado (96 euros), el valor de mercado de aquella superficie era muy superior, en torno a los 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros) y Renfe lo hubiera obtenido fácilmente recurriendo al Jurado Provincial de Expropiación. Y aun pudo ser más caro, ya que el anuncio de la llegada de El Corte Inglés llegó a multiplicar el precio de tasación en el mercado en el periodo comprendido entre 1999 y 2002.
La renegociación con Renfe, la modificación del Plan General sobre el suelo de la antigua estación y la figura del urbanizador, a la que recurrió Renfe, en lugar de la expropiación, permitieron poder abordar todos esos proyectos.
Para montar su querella, los concejales del GMS hubieron de poner en tela de juicio a los funcionarios del ayuntamiento, con lo que generaron un rechazo frontal por parte de los trabajadores ‘de la casa’; y para atacar a Cavilga y tener el apoyo de los comerciantes de Edificio Singular, habían tenido que denunciar a una trabajadora de Caja Rural… Tampoco sentó bien esta maniobra en la Caja de Ahorros.
¿Qué había de cierto en el incumplimiento de Cavilga con los pagos?
Si bien es cierto, tal como constataba el viceinterventor, que Cavilga tenía unos pagos pendientes. Se trataba de una reclamación que Cavilga tenía presentada por discrepar con el ayuntamiento en torno la la valoración que se le había impuesto en relación con una urbanización anterior, y estaba pendiente de resolución.
Los técnicos de la Mesa de Contratación estimaron, que si Cavilga pagaba aquellos recibos y se ponía al día, no habría motivo para no adjudicarle el PAI de la estación.
Esto fue lo que hizo la entidad, pagar y con recargo, aunque el tiempo le daría la razón en lo que concierne a estos pagos.
Caja Rural equivocó el sello
En lo que concierne a la acusación de falsedad en documento público por la aparición de dos fechas diferentes en el documento de pago de Calviga, la de control informático, con fecha del 2001, y la manual, 
con fecha del 2000, fuentes consultadas por ABC-CV en Caja Rural San Isidro reconocieron, que este tipo de fallos se producían en alguna ocasión, debido a un error humano. Por lo que parece, según las mismas fuentes, durante la misma jornada se expidieron varios recibos con el mismo sello errado con la fecha del 2000.
Fuentes municipales indicaron, que el documento de Calviga, que se apercibió del error, llevaba anexa una notificación notarial que certificaba la veracidad del pago en el 2001 (notificación que figura en la documentación de la que dispone Castellón Información).
No obstante, Caja Rural abrió su propia investigación interna, independientemente a las indagaciones que realizará sobre el tema la Policía Judicial por orden del juez.
Solo el PSOE facilitaba información sobre el proceso judicial
Lo que pasó, a partir de entonces, fue bastante rocambolesco.
Durante los primeros pasos del proceso judicial, a preguntas de los periodistas, solo el PSOE daba una versión de los hechos y de cuanto acontecía en el juzgado. El PP callaba o hacía un juicio político. Era casi imposible contrastar un solo dato con las dos partes.
Pero a medida que continuaron las diligencias comenzaron a cambiar algunas cosas.
Edificio Singular respaldó la acusación y llegó a realizar declaraciones que luego fueron recriminadas por las personas que supuestamente les habían dado pie a ello.
En su acusación, los socialistas llegaron a aportar informes jurídicos de dos profesores de la UJI José Luis González Cussac y Ramón Vilarroig.
A raíz de aquello, el entonces rector de la Universidad Jaume I, Francisco Toledo, declaraba que estos informes, de los que desconocía su contenido, se habían emitido a título particular; declaraba la posición neutral de la Universidad e indicaba que había puesto las declaraciones del responsable de Edificio Singular, que lo acusaba de filtrar el contenido del informe al alcalde de Castellón, en manos de la Asesoría Jurídica, por si cabían acciones penales.
La querella del Grupo Socialista también generó el rechazo de algunos socialistas de renombre. Pero, además, ponía ‘en la picota’ no solo a los políticos del PP, sino a los funcionarios municipales y a una trabajadora de la Caja Rural. No fue una querella bien recibida entre el personal del Ayuntamiento, ni entre las filas del mismo partido socialista.
¿Pero quién le quitaba a Juan Callao el gusto de sentar a José Luís Gimeno en el banquillo de los acusados mientras él mismo, como abogado de la acusación lo interpelaba?. Porque como ya se ha dicho, fue Callao, en su condición de abogado, el que defendía la acusación.
El 20 de enero de 2003, tal como estaba previsto, el alcalde de Castelló y el responsable de Cavilga comparecieron ante el juez. Después fueron citados Alberto Fabra, concejal de Urbanismo y otro de los responsables de Cavilga.
Los funcionarios comenzaron a ser llamados a declarar, la inquietud dentro del ayuntamiento era notable, los trabajadores se sentían cuestionados e impotentes. Mientras, la acusación comenzó a sembrar dudas sobre la honradez y el criterio de los funcionarios y a generar versiones sobre las declaraciones que habían realizado delante del juez José Luís Gimeno y Alberto Fabra.
La renuncia de la fiscal y la oferta del juez para que lo recusaran las partes
Fue en el mes de febrero de 2002 cuando el juez, Horacio Badenes, que instruía el caso, reconoció a la periodista de ABC-CV que lo entrevistó, que había llegado a ofrecer su recusación a ambas partes por tener un parentesco lejano con Luis Batalla. Lo hizo antes de iniciar la instrucción, de forma confidencial, por lo que no llegó a constar en acta, pero ambas partes mostraron respeto y rechazaron la recusación ofrecida.
La noticia se conocía después de que la fiscal del caso hubiera renunciado a su cometido por grado de parentesco con una funcionaria municipal (era su hermana).
El PSOE pide la declaración de un testigo protegido
Por esas mismas fechas, la misma periodista de ABC-CV descubrió que el PSOE había requerido la presencia de ‘un testigo protegido’. La acusación intentaba demostrar que había habido reuniones interesadas previas entre el ayuntamiento y Cavilga para tramar el proceso de urbanización de los terrenos de la antigua estación.
Y todavía hubo más, fuentes municipales reconocieron, que miembros del Grupo Municipal Socialista habían pedido la colaboración de algunos funcionarios municipales para intentar demostrar que hubieron reuniones interesadas en el ayuntamiento con la asistencia de Calviga, con lo que se evidenciaría el tráfico de influencias. Las mismas fuentes indicaron, que los concejales socialistas habrían instado a varios técnicos, con un recorte de periódico, a recordar una reunión concreta, quien estuvo en ella y los temas que se trataron.
Y es que, según publicó ABC-CV el 14 de febrero, otro de los argumentos sobre el que trabajaba la acusación, se refería a la existencia de un documento privado, suscrito entre Calviga y El Corte Inglés antes de la aprobación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en la que se creó la zona comercial, y meses antes de la adjudicación de la urbanización de los terrenos a la empresa Calviga. Este documento, que se encontraría entre la información facilitada al juez, reconocería la existencia de compromiso de venta por parte de Calviga a El Corte Inglés de un solar en la zona de los terrenos de Renfe, para la edificación de un gran centro comercial, por un importe de 10,82 millones de euros.
Las nuevas informaciones publicadas generaron un revuelo mayúsculo sobre un caso que parecía complicarse y engordar como una madeja de lana. Si hasta entonces solo el PSOE había tomado parte activa en las declaraciones, las nuevas publicaciones, que podían resultar ventajosas a los acusados, estallaban como la pólvora en las puertas del Grupo Municipal Socialista.
Desde la sede del PSOE se realizó una llamada al director de ABC Comunitat Valenciana, para pedir la cabeza de la periodista. No se la concedieron. El Grupo Socialista no pudo negar la veracidad lo que se había publicado.
Denegado el testigo protegido
Entraba el mes de marzo cuando Fiscalía denegó la petición del testigo protegido, cuya identidad no se conoció abiertamente “porque no había razones que justificaran aquel grado de protección”. Es decir, si la acusación quería que declarara, debía hacerlo abiertamente, identificarse y notificar su relación con el caso. El Juez, además, daba plazo hasta el 6 de marzo para que la acusación solicitara nuevas pruebas o requirieran la comparecencia de algún otro testigo además de los ya solicitados.
El 17 de marzo de 2003 los concejales del Grupo Municipal Socialista solicitaron la ampliación de la querella y denunciaban ‘maquinación para incrementar el precio de los solares de Renfe’. En esta ampliación de la querella no se solicitaban nuevas imputaciones concretas, y se dejaba la puerta abierta “a quienes resulten responsables” de la investigación que se debería llevar a cabo.
El juez rechazó la ampliación de la querella porque considera
