El TSJ rechaza los recursos de casación interpuestos por el gobierno autonómico y confirma la sentencia por la que los afectados deberán cobrar 60 millones de euros más.
Con un PGOU de Castellón que no existe, toda acción vinculada a ese planeamiento, no tiene base legal. Así lo formulaba el TSJ de la Comunitat en su sentencia.
Peñíscola aprueba su presupuesto para el 2013 incrementando ligeramente los ingresos por obras y afrontando el pago fraccionado de una sentencia condenatoria.