El Consell destina 2,7 millones a restaurar la zona afectada por el incendio de la Vall d’Uixó

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Las actuaciones de emergencia ya están en marcha y se prolongarán durante ocho meses para frenar la erosión, recuperar infraestructuras forestales y mejorar los accesos en la Serra d’Espadà

El Consell ha ratificado la declaración de emergencia de las actuaciones para restaurar las zonas afectadas por el incendio forestal iniciado el pasado 25 de julio en la Vall d’Uixó, unos trabajos que cuentan con un presupuesto de 2.699.421 euros y un plazo previsto de ejecución de ocho meses. Las actuaciones, encargadas a Tragsa, comenzaron el 31 de agosto e incluyen trabajos contra la erosión, retirada de vegetación peligrosa y mejoras en pistas forestales.

El incendio se originó en el paraje Carbonaire, en el término municipal de la Vall d’Uixó, y se extendió también por Tales, Onda, Nules, la Vilavella, Eslida, Chóvar, Betxí, Artana, Alfondeguilla, Alcudia de Veo y Aín.

La Generalitat justifica la tramitación de emergencia por la necesidad de intervenir antes de las lluvias intensas del otoño, ya que la pérdida de la cubierta vegetal y las fuertes pendientes incrementan el riesgo de erosión y escorrentías en los terrenos afectados.

Trabajos iniciados desde el 31 de agosto

La contratación por vía de emergencia permitió ordenar a mediados de agosto la ejecución inmediata de las actuaciones a Tragsa, de acuerdo con la memoria elaborada por el Servicio de Prevención de Incendios Forestales.

Los trabajos comenzaron el 31 de agosto y contemplan el apeo controlado de árboles y vegetación con riesgo de caída sobre pistas y caminos, la eliminación de restos vegetales y diferentes intervenciones para recuperar y mejorar la transitabilidad de los accesos.

El proyecto incluye también una actuación sobre la red de caminos forestales. Está prevista la ampliación de la plataforma de seis pistas ya existentes y la apertura de cuatro nuevas pistas forestales.

Según la Generalitat, estas conexiones permitirán facilitar el acceso de los vehículos de gestión y de los servicios de emergencias y completar la red prevista en los planes de prevención de incendios de la demarcación de Segorbe y del Parc Natural de la Serra d’Espadà.

Actuaciones para reducir la erosión tras el incendio

Una de las prioridades será reducir las consecuencias de la desaparición de la cubierta vegetal. El fuego ha dejado el terreno más expuesto a la acción de la lluvia y del viento, un problema que adquiere especial relevancia ante episodios de precipitaciones torrenciales.

Las intervenciones pretenden mitigar los procesos erosivos, reducir la escorrentía superficial y disminuir el riesgo de inundaciones aguas abajo de las zonas quemadas.

El plan persigue igualmente favorecer la regeneración natural de la vegetación, recuperar las infraestructuras forestales dañadas y restablecer las funciones ecológicas, protectoras y paisajísticas de los montes afectados.

El fuego alcanzó espacios protegidos de la Serra d’Espadà

El incendio afectó a diferentes figuras de protección ambiental. Según los datos aportados por la Generalitat, dentro de la superficie afectada hay 3.688,07 hectáreas pertenecientes al Parc Natural de la Serra d’Espadà, mientras que 3.479,49 hectáreas corresponden al LIC Serra d’Espadà.

Además, 7.652,44 hectáreas afectadas forman parte de la ZEPA Serra d’Espadà. Estas cifras responden a distintas figuras de protección que pueden solaparse territorialmente, por lo que no deben sumarse para calcular la superficie total quemada.

También resultaron afectadas las microrreservas de Penyalba, Penya del Castell y Font de la Cervera.

Una actuación tramitada por emergencia

El Consell ya acordó el 31 de julio, seis días después del inicio del incendio, facultar a la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación para elaborar un plan destinado a la restauración forestal del medio natural afectado.

Ahora, el pleno ratifica la declaración de emergencia que ha permitido iniciar los trabajos antes de completar la tramitación ordinaria, con un presupuesto cercano a los 2,7 millones de euros.