El pleno ha aprobado dos declaraciones institucionales que ponen el foco en la defensa del sector citrícola y la necesidad de incrementar los examinadores de las autoescuelas
La Diputación de Castellón ha aprobado por unanimidad, en el pleno celebrado este martes, el Plan Provincial de Obras y Servicios ‘Diputació Impulsa’ para los ejercicios 2026-2027, un programa que ‘inyectará’ más de 44,5 millones de euros para ejecutar cerca de 500 actuaciones en el conjunto de la provincia.
El vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno de la Diputación de Castellón, Héctor Folgado, ha destacado que “la unanimidad en esta aprobación refleja ese trabajo bien hecho en un plan que suma más recursos, más libertad y menos burocracia”.
El listado aprobado recoge las obras solicitadas por los ayuntamientos, entre las que destacan servicios como la renovación de la pavimentación de aceras de calles, adecuación de viales, rehabilitación y mejora de espacios municipales, mejoras red de abastecimiento y saneamiento y nuevas instalaciones deportivas.
Asimismo, la sesión plenaria también ha servido para aprobar las bases del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP), dirigido a municipios de menos de 10.000 habitantes. La diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha señalado que “hoy continuamos reforzando las políticas de conciliación y de atención y cuidado a nuestros mayores, especialmente en los municipios más pequeños”.
El programa contará con una dotación global de 1.270.000 euros destinados a gastos de personal, bienes corrientes e inversiones. Se trata de un servicio que financia recursos de atención diurna orientados a la prevención, recuperación de la autonomía y dinamización social de las personas mayores, con el objetivo de facilitar que puedan continuar residiendo en su entorno habitual.
Defensa de la citricultura y aumento de personal en las autoescuelas
El pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado dos declaraciones institucionales. La primera de ellas, en defensa del sector citrícola, denuncia la entrada incontrolada de plagas, los sobrecostes que afronta el sector y la falta de indemnizaciones. Además, insta a la Generalitat Valenciana a adherirse a esta reivindicación debido al impacto que la problemática tiene sobre la citricultura provincial.
Además, se ha aprobado otra declaración institucional en la que el ente provincial reclama más examinadores para las autoescuelas y medidas urgentes para reducir las listas de espera. Entre las peticiones incluidas figuran el incremento de plantilla de examinadores, la autorización de horas extra mientras se cubren vacantes, la sustitución ágil de jubilaciones, el refuerzo del personal administrativo de Tráfico y la puesta en marcha de un plan de choque antes del verano.
Mociones sobre educación y uso de los remanentes
Por su parte, Compromís ha presentado una moción sobre el cumplimiento de la legalidad educativa y el fomento de la coeducación, que ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox. El diputado David Guardiola ha defendido “una educación pública y de calidad en valenciano ante el desmantelamiento público” y ha criticado la financiación a centros que segregan por sexo.
Al respecto, Luciano Ferrer (Vox) ha calificado la moción de “ideológica” y ha defendido la educación concertada y la libertad de elección de las familias, mientras que en el PSOE, la diputada Ruth Sanz ha señalado que “el dinero público debe servir para garantizar una educación de calidad e igual entre mujeres y hombres”.
El diputado popular Alejandro Clausell ha acusado a Compromís de “politizar las aulas” e “instrumentalizar una huelga”. “Estuvisteis 8 años gobernando y no atendisteis reivindicaciones docentes y ahora queréis que solucione el PP”. Al respecto de las subvenciones que reciben los colegios concertados, el diputado ha recordado que “lo que piden no se puede hacer porque esos entes educativos no han incumplido ninguna normativa”.
Asimismo, el PSOE ha presentado otra moción (que ha contado con los votos en contra de PP y Vox) en la que pide elaborar un plan extraordinario de inversiones financieramente sostenibles y planificar los remanentes de cara a 2026. Folgado (PP) ha calificado de “despropósito”, ya que “la Diputación trabaja desde el pasado año en mecanismos para incorporar remanentes”.
