El equipo jurídico y 28 voluntarios, formados específicamente para la ocasión, asesoran a personas migrantes que se dirigen a la entidad en busca de información sobre el recién iniciado proceso extraordinario de regularización.
En este sentido, Cáritas Diocesana ha diseñado un plan de actuación orientado a facilitar el acceso a la información y acompañar a las personas migrantes durante todo el procedimiento.
En esta línea, Cáritas Diocesana ha constituido un grupo específico de voluntariado, integrado actualmente por 28 personas, encargado de apoyar la recopilación de documentación, la tramitación de expedientes y la presentación de solicitudes a través de los canales habilitados.
Análisis y formación
Entre las principales acciones, la entidad ha priorizado la información veraz y rigurosa para evitar la generación de falsas expectativas. Asimismo, se han desarrollado sesiones formativas dirigidas al voluntariado de las Cáritas parroquiales, con el objetivo de garantizar una adecuada orientación a las personas que acuden a los servicios de acogida.
Esta misma semana, el equipo de jurídico de Cáritas Diocesana ha organizado una jornada formativa para personal y voluntarios de la entidad con el objetivo de compartir información y analizar el alcance definitivo de esta nueva regulación para favorecer una comprensión común.
Confianza y diligencia
El acompañamiento incluye también el seguimiento continuo de cada expediente y la resolución de posibles incidencias hasta la finalización del proceso.
El director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, Francisco Mir, señala que “en Cáritas procuramos actuar con la máxima diligencia y responder a la
confianza que depositan en nosotros las personas migrantes, siendo conscientes de las dificultades en las que se encuentran muchas de ellas”.
Cáritas Diocesana ha reiterado su respaldo al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, sumándose así a la postura compartida por las principales instituciones de la Iglesia Católica.
Medida inexcusable
Francisco Mir, considera que esta medida es “no solo conveniente y necesaria, sino inexcusable”, al responder a un triple fundamento: el mandato evangélico de acogida y dignificación de las personas migrantes, la justicia social y la defensa de los derechos humanos.
Cáritas subraya que muchas de las personas en situación administrativa irregular pueden contribuir activamente al desarrollo económico y social, especialmente en sectores con alta demanda laboral, además de reforzar el sistema de protección social. Asimismo, recuerda que la dignidad de toda persona, independientemente de su origen o condición, debe ser respetada y garantizada.
Vulnerabilidad y discriminación
La irregularidad administrativa coloca a las personas que residen en España en una situación de fuerte vulnerabilidad, ya que limita gravemente su acceso a derechos básicos y las expone a múltiples formas de discriminación.
Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, casi nueve millones de personas migrantes viven en nuestro país. La situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social.
Según los últimos datos publicados por Cáritas Española, el 47% de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas. Una cifra que no para de crecer desde 2019. Al final, la irregularidad no solo limita la autonomía personal, sino que genera un círculo de invisibilidad y desprotección que afecta a toda la convivencia social.
