Conselleria oferta 1.607 plazas, de las cuales 1.590 corresponden a 33 de Secundaria, seis de EOI, 2 para música, 7 para FP y 2 para profesores de artes plásticas
La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha llegado a un acuerdo con los miembros del comité de huelga de los tribunales de oposición, pertenecientes al sindicato STEPV y Consejo Sindical Obrero, para que las oposiciones de Secundaria, sectores singulares de FP, EOI, música, artes escénicas, plásticas y diseño sigan su proceso y se desarrollen este sábado 31 tal y como estaba previsto.
El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, se ha reunido con representantes de los sindicatos convocantes del paro, con quienes ha convenido que la dedicación semanal de los miembros de los tribunales excede las 37,5 horas y, en consecuencia, las gratificaciones por asistencia se abonarán sin necesidad de acreditar que han actuado en sesión vespertina.
El director general de Personal Docente ha señalado que, gracias al acuerdo, “las más de 18.000 personas que se presentan a las oposiciones podrán hacerlo con normalidad en la segunda prueba”. La primera de las pruebas tuvo lugar el sábado 24 de mayo.
Los aspirantes de esta convocatoria son evaluados por 300 tribunales integrados por 1.500 docentes. Estas personas perciben, adicionalmente a su salario mensual, las retribuciones establecidas en el Decreto 7/2023, de 27 de enero, del Consell por el que se modifica el anexo del Decreto 24/1997, de 11 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios.
De este modo, Pablo Ortega ha señalado que la Conselleria de Educación “siempre ha mostrado voluntad de diálogo con las organizaciones sindicales, que han solicitado este cambio reiteradamente en las mesas sectoriales”. De igual manera, ante las dificultades del actual modelo de oposiciones, se está negociando un nuevo sistema que libere a los miembros de los tribunales de sus funciones docentes, sustituyéndolos en sus centros, mientras dura el proceso selectivo.
En este proceso selectivo, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo oferta un total de 1.607 plazas, de las cuales 1.590 corresponden a 33 especialidades de Secundaria, seis de EOI, dos para profesores de música, siete para sectores singulares de FP y dos para profesores de artes plásticas.
El TSJ anula una adjudicación de plazas en oposiciones de Infantil
En otro orden de cosas, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha estimado el recurso contencioso interpuesto por una afiliada de ANPE frente a la adjudicación de plazas realizada en el procedimiento selectivo para ingreso en el cuerpo de maestros de la especialidad de Educación Infantil, convocado por la Orden 45/2021 de la Conselleria de Educación.
La sentencia declara la nulidad de la resolución administrativa por la que se desestimó su reclamación, al considerar que la distribución de plazas entre tribunales no se ajustó a los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia, recogidos tanto en el artículo 55 del TREBEP como en el artículo 60 de la Ley de Función Pública Valenciana.
La opositora, que obtuvo una puntuación superior a otros aspirantes que sí resultaron seleccionados, quedó excluida al asignarse a su tribunal solo dos plazas en el reparto de las sobrantes del turno de personas con diversidad funcional, mientras que otros tribunales con idéntico número de participantes recibieron tres. La resolución administrativa justificó el reparto aplicando un supuesto criterio de desempate basado en una fórmula no prevista en las bases ni comunicada previamente.
El TSJCV concluye que dicho método “no puede considerarse aleatorio ni transparente” y que su aplicación posterior vulnera el derecho a la seguridad jurídica y a la igualdad en el acceso a la función pública. La sentencia cita jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige que los criterios de valoración y desempate sean establecidos con anterioridad y debidamente publicitados.
Desde ANPE celebramos esta importante resolución, que reconoce el derecho de nuestra afiliada y sienta un precedente relevante en defensa de los principios constitucionales que deben regir todos los procesos selectivos.
La sentencia, dictada el 22 de mayo de 2025, impone las costas a la Administración autonómica y aún no es firme, estando sujeta a recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
