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jueves, 28 de marzo de 2024 | Última actualización: 21:46

Fiscalización del uso de nuestra lengua

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Mercedes Ventura. Diputada autonómica de Ciudadanos por Castellón.

Hace un mes, el Consell publicó el borrador sobre un decreto para crear una oficina de derechos lingüísticos. Este decreto puede lanzar la idea de que los valencianos y las valencianas somos intolerantes con nuestra propia lengua autóctona y por ello el Consell se ve obligado a crear una oficina para fiscalizar que no se produzca tal vulneración. Sinceramente, es una idea alarmante que me pone los cabellos de punta pensar que existe tal discriminación entre los valencianos hablantes. Tengo que confesar que mi interés como valenciana me llevó a conocer cuántas denuncias o quejas existían en cuanto a la vulneración de los derechos lingüísticos, entendiendo que sacar este decreto no era un tema baladí.

Me encontré con 82 quejas formuladas en materia de vulneración del derecho lingüístico en el último año, equivalentes al 0,58 por ciento de la totalidad que recibe el Síndic de Greuges, frente a 5.259 quejas que ha recibido en materia educativa, que en términos porcentuales es de un 37,16 por ciento y situando la Conselleria de Educación  en el primer lugar en el ranking de las quejas que le llegan a la Sindicatura. Es cierto que existen reclamaciones y que hay que darles solución, pero solicito al señor Marzà que no haga de la excepción una norma y que se centre en dar solución a las más de 5.000 denuncias que han llegado al Sindic de Greuges.

No obstante, desde Ciudadanos, compartimos que hay que velar por el derecho a expresarnos en valenciano, pero también en castellano porque no olvidemos que ambas lenguas son oficiales en nuestra Comunidad, así lo recoge el artículo sexto de nuestro Estatuto de Autonomía. Pero con este decreto, se impone la superioridad de una lengua sobre otra e invita a resucitar los viejos fantasmas que avivan el enfrentamiento entre los valencianos y valencianas y no contribuye a dar cumplimiento al Estatuto de Autonomía.

Si el Consell desea hacer una política constructiva que una a los ciudadanos, debe garantizar una óptima convivencia entre las dos lenguas oficiales que se hablan en nuestro territorio y no imponer una idioma sobre otro, y menos en el ámbito privado. Estoy de acuerdo con que hay que  sancionar cualquier falta de respeto, pero hacia ambas lenguas, tanto el valenciano como el castellano. Pero lamento decirles que este decreto además de olvidarse de parte de la población, adolece absolutamente de tipicidad porque se desconoce qué criterios o conductas serán consideradas como vulneración de derechos lingüísticos y qué sanciones se van a imponer. Estas son algunas de las preguntas que me gustaría que fueran respondidas por el Consell.