Los litigios judiciales no solucionan los problemas de los vecinos y plantean situaciones difíciles de resolver
El Informe jurídico encargado por el ayuntamiento de Castellón a un despacho privado de abogados, respalda a la entidad municipal en su gestión de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del 2000, anulado por el Tribunal Superior de Justicia y recurrido tanto por el ayuntamiento como por la Consellería de Infraestructuras. Este informe solo aporta tranquilidad al ayuntamiento en cuanto a su gestión, pero no supone nada más y será el Tribunal el que tenga la última palabra. En cualquier caso, las resoluciones judiciales llegan con años de retraso, y además de no solucionar los problemas originales que dieron lugar al litigio, plantean incongruencias en el desarrollo de Castellón, difíciles de resolver.
La situación económica actual y los cambios sucesivos de legislación, dan al traste con muchas de las previsiones urbanística de la ciudad, sobre las que, además, pesan litigios judiciales que se resuelven al cabo de los años, a veces de forma contradictoria entre unos tribunales y otros.
Esta situación se da en temas como la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, surgido a raíz de protestas vecinales con la urbanización de la zona sur colindante al bulevar ferroviario; o a la urbanización del área de Els Mestrets, situada en la zona oeste de la ciudad.
En lo que respecta al Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 2000 y recurrido por los vecinos, pesa sobre el mismo una sentencia de anulación, que ha sido recurrida por el ayuntamiento de Castellón y la Conselleria de Obras Públicas.
El equipo de gobierno del ayuntamiento ha sostenido siempre, que las sentencias no dictaminaban sobre el fondo de la cuestión, la revisión del Plan, sino sobre la forma, ya que se amparaba en una Ley del suelo, la RAU, que fue cuestionada posteriormente, por lo que, según alegaba el ayuntamiento, se procedió a adaptar el Plan a la nueva normativa, y a exponerlo al público tantas veces como el tribunal lo solicitó.
A falta de que el tribunal se pronuncie sobre este último recurso, el ayuntamiento de Castellón solicitó al despacho de abogados Gómez Acebo y Pombo, un informe jurídico que respaldara su gestión.
Según ha informado el concejal delegado de Urbanismo, Miguel Angel Mulet, el informe jurídico realizado por el despacho de abogados Gómez Acebo y Pombo y firmado por el catedrático de Derecho Administrativo, Juan Santamaría, sobre el PGOU, confirmaría que el ayuntamiento de Castellón siempre ha actuado “conforme ha exigido el Tribunal Supremo y nadie puede decir que no se ha realizado todo lo que ha pedido el Alto Tribunal”. El documento avalaría las actuaciones realizadas por el consistorio y los técnicos municipales.
Además, indicó Mulet, el documento ratificaría que el Tribunal Supremo realizó sus apreciaciones basándose en un defecto de forma y no de fondo de este documento urbanístico, y resaltaría, a favor del ayuntamiento, que la actividad urbanística en la ciudad no está paralizada.
El Supremo anula la sentencia del Superior de Justicia sobre Els Mestrets
Otra historia judicial que llega tarde y resuelve poca cosa, es la que se refiere al sector de Els Mestrets.
Sobre este particular, una sentencia emitida por el Tribunal Supremo en la sala de lo Contencioso Administrativo, daría la razón al recurso de Casación interpuesto por la Generalitat Valenciana en lo concerniente a la urbanización de la zona oeste de la ciudad, conocida como sector 27.
Esta urbanización fue protestada por los vecinos cuando el ayuntamiento decidió urbanizar la zona, con la creación de una zona dotacional, y solares para vivienda de precio tasado, actuando sobre el valor del suelo. El Tribunal Superior de Justicia acabó estimando en parte el recurso de los vecinos. Pero el Tribunal Supremo, ha observado defectos en la sentencia anterior, por lo que la anula y pide que se vuelva a plantear la cuestión a las partes, al estado en que se encontraba antes de su emisión en el 2009.
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Esta sentencia ahora resuelve pocas cosas, porque la realidad de la zona no se parece en nada a lo que fue. Con el desplome de la burbuja inmobiliaria, la regresión demográfica, la caída de la demanda inmobiliaria, y la falta de dinero para acometer actuaciones de ningún tipo, el sector 27 se encuentra ahora en tierra de nadie.
