La perspectiva del tiempo suele ser un juez implacable con las narrativas oficiales. Cuando una crisis se analiza bajo el calor del momento, las soluciones tienden a simplificarse para no alterar la corrección política. Sin embargo, a medida que caen las piezas del dominó de la información, la realidad se impone: lo vivido hace unos meses en las fronteras de Ceuta no fue una simple crisis migratoria y humanitaria.
Fue, con todas las letras, una agresión organizada, un episodio de guerra híbrida diseñado minuciosamente por nuestro país vecino.
Asimilar este cambio de paradigma es el primer paso obligatorio, porque el diagnóstico determina la medicina. No nos enfrentamos únicamente a un flujo descontrolado de personas en busca de un futuro; nos enfrentamos a una operación que incluyó unidades navales de guerra, técnicas de guerra electrónica, drones, militares infiltrados y el bloqueo deliberado de las comunicaciones de la ciudad. Cuando un Estado utiliza este despliegue tecnológico y operativo para desestabilizar la soberanía de otro, la respuesta ya no puede gestionarse exclusivamente desde la solidaridad, auxilio humanitario o la administración ordinaria. Exige la contundencia y los recursos de un Estado de derecho que se sabe agredido.
El principal obstáculo para articular una respuesta eficaz sigue siendo el apagón informativo. Meses después, seguimos sumidos en la hipótesis del no saber. Se defienden cifras políticas de entre diez y doce mil de los que se han quedado cuando la realidad ya camina holgadamente por encima de las dieciocho mil. Sin una auditoría real y transparente de cuántos cruzaron y cuántos permanecen en la ciudad, cualquier plan de contingencia nace cojo.
Para defender eficazmente Ceuta es urgente reorientar de forma drástica la inversión pública. Los millones destinados a seguridad y planes de choque deben priorizar la soberanía operativa. La primera medida estructural pasa por modificar el concepto de las instalaciones de acogida temporal: deben reconvertirse en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) bajo un estricto paraguas legal. El internamiento preventivo de hasta 60 días —avalado jurídicamente por jueces y fiscales de garantías designados a través del Tribunal Superior de Justicia, emulando precedentes exitosos como el de Archidona en 2017— resolvería de golpe la mayor parte de la problemática de inseguridad callejera en la ciudad.
Por supuesto, un control de este calibre exige músculo policial. Y al policía no se le puede pedir heroísmo si se le condena a la precariedad. Era imprescindible haber podido crear alojamientos estables y dignos dentro de los propios cuarteles militares mediante fórmulas creativas, como pueden ser los módulos habitacionales (mobil homes) de calidad. Ofrecer alojamiento gratuito a los agentes de las Unidades de Intervención Policial, Extranjería y Policía Científica no solo optimiza sus raquíticas dietas, sino que asienta una plantilla fija, motivada y especializada. Con las fuerzas de seguridad dignificadas y los inmigrantes plenamente filiados en recintos seguros, la maquinaria administrativa de expulsión, tramitación de asilo y retorno —incluido el complejo frente de los menores— ganaría la velocidad y la pulcritud jurídica necesarias para evitar posteriores reveses judiciales de recursos masivos.
Una respuesta de esta magnitud habría necesitado, idealmente, de una ley de devolución inmediata que, seguro, hubiese contado con el respaldo unánime de las fuerzas parlamentarias y la validación de Bruselas. Sin embargo, si la tibieza política impide legislar a tiempo, no debemos olvidar que nuestra arquitectura constitucional ya prevé mecanismos para protegernos de las amenazas modernas.
Cuando la presión en la frontera deja de ser un drama social para convertirse en un acto de agresión cuasi-bélico, el artículo 116 de la Constitución y las herramientas del estado de sitio dejan de ser conceptos teóricos de manual de derecho. Son recursos legítimos de autodefensa. Un Estado democrático no es un Estado indefenso; la verdadera irresponsabilidad es empeñarse en apagar un incendio estratégico con las herramientas de una incidencia ordinaria.
