El Ivvsa reconoce que más de 300 de las más de 1000 viviendas sociales están ocupadas ilegalmente y que los inquilinos no pagan sus compromisos
La diputación provincial ha realizado una reunión con alcaldes de municipios de más de 5.000 habitantes para consensuar y coordinar posibles soluciones, para los afectados por la hipoteca. El objetivo es presentar un frente común, negociar con los bancos, con el Ivvsa y ver qué fondos pueden dedicar Diputación y ayuntamientos para evitar los desahucios o para realojar a las familias afectadas. Uno de los modelos analizado ha sido el de Onda, que negocia con los bancos el realojo de familias en viviendas desocupadas por precios módicos de alquiler. Por su parte, la consellera Isabel Bonig ha renocido hoy que el Ivvsa dispone de un millar de viviendas, de las que más de 300 están ocupadas ilegalmente, y muchos de los inquilinos no pagan desde hace 15 años.
El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, se ha reunido esta mañana con los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes con objeto de poner en común iniciativas municipales y compartir soluciones ante los desahucios.
No es una tarea fácil, el aumento del desempleo en una provincia que siempre rozó la total ocupación ha puesto a muchas familias en una situación muy complicada. Cuando apenas se dispone de fondos para sobrevivir todos los días, el pago de las hipotecas se ha convertido en una misión imposible, y el número de desahucios se ha multiplicado.
Diputación y ayuntamientos buscan soluciones para intentar frenar los desahucios y para realojar a las familias. Durante la reunión de hoy, la institución provincial se ha comprometido, con aquellas localidades que lleven a cabo actuaciones para combatir los desahucios, a mediar con las entidades financieras para conseguir una tasación de los precios de alquiler como lo ha hecho Onda y, por otro lado, a facilitar la gestión con el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) para conseguir que se aceleren los plazos de remodelación de las viviendas y, así, ponerlas a disposición de los afectados por las hipotecas.
Paralelamente, el presidente Javier Moliner ha anunciado que hoy mismo, en la Junta de Gobierno de la diputación, se ha aprobado el convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Castellón para que presten servicio de asesoramiento jurídico a aquellas personas que no puedan hacer frente a los préstamos hipotecarios, así como para mediar entre personas afectadas por la hipoteca y sus respectivas entidades acreedoras. Este servicio estará disponible para los 135 municipios de la provincia, con el objetivo último de evitar procesos de desahucio.
Finalmente, en esta reunión también se han sentado las bases para avanzar hacia una provincia sin desahucios. Según indicó Moliner, “ponemos hoy sobre la mesa todas aquellas medidas que pueden aliviar este problema en nuestra provincia para que ningún vecino afectado se quede sin ayuda de la administración".
Una situación difícil y complicada
Pero la situación no deja de ser complicada e incluso levanta ampollas. En la provincia de Castellón hay muchas viviendas desocupadas. Viviendas que no se llegaron a vender y que ahora son propiedad de los bancos. Viviendas, cuya hipoteca no se pudo pagar, y que ahora son propiedad de los bancos. Comunidades de vecinos que se enfrentan a la falta de al mantenimiento de servicios comunes porque los bancos, propietarios de las viviendas embargadas no hacen frente a estos gastos.
Viviendas del Ivvsa ocupadas ilegalmente
El Ivvsa, a su vez, reconocía hoy la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, dispone de más de un millar de viviendas, en la Comunitat Valenciana, de las que más de 300 están ocupadas ilegalmente. Y por si la cosa no estuviera ya complicada, la consellera ha reconocido también, que muchas de las viviendas sociales concedidas a familias en situación precaria, cuyos beneficiarios no pagan sus gastos de vivienda, ni sus compromisos con el Ivvsa, algunos desde hace 15 años, lo que supone también un grave problema.
Desde algunos colectivos se pone en duda la posible negociación con los bancos para que realquilen las viviendas vacías, previamente desalojadas por impago de hipoteca, cuando quizá hubiera sido más fácil una renegociación con los propietarios originales antes de desahuciarlos.
Y finalmente se plantean también otras dudas, como el hecho de que los alquileres reducidos en ciertos municipios, como Onda, podrían ser mucho más elevados en otros, como en Castellón capital.
En cualquier caso, la diputación quiere encontrar soluciones para parar los desahucios: "A partir de hoy muchas localidades se van a plantear medidas que han surgido de este encuentro, siempre con el respaldo de la Diputación y la puesta a su disposición de nuestras herramientas y capacidad gestora para buscar soluciones", ha señalado Moliner.
El presidente provincial también ha detallado ante los alcaldes y concejales todas las iniciativas que desde el ámbito nacional hasta el local, pasando por el regional y provincial, se están llevando a cabo y de las que se pueden beneficiar los pueblos de Castellón. "Hoy damos buena muestra de la alineación absoluta de todas las administraciones en aras de la preocupación mostrada por un problema que nos afecta a todos. A partir de este momento los ayuntamientos de la provincia están en mejores condiciones de, teniendo en cuenta de la casuística de cada uno, ofrecer soluciones de cara al futuro", ha añadido Moliner.
Por último, Javier Moliner ha añadido que "situaciones excepcionales requieren de medidas excepcionales. Por eso creo que sumando pequeñas ideas podemos conseguir grandes soluciones, que es lo que esperan de nosotros los ciudadanos".
