López: “Todas las edificaciones de la Marjalería, anteriores a agosto de 2014, son legales y las expedientadas podrán regularizarse”
El Ayuntamiento de Castelló ha paralizado la demolición parcial de una vivienda del Camí de la Donació, ordenada por la Fiscalía, tras presentar las alegaciones que posibilitarán su regulación con la ‘minimización de impactos’. De la misma manera, el concejal de Urbanismo, José Luís López, ha afirmado, que todas las viviendas construidas antes de agosto de 2014 son legales, y la que tienen infracciones abiertas podrán regularizarse.
Esperanza Molina/ Castellón Información
La demolición parcial ordenada por Fiscalía el26 de febrero, que afectaba a las obras de una vivienda en el Camí de la Donació de la Marjalería de Castelló, ha quedado suspendida por una alegación presentada por el Ayuntamiento de Castelló.
El concejal de Urbanismo, José Luís López, confirmaba esta noticia a Castellón Información, e indicaba que su departamento habló con la Fiscalía y presentó una alegación en el proceso judicial. Según López, la nueva normativa amparada por el Plan General de Castelló, que se encuentra en proceso de aprobación, contempla soluciones para que esta y otras tantas viviendas situadas en Suelo No Urbanizable puedan legalizar su situación.
De esta manera, la infracción cometida contra la ordenación del territorio no se toparía con un muro infranqueable como el de ahora. Es decir, si puede legalizar las obras realizadas y no generar impactos negativos sobre el suelo que ocupa, no sería necesaria su demolición parcial.
La base que permite al ayuntamiento alegar ante la Fiscalía o plantear una regularización masiva de la Marjalería, se centraría sobre lo que se ha denominado: 'minimización de impactos’.
El concejal de Urbanismo manifestaba a este digital, que la intención del equipo de gobierno del que forma parte, no era la de intranquilizar a los habitantes de la marjal, sino todo lo contrario. Está convencido de que por primera vez hay soluciones para este problema que se arrastra durante décadas.
“No pretendemos ilegalizar y demoler todas las construcciones de la marjal, al contrario, queremos encontrar una vía que permita regularizar las construcciones que se han realizado hasta el momento, para acabar, de una vez por todas con la inseguridad jurídica que padecen los vecinos”.
Según López, todas las viviendas construidas antes de agosto de 2014, son ya legales. Es más, afirmaba, las que tienen un expediente de infracción abierto, también podrían regularizarse. Ahora bien, lo que tampoco oculta el departamento de urbanismo, es que es preciso resolver una serie de situaciones para garantizar que son respetuosas con el territorio que ocupan. Dicho de otra manera: que deberán ajustarse a unos mínimos que eviten la contaminación del territorio y permita que puedan disponer de los servicios necesarios. “Eso es a lo que llamamos minimización de impactos”.
López confirmaba a Castellón Información, que se está estudiando al detalle toda la zona de la Marjalería para detectar cuántas viviendas hay construidas en cada punto de este territorio, dónde están ubicadas y en qué condiciones se encuentran. Los servicios técnicos pretenden documentar al milímetro la situación actual y estudiar caso por caso para detectar lo que debería de hacerse en cada uno de ellos.
Eso significa, incluso, afirmaba López, que en algunas actuaciones de podrán proponer recursos compartidos cuando las viviendas formen un pequeño núcleo de población; o iniciativas individuales cuando se trate de edificaciones aisladas.
Campaña informativa puerta a puerta
A tenor de las decisiones adoptadas por los vecinos de las asociaciones de la Marjalería, el ayuntamiento, apunta López, volverá a mantener reuniones con ellos, pero también estudia la posibilidad de iniciar una campaña informativa ‘puerta a puerta’ por toda la marjal, para hablar directamente con todos los vecinos de la zona. Esta campaña se iniciaría a finales de agosto.
En la actualidad, denunciaban los marjaleros, hay viviendas que llevan construidas desde antes de 2014, y que no pueden ‘engancharse’ ni a la luz, ni al agua ni al alcantarillado que pasa por delante de sus puertas. Es más, se han dado circunstancias de la venta de una edificación que gozaba de estos servicios y, cuando los nuevos propietarios han intentado actualizar los servicios, no han recibido la autorización, indican, porque el ayuntamiento se las ha negado.
Así las cosas, los marjaleros piden razones, pero también seguridad jurídica. Quieren explicaciones, marcar plazos y afirman sentirse dispuestos a colaborar con la entidad municipal, para que todos los habitantes de la zona dispongan de servicios, pero con garantías. “Nosotros somos los primeros que queremos conservar la Marjalería, protegerla y velar porque no se realcen nuevas edificaciones; queremos proteger el territorio”.
Si el ayuntamiento está en la misma línea, como parece, en función de las declaraciones del concejal responsable, quizá después de todo pudieran llegar a un acuerdo antes de iniciar un conflicto judicial.
