La organización agraria propone a la Generalitat 1.000 euros por explotación y otros 300 por hectárea tras perder la Comunitat Valenciana más de 5.000 hectáreas de viñedo en una década
LA UNIÓ Llauradora ha reclamado a la Conselleria de Agricultura una ayuda extraordinaria de 1.000 euros por explotación más 300 euros por hectárea de viñedo, con un límite máximo de 6.000 euros por beneficiario, para los viticultores profesionales de la Comunitat Valenciana.
La organización agraria plantea esta medida ante lo que considera un difícil inicio de la campaña vitícola, después de detectar, según asegura, primeras ofertas de compra de uva que en algunos casos estarían por debajo de los precios de la pasada campaña.
LA UNIÓ sostiene que unos precios insuficientes agravarían los problemas de rentabilidad de las explotaciones debido al incremento de los costes de producción, la evolución de los mercados y los episodios meteorológicos adversos registrados durante los últimos años.
La organización, sin embargo, no concreta en su comunicado los precios ofrecidos actualmente por kilo de uva ni su diferencia respecto a la campaña anterior, unos datos necesarios para dimensionar el alcance de la caída que denuncia.
Más de 5.000 hectáreas de viñedo menos en diez años
La reclamación llega en un contexto de reducción de la superficie dedicada al cultivo de la vid en la Comunitat Valenciana.
Según los datos del Registro Vitícola citados por LA UNIÓ, la superficie ha pasado de 60.031 hectáreas en 2015 a 55.019 en 2025. Esto supone la desaparición de 5.012 hectáreas en una década, alrededor de un 8,3%.
La organización agraria relaciona esta evolución con las dificultades económicas del sector y advierte de sus posibles efectos sobre la actividad de cooperativas y bodegas, el empleo y el relevo generacional en las comarcas productoras.
También vincula el mantenimiento de los viñedos con la actividad económica y la gestión del territorio en las zonas rurales del interior de la Comunitat Valenciana.
1.000 euros por explotación y 300 por hectárea
La propuesta trasladada a la Generalitat establece una cuantía inicial de 1.000 euros por explotación, a la que se sumarían 300 euros por cada hectárea de viñedo, hasta alcanzar un máximo de 6.000 euros por viticultor.
LA UNIÓ pide que la eventual convocatoria disponga de presupuesto suficiente para cubrir a todos los agricultores que cumplan los requisitos y evitar que las cuantías se reduzcan mediante prorrateos.
La organización propone además concentrar las ayudas en los viticultores profesionales. Entre los criterios que plantea figuran ser titular de una explotación prioritaria o estar dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social por el ejercicio de la actividad agraria.
El vicesecretario general de LA UNIÓ, Luis Javier Navarro, defiende que las ayudas deben dirigirse prioritariamente a los agricultores cuya actividad económica depende de la continuidad de sus explotaciones.
LA UNIÓ utiliza el precedente de La Rioja
La organización recuerda que ya solicitó en diciembre de 2025 una ayuda extraordinaria a la Conselleria de Agricultura ante la pérdida de rentabilidad que atribuía entonces al sector vitícola valenciano.
Ahora utiliza como referencia una ayuda excepcional aprobada por el Gobierno de La Rioja con fondos propios para mantener la actividad agraria profesional.
LA UNIÓ no propone reproducir exactamente ese modelo, sino utilizarlo como precedente para que la Generalitat diseñe una línea específica para los viticultores valencianos.
Navarro considera que la existencia de ayudas autonómicas en otras comunidades demuestra que hay margen para adoptar medidas con recursos propios y reclama a la Conselleria una respuesta durante la actual campaña.
Menos burocracia y compatibilidad con la PAC
La propuesta incluye también que la tramitación se realice utilizando datos que ya están en poder de la Administración, entre ellos los procedentes de la Solicitud Única de la PAC y del Registro Vitícola.
LA UNIÓ plantea que las subvenciones sean compatibles con las ayudas de la PAC, las medidas de la Intervención Sectorial Vitivinícola y otras líneas con objetivos diferentes o complementarios, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa europea.
La organización agraria reclama, además, cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria, cuyo funcionamiento cuestiona, y sostiene que las ayudas directas deben formar parte de una respuesta inmediata mientras se abordan cuestiones estructurales como la comercialización, la promoción o la reestructuración del sector.
