Rafa Cerdá Torres. Abogado.
¡Qué pesados se han puesto nuestros queridos políticos!, a medida que la temperatura electoral va incrementándose por la próxima cita electoral del próximo día 20 de diciembre, los aspirantes a diputados y senadores se esfuerzan por ofrecernos toda un formidable elenco de promesas, destinadas a transformar nuestra sufrida vida de contribuyentes, en una plácida y cómoda existencia. No nos va faltar de nada: vivienda, trabajo, educación, sanidad, prestaciones y rentas a tutiplén,... de ahí a atar los perros con longanizas un paso.
Y claro está, como la gente suele disfrutar de buena memoria, ya estamos más que escarmentados de promesas que aseguran todo, luego no se aplican por culpa de la herencia que 'los otros' han dejado y a la hora de verdad, nada de nada. Pero esta campaña presenta una novedad respecto a convocatorias electorales precedentes: a modo de garantizar el cumplimiento de los programas de los distintos partidos, sus principales propuestas serán ‘constitucionalizadas’. ¿Qué se pretende conseguir?, conceder una protección jurídica adicional a cuestiones tan sensibles como la atención sanitaria y el derecho a la educación o la vivienda, de forma y manera que nunca sean objeto de recortes presupuestarios, tan conocidos por la ciudadanía a lo largo de estos últimos años.
¿Qué implica en la práctica? Nada absolutamente nada. Estos mismos que se llenan la boca con la Constitución, deberían primero leérsela, y ser posible detenidamente. La educación, la sanidad y la vivienda son materias que se recogen como derechos que asisten a todos los ciudadanos, y cuya consecución supone el principal objetivo de los poderes públicos. En cristiano: nos están vendiendo algo que ya tenemos desde 1978, año que se aprobó la Constitución.
Lo ‘cool’ en la clase política española es la ‘Reforma Constitucional’, la mayoría de la veces para engarzar promesas con consignas de partido sin una mínima consistencia, y cuyo recorrido no alcanza más allá de un mitin o el plató de una tertulia televisad, o bien para proponer un nuevo modelo territorial que jamás acaba de concretarse (unos como los socialistas alardean del federalismo y otros en trance de disolución ansían el retorno de las Mancomunidades regionales del principios del siglo XX) o incluso para no decir nada (los populares están abiertos a dialogar sobre la tan manida reforma sin una mínima indicación de cuáles son sus postulados).
La Constitución recibe un rango de norma suprema, y toda modificación que se quiera introducir a su contenido comportará una serie de mayorías reforzadas, exigiendo un criterio numérico muy superior a la mayoría absoluta. No tomen a los ciudadanos por tontos con promesas de reformas constitucionales que requieren de un consenso superior al de un simple programa político. Un tema tan serio como el modo en que un país afronta su modo de convivencia y la organización de sus instituciones, no deber ser rebajado al simple mercadeo electoral en el que nos vemos abocados, una suerte de ‘saldos y rebajas’ compuesto por un ‘¡me las quitan de las manos!’....
Un consejo: adquiera un ejemplar de la constitución, y léaselo. Comprobará que el mercado formado por nuestros políticos ofreciendo retóricas y grandilocuentes modificaciones del texto constitucional, está absolutamente de más. Más vale encauzar energías para su cumplimiento efectivo, y con la necesaria seriedad y diálogo, procedamos a su reforma. Pero hasta entonces, menos mercadeo y más rigor.
