Miguel Barrachina. Vicepresidente del área económica de la Diputación de Castellón.
La Diputación de Castellón, durante 2012, pagó en 27 días de media –record nacional-, redujo su endeudamiento neto en 15.565.970 €, aumentó su ahorro presupuestario en un 60%, alcanzando los 23 millones, y tuvo el menor número de modificaciones y la mayor ejecución de sus previsiones de la última década.
Este es el testimonio numérico que acredita el excelente trabajo de los seiscientos empleados de la Diputación en el primer año presupuestario de Javier Moliner, y que manifiesta que es una institución que está presente en el nuevo modelo administrativo desde el primer minuto de juego.
El nuevo sector público que se alumbra en España es ya más reducido pero más eficiente, solvente y de mayor calidad que el de hace solo quince meses.
La nueva arquitectura legal española ha permitido, merced a la reforma laboral y a la nueva ley de estabilidad presupuestaria, que en España haya 300.000 empleados públicos menos y que las prestaciones públicas sean mayores. En la Diputación, en este ejercicio, contaremos con cincuenta trabajadores menos que al inicio de la legislatura, que prestan a los municipios nuevos servicios de recaudación, redacción de proyectos, mantenimiento o central de compras.
Además, la más exigente normativa nacional ha hecho que el conjunto de los ocho mil ayuntamientos haya reducido a la mitad su déficit y contenido su endeudamiento. La Diputación, cuando termine este ejercicio, habrá reducido en 37 millones de euros, de 140 a 103, la deuda con la que se inició la legislatura.
El saneamiento es condición indispensable para prestar mejores servicios a nuestros vecinos y que estos sean de calidad y estables en el tiempo. Por ello hay que celebrar que las administraciones hayan reducido el periodo medio de pago de 162 a 141 días, y que nuestra institución lo haya hecho de 59 a 27 días, lo que supone que hemos pasado de pagar, en 2011, tres veces más rápido que la media, a cinco veces antes en el último año.
Toda crisis supone la acumulación de errores de los agentes económicos, públicos y privados, al concentrar excesivos recursos en sectores incapaces de mantenerlos. En España, junto a la construcción, el financiero y sector público son los que acumulaban una capacidad excesiva, que ahora se está ajustando. La reducción en 2012 de los gastos corrientes de la Diputación de 16,6 a 12 millones y del de personal de 1,9 millones responde a esta necesidad.
La crisis es, sencillamente, el tiempo que dura el ajuste, el de la construcción ya está hecho, y el financiero y el del sector público, que comenzó con cuatro años de retraso, si se mantiene el esfuerzo, tocarán pronto a su fin.
