La oposición afirma que se ha perdido tiempo y dinero por la prepotencia del PP
El rechazo del recurso de casación para que se reconsiderara la anulación del Plan General de Castellón por parte del Tribunal Supremo, era esperado tanto por Ayuntamiento como por la Conselleria desde hace varios meses, a pesar de lo cual, todavía se encargó un informe judicial a un departamento de abogados de Madrid, y hasta el pasado verano no se admitió que el Ayuntamiento trabajaba ya la elaboración de un nuevo Plan General, que ahora deberá hacerse con más urgencia que antes. Tras conocer la sentencia, la oposición municipal ha acusado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de haber perdido tiempo y dinero por la prepotencia del PP.
La sentencia del Tribunal Supremo, que rechaza el recurso de casación interpuesto por Ayuntamiento y Conselleria, y que confirma la anulación del Plan General de Castellón, dictada en el 2008, no ha pillado por sorpresa a nadie y era esperada ya por el Ayuntamiento y la Conselleria.
Según fuentes consultadas, el resultado estaba ‘cantado’ desde mediados de noviembre, cuando el Tribunal Supremo se reunió para pronunciarse sobre el recurso, aunque la sentencia no se haya comunicado hasta ayer. La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, reconocía la semana pasada, que no se confiaba en una respuesta positiva.
Pero desde mucho antes se esperaba que este pudiera ser el resultado. En el verano del 2012 el Ayuntamiento encargó un Informe Jurídico a un despacho privado de abogados, que respaldaron, dijeron, la gestión realizada en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Este informe pudo aportar tranquilidad al Ayuntamiento en cuanto a su gestión, pero no determinaba nada. De hecho, y aunque hace un año no se quisiera reconocer oficialmente, cuando Alfonso Bataller promovió la creación de los Foros Estratégicos de Urbanismo, el Ayuntamiento jugaba ya con un plan B, para adelantar camino si, como se veía venir, el Plan no salía adelante.
El problema para no hacerlo antes, reconocieron, era la complejidad de la redacción del Plan, y el alto coste que se calculaba que podría tener para el Ayuntamiento, en torno a 5 millones de euros.
El pasado verano, cuando se recabaron las conclusiones de los foros de urbanismo, el alcalde reconoció por primera vez, de forma oficial, que se trabajaba por la redacción de un nuevo PGOU para Castellón, sobre un modelo completamente diferente al que había defendido el Plan del 2000.
Desde este punto de vista, no es de extrañar que cuando ayer se transmitió oficialmente la sentencia, el equipo de gobierno apenas manifestara su sorpresa. Aunque no deja de llamar la atención que se diga ahora que el Ayuntamiento lleva preparando el nuevo Plan desde hace más de un año, cuando entonces se negaba todavía esa posibilidad.
El Ayuntamiento ha perdido 5 años por la prepotencia del PP
Para la oposición también la sentencia que confirma la anulación, era una noticia anunciada. La oposición municipal ha acusado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de haber perdido tiempo y dinero por la prepotencia del PP. Para los tres grupos políticos, Pspv- Psoe, Bloc Compromís e Izquierda Unida, se han perdido cinco años. El equipo de gobierno debería haber reaccionado antes, cuando se conoció la primera sentencia de anulación, con la elaboración de con un nuevo Plan General.
Castellón puede beneficiarse de una nueva normativa
De entonces a ahora, no obstante se han producido cambios, entre ellos, la intención de la Conselleria de promover una normativa urbanística menos compleja, y más adaptada a los nuevos tiempos y a las necesidades de los municipios y usuarios. Esa nueva normativa redundaría positivamente en cuanto a que facilitaría la elaboración del Plan, y posiblemente reduciría notablemente su coste, que ahora el equipo de gobierno calcula en torno a los 300.000 euros
El Equipo de gobierno ya ha dado los primeros pasos para el Plan General del 2015. Durante diciembre se adjudicará el Estudio del Paisaje, los presupuestos del 2014 contemplan una partida para pagar otros trabajos externos, y los trabajos desarrollados durante este año para los Foros Estratégicos de Urbanismo, han sentado las bases para el planeamiento de una ciudad que lejos de seguir creciendo, buscará consolidar lo que ya tiene.
Los pormenores de un ‘culebrón’ urbanístico
El 1 de marzo de 2000 la Conselleria aprobaba el Plan General de Castellón. Era un planeamiento urbanístico adaptado a la LRAU, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, promulgada en 1994 por la Generalitat Valenciana, que se encontraba en vigor en aquellos momentos.
El Plan General del 2000 pretendía actualizar el planeamiento urbanístico de Castellón, tras las innumerables modificaciones que se habían producido entre 1984 y 1999, como consecuencia de un Plan general, el de 1984, que se había quedado muy obsoleto.
Cabe recordar en este sentido, que a su vez, el plan General del 84 no era sino una adaptación del que se planificó en 1979, y que tras aprobarse en el 82, fue anulado por el Tribunal Supremo y vuelto a aprobar en el 84.
Cuando Castellón soñaba con 250.000 habitantes
La realidad de Castellón en aquel momento era la de una población en constante crecimiento, la necesidad de desarrollar polígonos de suelo urbano residencial y suelo industrial, para hacer frente a unas necesidades que se habían disparado en los años anteriores. El PGOU del 2000 tenía aspectos muy significativos y permitió soluciones importantes, como la aprobación posterior del Plan General de la Marjalería.
Pero sobre todo, y siguiendo la línea de la ley que lo amparaba (La LRAU), desbloqueaba y facilitaba la urbanización de suelo urbano e industrial para una población que preveía llegar en pocos años a los 250.000 habitantes.
Se presentaron más de 5.000 alegaciones, se aceptaron algunas, pero no todas. Como consecuencia de ello, surgieron varios recursos que solicitaron la anulación del PGOU en los tribunales.
Las primeras sentencias judiciales fueron favorables al Plan General del 2000. Avalaron la legalidad del Plan y desestimaron los recursos.
¿Cuándo surge el problema?
El problema se genera, fundamentalmente, cuando se cuestiona la legalidad de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, con pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
La LRAU, aprobada en 1994 cuando estaba de conseller el socialista Eugenio Burriel, fue una normativa completamente innovadora en un momento en el que el urbanismo estaba prácticamente bloqueado. Hasta entonces, las necesidades de urbanización chocaban con los propietarios, que no admitían que para poder urbanizar debían ceder suelo y costear el proceso para generar vivienda pero también dotaciones y servicios.
La LRAU acababa con el problema concediendo a los urbanizadores el derecho de desarrollar cuando contaban con un 30% del suelo incluido en la zona de actuación. Generaba la figura del ‘urbanizador’, que chocaba de frente contra pequeños propietarios que, sin querer desarrollar se veían obligados a ello, cediendo y costeando la transformación de su suelo, u obligándolos a vender a las promotoras que iniciaban la urbanización permitida.
La ilegalidad de la Lrau deja sin pies al PGOU 2000
Cuando la legalidad de la Lrau se puso en tela de juicio, la Generalitat publicó una nueva normativa urbanística en 2005. Pero el daño ya estaba hecho.
El Plan General de Castellón se sustentaba sobre una ley con visos de ilegalidad. Si el consenso sobre el PGOU hubiera sido absoluto, no hubiera ocurrido nada. Pero la ilegalidad de la Lrau fue uno de los motivos aducidos en uno de los recursos, presentado por los vecinos de la avenida Villarreal. En el 2008 el tribunal se pronunció a su favor. No se pronunciaba sobre si los vecinos de la avenida Villarreal tenían razón o no en sus reclamaciones contra el Ayuntamiento; no entraba a analizar si el PGOU era bueno o malo, pero anulaba el Plan General por un defecto de forma. Si el Plan se fundamentaba en una ley anulada, el mismo Plan carecía de base legal. Para legalizar el Plan había que adaptarlo a la ley y someterlo a exposición pública.
Pero la solución era mucho más compleja de lo que aparentaba por la sentencia. Para poder legalizar el PGOU había que darle base legal. Hay partes del Plan que se basan en figuras que ahora no serían las mismas. Posiblemente para poder cumplir la sentencia en su totalidad, hubiera sino necesario renovarlo del todo, o redactar un nuevo Plan General, lo que implicaba tiempo y dinero, y por supuesto, retomar el proceso desde la exposición pública.
El Ayuntamiento intentó adaptar algunas de las peculiaridades a la normativa vigente y volver a exponer el Plan, con el respaldo de la Conselleria. Las medidas no contentaron. Los recursos se mantuvieron. No se solucionó nada, y las diferentes alternativas que se han seguido desde entonces, solo han dado lugar a que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie una y otra vez, dejando sin validez los recursos de Conselleria y Ayuntamiento, y reiterando la radical nulidad del Plan General de Castellón.
Curiosidades: las historias se repiten
Como curiosidad añadida a este ‘culebrón’ urbanístico, cabría pensar que Castellón no ha aprendido de sus errores, y que las historias se repiten.
En 1979 el último ayuntamiento de la era franquista promovía un nuevo Plan General de Castellón, que fue aprobado en el 82, con el primer ayuntamiento democrático de Castellón, gobernado por el socialista Antonio Tirado.
El plan fue recurrido por José Luís Gimeno, arquitecto de Castellón (que después sería alcalde de Castellón durante 16 años). En 1984 el Tribunal Supremo lo anuló por un “defecto de forma”. El Plan había sido aprobado por partes, con el respaldo de la Conselleria, pero la normativa posterior del Ministerio acordó que debía de aprobarse como un documento único.
Todas las actuaciones realizadas entre 1982 y 1984, recurridas, también fueron ilegales porque se basaban en un plan anulado, luego inexistente. Las consecuencias se vivieron durante más de una década, y tanto Tirado como Daniel Gozalbo como alcaldes (socialistas), las sufrieron, y en gran medida, ante las críticas de la oposición de entonces (los populares)
El Plan General del 2000, promovido por José Luís Gimeno (popular), también se ha recurrido y anulado por un defecto de forma. Ahora es el PP quien defiende y la oposición la que critica la gestión urbanística de Castellón.Esperanza Molina
