La moción de Vox que está presentando en los pueblos de Castellón de combina datos falsos, jurisprudencia mal citada y una teoría conspirativa para pedir medidas que los tribunales ya rechazaron
Hay mociones que merecen un debate serio y mociones que merecen una autopsia. La que VOX ha presentado bajo el pomposo título de "Iniciativa Coordinada sobre la Prioridad Nacional" pertenece a la segunda categoría. No porque sus autores carezcan de habilidad retórica —la tienen, y bien entrenada—, sino porque cuando se examina con rigor, el edificio se cae por sus propios cimientos.
Conviene ir por partes.
Los números que no cuadran
El documento afirma que la población extranjera en España supera "ampliamente el veinte por ciento". El Instituto Nacional de Estadística, en su Padrón Municipal de 2024, la sitúa en torno al quince o dieciséis por ciento. No es un matiz menor: es el primer dato que aparece en el texto y ya es incorrecto. Cuando una argumentación arranca con una cifra inflada en varios puntos porcentuales, conviene leer el resto con lupa.
Las estadísticas de criminalidad que se manejan adolecen del mismo problema. Los incrementos que se citan —un 215% en agresiones sexuales, un 77% en homicidios en grado de tentativa— se presentan en bruto, sin el contexto que los hace inteligibles. Una parte significativa de ese aumento estadístico responde a cambios en los criterios de registro policial y, sobre todo, a un incremento histórico de las denuncias. Que más víctimas se atrevan a denunciar es exactamente lo que cualquier política criminal debería perseguir; convertirlo en argumento de alarma social es una manipulación. El dato que VOX omite es este: España tiene una de las tasas de homicidio más bajas de Europa occidental, 0,6 por cada cien mil habitantes, por debajo de la media del continente.
Lo que ya intentaron y los tribunales tumbaron
La propuesta más llamativa de la moción —restringir el acceso al sistema sanitario a los inmigrantes en situación irregular— no es nueva. El Partido Popular la ejecutó en 2012 mediante el Real Decreto-Ley 16/2012. El Tribunal Constitucional la anuló en su sentencia 139/2016. Proponer exactamente lo mismo una década después no es audacia política; es ignorar la jurisprudencia constitucional vigente.
Lo mismo ocurre con la negación de asistencia jurídica gratuita en procedimientos de expulsión. El artículo 24 de la Constitución garantiza la tutela judicial efectiva a toda persona, sin distinción de nacionalidad ni de situación administrativa. El Tribunal Constitucional lo ha reiterado en múltiples ocasiones. No hay interpretación posible que permita lo que la moción propone.
Y luego está la "remigración masiva", el concepto estrella. Las expulsiones colectivas están prohibidas expresamente por el Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y por la Directiva de Retorno de la Unión Europea, que exige procedimientos individualizados con garantías procesales. España no puede hacer esto ni aunque tuviera la voluntad política de intentarlo.
La trampa de citar mal al Tribunal Constitucional
Hay un momento especialmente revelador en el texto: cuando sus autores invocan la STC 107/1984 para justificar la discriminación en el acceso a servicios públicos según la nacionalidad. El problema es que esa sentencia dice exactamente lo contrario. Establece que los derechos fundamentales —salud, tutela judicial, educación— no pueden restringirse por razón de nacionalidad. La moción usa como escudo jurídico la sentencia que la condena. Es difícil saber si estamos ante un error o ante la apuesta por que nadie compruebe la cita.
El colapso tiene otras causas, y están documentadas
La moción atribuye el deterioro de los servicios públicos a la inmigración. La OCDE, la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas atribuyen ese deterioro a décadas de infrafinanciación, a los recortes ejecutados entre 2010 y 2018, al envejecimiento de la población española y a la escasez estructural de personal sanitario. Ninguno de esos informes señala la inmigración como causa del colapso.
Hay además una incongruencia que el texto no puede resolver: si se expulsara a todos los inmigrantes que "no contribuyen" —como propone la moción—, habría que definir primero quién contribuye y quién no. La AIReF y el Banco de España llevan años advirtiendo de que sin las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores inmigrantes, el sistema de pensiones es inviable a medio plazo. VOX propone expulsar precisamente a quienes lo sostienen.
Una teoría sin respaldo científico
El punto más grave del documento es su asunción explícita de la llamada "teoría del gran reemplazo": la tesis de que existe una sustitución deliberada y progresiva de la población española por población inmigrante. Ningún demógrafo serio avala esta tesis. El descenso de la natalidad en España tiene causas perfectamente documentadas: el precio de la vivienda, la precariedad laboral, el retraso en la emancipación y los cambios en los modelos de familia. Son fenómenos compartidos con todos los países de Europa occidental, tengan o no inmigración significativa.
Para sostener la tesis del "reemplazo deliberado", la moción cita una declaración de Irene Montero descontextualizada. Lo que Montero dijo era una crítica irónica hacia quienes usan esa teoría como argumento político. Presentarla como confesión de un plan de sustitución demográfica es, sencillamente, deshonesto.
La conclusión que el texto no quiere sacar
Esta moción tiene una contradicción estructural que la atraviesa de principio a fin. Por un lado, exige expulsar a quienes "no contribuyen a la economía". Por otro, propone restringirles el acceso al trabajo legal, empujarles a la irregularidad mediante políticas de exclusión y luego sancionarles por estar en situación irregular. Es una trampa circular de la que sus propios autores no pueden salir.
Defender el Estado de bienestar de los españoles es un objetivo legítimo y necesario. Pero hacerlo sobre datos falsos, con jurisprudencia mal citada, mediante propuestas que los tribunales ya han rechazado y apoyándose en una teoría conspirativa no es defender nada. Es construir un relato para el miedo, no una política para el futuro.
Los tribunales, cuando llegue el momento, volverán a decirlo con la frialdad del derecho. Pero conviene que la ciudadanía lo sepa antes.
