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viernes, 3 de mayo de 2024 | Última actualización: 12:14

Buenas prácticas, buena gestión

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Juan José Pérez Macián. Concejal delegado del Área de Gobierno de Hacienda, Modernización y Administración Municipal del Ayuntamiento de Castellón.

Ayer sábado participé en una jornada de trabajo del Partido Popular que reunió a alcaldes y concejales de muchos municipios de la Comunidad Valenciana. El motivo del encuentro era compartir experiencias e iniciativas puestas en marcha por los ayuntamientos en el ámbito de su gestión dirigida al gobierno de las poblaciones y a la prestación de los servicios que los ciudadanos demandan. También se abordó lo que hoy más preocupa y necesitan los ciudadanos, ésto es, la creación de empleo.

Quienes en la actualidad tenemos responsabilidades de gobierno municipal nos encontramos ante una encrucijada histórica. La gran reforma administrativa pendiente tras treinta y cinco años de vigencia de nuestra Constitución, es la del municipalismo español. Los ayuntamientos, pese a conformar la administración más cercana al ciudadano y la más conocida por éste, son los grandes olvidados. Con el tiempo han ido asumiendo día a día, gasto a gasto, competencias de otras administraciones insensibles con las necesidades ciudadanas más inmediatas. Un alcalde no puede dejar de atender aquello necesario que sus conciudadanos demandan y que no proporciona quien debe hacerlo. Así, sin la financiación adecuada, los municipios se han endeudado por otros en cuantías que, anualmente, vienen a representar aproximadamente un treinta por ciento de su presupuesto. Ahí es donde, fundamentalmente, hay que buscar la explicación del alto endeudamiento que los ayuntamientos sufren. No se trata de despilfarro, ni de mala gestión. Se trata de abandono por parte de unas administraciones de ámbito territorial superior, que han dejado a su suerte a los ayuntamientos y a sus alcaldes sin que éstos hayan caído en el error de persistir en aquel abandono de que son víctimas, y que sí han afrontado el compromiso de ser útiles a los ciudadanos de las ciudades que gobiernan, resolviendo sus problemas.

La inminente reforma legislativa de la administración local no puede incidir en errores. Deberá dejar resuelto para un largo periodo de tiempo la situación de los ayuntamientos españoles, sus competencias, la eliminación de duplicidades, la financiación de los servicios, la fiscalidad, y muchas, muchas más cuestiones. Luego, cada ayuntamiento deberá ser serio y responsable, sensible pero riguroso, en la tarea de gobierno que le corresponde para afrontar sus competencias con rigor presupuestario.

Ese rigor en presupuestar y cumplir después el presupuesto es un objetivo prioritario para el Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller. Con su llegada a la Alcaldía marcó a su equipo de gobierno unas directrices claras de contención de gasto corriente y de eliminación de gastos que, aún no siendo superfluos, pudieran ser en estos momentos de dificultad económica prescindibles. Fruto de ello es el logro de un ahorro de once millones de euros sobre un presupuesto de ciento setenta. Entre otras medidas, se han negociado a la baja los contratos y especialmente los de mayor cuantía y también todos los relacionados con arrendamientos de inmuebles para servicios a la ciudad.

La última y más reciente de estas medidas se ha adoptado esta pasada semana con un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Fundación Caja Castellón. El acuerdo ya suscrito beneficiará a ambas instituciones, pues se trata del arrendamiento de dos inmuebles emblemáticos propiedad de la Fundación -Edificio Hucha y Casa Abadía- al Ayuntamiento para reunir varios servicios municipales hasta ahora dispersos en distintos puntos de la ciudad y que ocupaban varios inmuebles arrendados. El Ayuntamiento mejorará la prestación de los servicios a los ciudadanos, mejorará las condiciones de trabajo del personal funcionario y ahorrará una importante cantidad de dinero. La Fundación dejará de asumir gastos de servicios y mantenimiento de los inmuebles y obtendrá recursos económicos muy necesarios en la coyuntura adversa actual. Los ciudadanos, sin duda, los más beneficiados. Austeridad y eficacia, buena gestión. Como debe ser.