Pascual Montoliu. Ha sigut capellà, professor d'antropologia i teologia, i tècnic comercial.
En La Coruña los bomberos se han negado a abrir la puerta de una vivienda objeto de un desahucio judicial. El argumento es contundente: los bomberos están para las emergencias y no para salvaguardar el patrimonio de los bancos, en contra de los ciudadanos indefensos. Tienen razón. No por ser un servicio público de seguridad ciudadana son por ello un cuerpo policial. El hecho es que se han negado a colaborar con el juez. Ahora viene aquello de la denegación de auxilio a la justicia, que según los leguleyos es un delito. Parece que la práctica va a extenderse entre los bomberos de otras ciudades, ya que la autoridad judicial ha tenido que recurrir a sus servicios ante la avalancha de desahucios, que pasan ya de los cien mil en un año.
¿Acaso no hay otras soluciones alternativas al desahucio? Cuando ante la grave crisis financiera que asola Europa se opta por aplazar los problemas, alargar la agonía, endeudarse para pagar la deuda y seguir incrementándola, ¿qué impide arbitrar medidas menos traumáticas que un desahucio? Los juristas saben que una cosa es la posesión de un bien y otra su propiedad. Ante un fallido se cuestiona naturalmente la propiedad; de modo que el banco bien podría ejecutar la hipoteca sin necesidad de desalojar al expropietario y dejarlo en status de inquilino. Quede aquí apuntado como interrogante.
A lo que íbamos. Los bomberos se rebelan y aducen hasta objeción de conciencia. Y a solas se queda el juez con un palmo de narices. Es lo que hay. Cuando ni el Estado, sea gobierno central o autonómico, ni cumple ni hace cumplir las sentencias del Supremo o del Constitucional, todo ya nos está permitido a los ciudadanos. Lo hemos visto en Cataluña donde se han pasado por el forro los dictámenes del Constitucional sobre determinados artículos del Estatut, y ayer mismo vimos cómo el gobierno central, en vez de cumplir la sentencia del Supremo sobre la nulidad de la concesión de Canales que otorgó Zapatero, se dedica a marear la perdiz y, en vez de ejecutarla ya, la usa en beneficio propio para controlar a los medios. O saca una ley ad casum para que Alfredo Saenz, mano derecha de Botín, pueda seguir de banquero cuando por sentencia judicial y posterior anulación del Supremo está inhabilitado para ello. Lo de siempre. Jueces y gobernantes se dedican a ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Pero más grave que este agravio comparativo es la quiebra del estado de derecho, que quienes gobiernan son los primeros obligados a defender y, en cambio, son los primeros en enterrar.
Con tan mal ejemplo y el progresivo deterioro de la situación económica, con la corrupción instalada en todas las instituciones del estado, con los bancos extorsionando a deudores y proveedores –es sangrante el timo de las preferentes-, con unos partidos políticos desprestigiados y carcomidos por mordidas y luchas intestinas tenemos todos los ingredientes para un estallido social jamás conocido por las generaciones presentes de españolitos. La rebelión de los bomberos es otro síntoma de lo que se prepara. Estamos ya instalados en un estado de anomia.
