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viernes, 19 de abril de 2024 | Última actualización: 18:08

Castelló condena la ocupación de las viviendas sociales y los problemas de convivencia en Obispo Salinas

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López apuesta por la mediación y acompañamiento, mientras vivienda contratará un servicio de control de los pisos públicos 

El Ayuntamiento de Castelló condena la ocupación ilegal de viviendas, y los problemas de convivencia que se dan en algunas de las viviendas sociales municipales. El portavoz del equipo de Gobierno ha apostado por el control de estas viviendas y los sistemas de mediación y acompañamiento desde las oficinas de viviendas y Servicios Sociales para dar soluciones. Por su parte, la concejal de Vivienda ha anunciado la contratación de un servicio de control de los pisos públicos.

Esperanza Molina/ Castellón Información

Las viviendas sociales de Obispo Salinas en Castelló: tierra de nadie con agresiones, amenazas y venta de droga

El portavoz del equipo de Gobierno, anterior concejal de Bienestar Social, José Luís López, ha reconocido la existencia de problemas de convivencia en las viviendas sociales municipales de Obispo Salinas, y la ocupación ilegal de algunos de los inmuebles del ayuntamiento, tanto en este barrio como en otros, como los situados en Huesca y Martínez Tena.

En respuesta a las preguntas de Castellón Información, el concejal ha admitido la existencia de enfrentamientos vecinales en la zona de Obispo Salinas, las situaciones extremas que viven muchos vecinos, e incluso la intervención de la Policía Local en varias ocasiones, en puntos en los que se presume que se podría estar traficando con sustancias ilegales.

Son situaciones lamentables, ha declarado José Luís López, que no se pueden alentar y en las que, además hay menores y se debe velar por ellos.

La ocupación de viviendas no es solo un problema municipal, también lo sufren otros ciudadanos y otras instituciones que tienen viviendas sociales.

El objetivo es establecer un mayor control sobre estas viviendas para evitar su ocupación, regularizar la situación en que se encuentran los inquilinos de las viviendas municipales, y, sobre todo, establecer tareas de mediación social y acompañamiento, a través de Servicios Sociales y la oficina de la Vivienda, para reestablecer la convivencia en las zonas más conflictivas.

Contratación de servicio de control para pisos públicos

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Por su parte, la concejal de Vivienda, Mª Jesús Garrido, ha anunciado la contratación de un servicio de control para los pisos públicos. Según ha destacado Mª Jesús Garrido, la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló impulsará en enero la primera medida de envergadura para reforzar la gestión y la inspección de las viviendas municipales. Contratará un servicio por un tiempo de dos años y un coste por anualidad de 180.000 euros que mejorará el control de los pisos públicos. Este contrato estará en marcha hasta que finalicen las restricciones que existen hasta 2023 por la Ley Montoro a la hora de crear una posible entidad pública de vivienda.

“En la pasada legislatura se dieron los primeros pasos para poner en marcha una política de vivienda y atender las viviendas municipales después de décadas de olvido de los gobierno del PP. De 2015 a 2019 se constituyó la Oficina Municipal de Vivienda y se realizaron algunas rehabilitaciones en las viviendas municipales con el programa de Jornals de Vila. Ahora damos un paso más con un nuevo servicio que se encargará de respaldar a la Oficina Municipal de Vivienda en la labor de intermediación social y que hará un trabajo de inspección para comprobar si hay viviendas vacías, ocupaciones irregulares e impagos”, explica la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido.

La regidora señala que su pretensión última es poner en marcha una entidad pública de vivienda que propicie una cobertura integral de las políticas de vivienda “pero esta iniciativa no será posible hasta 2023 por culpa de la Ley Montoro. “No podemos esperar y por eso licitaremos en enero este nuevo contrato de apoyo a la gestión de las viviendas municipales.

El contrato pretende estimular los recursos potenciales de las personas beneficiarias de las 227 viviendas municipales, optimizar la interacción de las familias con su entorno relacional, prevenir y reducir los efectos de cronificación, mejorar las condiciones de vida de los inquilinos, reducir los riesgos de exclusión social, potenciar la inserción social, y prevenir causas y factores que generan sus problemáticas.