La borrasca Harry no entiende de siglas ni de administraciones. Arrasó nuestra costa y dejó tras de sí más de 1,5 millones de euros en daños, según los informes técnicos municipales. Paseo deteriorado, pérdida de arena, infraestructuras afectadas y, sobre todo, la sensación de que nuestro litoral vuelve a quedar expuesto y desprotegido.
Lo que sí entiende de decisiones políticas es la respuesta posterior. Y ahí es donde Almassora ha vuelto a encontrarse con el silencio y el olvido del Gobierno de Pedro Sánchez, que nos ha excluido en la declaración de municipios afectados que necesitan ayudas urgentes. Una exclusión difícil de explicar cuando los daños están perfectamente acreditados y documentados.
No estamos hablando de una estimación interesada ni de una reivindicación partidista. El pleno municipal aprobó por unanimidad solicitar la declaración de zona gravemente afectada. Hemos remitido toda la documentación al Ministerio. Hemos cumplido con cada trámite exigido. Hemos hecho nuestro trabajo. Lo que exigimos ahora es que el Gobierno haga el suyo.
Un municipio no puede asumir en solitario las consecuencias económicas de un temporal de esta magnitud. No es razonable ni justo. Cada euro que destinamos a reparar daños que deberían contar con apoyo estatal es un euro que dejamos de invertir en servicios, en mejoras y en oportunidades para nuestros vecinos.
Frente a esta falta de respuesta, quiero reconocer la actitud constructiva y la predisposición mostrada por la Dirección General de Costas de la Generalitat y por el director general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Adrián Casabó. Han visitado nuestra playa, han comprobado in situ la magnitud de los desperfectos y han tendido la mano para agilizar trámites y buscar soluciones. Esa es la diferencia entre la implicación y la indiferencia.
La regeneración de Pla de la Torre, valorada en 8,8 millones de euros, sigue pendiente en fase de impacto ambiental. Entendemos que los procedimientos administrativos son complejos, pero no podemos aceptar que se conviertan en una excusa permanente para no actuar. Cada día de retraso es un día más de regresión en nuestra costa.
Almassora no pide privilegios. Pide justicia. Pide el mismo trato que otros municipios afectados por temporales. Pide que los informes técnicos se tengan en cuenta y que los daños reales no se minimicen ni se ignoren.
Como alcaldesa, no voy a resignarme al olvido. Seguiré reclamando, insistiendo y defendiendo los intereses de nuestros vecinos donde haga falta. Porque proteger nuestra playa no es una opción política: es una obligación institucional y moral. Y Almassora merece respeto, apoyo y soluciones, no silencio.
