Las actuaciones atienden a las reivindicaciones de los vecinos y han puesto fin a los problemas de alcantarillado, humedades e inundaciones
Castellón Información
El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha invertido 500.000 euros en el Grupo La Unión en esta legislatura, para atender las reivindicaciones de los vecinos “y actuar para solucionar sus problemas, sobre todo de alcantarillado porque los excrementos salían por las tuberías provocando problemas de salubridad”, tal y como ha explicado la concejala de Urbanismo, Francesca Bartolomé, quien ha recordado que también se producían “humedades e inundaciones, especialmente en los bloques de la parte superior del barrio”.
Durante los ocho años de gobierno del PP “fueron incapaces de solventar estos problemas, porque no hicieron nada por cambiar una red que tenía más de 50 años y que no se tocaba desde su construcción”. De hecho, el PP “permitió una balsa ilegal con dos motores que prestaba suministro y presión a los bloques pero que estaba prohibida expresamente por la ley, porque el suministro de agua debe estar controlado por el Ayuntamiento o por la empresa concesionaria de este servicio”, ha afirmado.
En este sentido, ha remarcado que los análisis de las instalaciones hídricas “son muy exhaustivos” porque la normativa es “muy exigente y estricta, ya que “el agua es un tema muy sensible y hay que garantizar que es apta y segura”. Así, esta balsa “era un peligro para la salud pública y los vecinos hubieran sido los responsables si hubiera pasado algo”. Por ello, “nos pidieron que se eliminara y que los bloques se abastecieran de la red que utiliza el resto de la ciudad”.
Facsa realizó el año pasado las obras de sustitución de toda la red de alcantarillado y de agua potable y “antes de desconectar la balsa algunas personas ya se quejaron de falta de presión”. Hace unas semanas “se rompieron las bombas y se quedaron sin agua y la empresa conectó los bloques a la red e hizo revisiones y mediciones en todas las casas”. Durante este estudio se detectó que “cinco viviendas en concreto tenían problemas que estamos trabajando para solucionar y llegar a un consenso”.
Ahora el Ayuntamiento está a la espera de que la asociación de vecinos confirme la fecha de celebración de la reunión a la que también asistirán los técnicos de Facsa. “Los vecinos no quisieron reunirse antes del pleno en el que el PP presentó una moción, lo que nos lleva a pensar que detrás hay un trasfondo político, porque durante ocho años fueron incapaces de actuar y dar soluciones, cometieron una ilegalidad y ahora tienen interés en crear malestar”, ha asegurado Bartolomé.
La inversión de medio millón de euros en el Grupo La Unión ha consistido en cambiar toda la red de alcantarillado y agua potable, soterrar las canalizaciones que desaguaban directamente en la calle, asfaltar y dotar de accesibilidad al barrio porque “las personas mayores con movilidad reducida o con carros o sillas de ruedas tenían problemas para acceder a las 180 viviendas de la zona alta no se podía acceder”. Además se ha construido la acera perimetral del CEIP La Cova, una demanda histórica de la comunidad educativa, y se ha mejorado el acceso al barrio por el Cuartel de la Guardia Civil.
