En su gran mayoría se otorgan a los Ayuntamientos que complementan los trabajos que realiza el Organismo de cuenca en esta materia
La Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., ha autorizado a terceros en el primer trimestre del año un total de 47 (siete de ellas en la provincia de Castellón) actuaciones de mantenimiento y conservación de cauces. Se trata de diferentes trabajos, como la retirada de elementos obstructivos, desbroces de vegetación invasora o la retirada de vertidos de residuos sólidos, que tienen como objetivo conservar y mejorar el estado de nuestros ríos y, al mismo tiempo, minimizar el riesgo de inundaciones. Cabe destacar que este tipo de actuaciones son ejecutadas, principalmente, por parte de las administraciones locales.
Mapa con las autorizaciones otorgadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar durante el primer trimestre del año 2023.
Legislación aplicable
La coordinación entre administraciones es esencial para que el dominio público hidráulico de la demarcación hidrográfica del Júcar esté en buenas condiciones. Esta coordinación se sustenta en una legislación que señala, sin lugar a dudas, las competencias que tiene cada administración.
En el caso de tramos fluviales que discurren por las zonas no urbanas, las actuaciones de mantenimiento y conservación de cauces las realiza el organismo de cuenca correspondiente. Según el Real Decreto 984/1989, art. N.º 4, apartado K), se atribuye a las Comisarías de Aguas de los Organismos de cuenca la realización de las obras de mera conservación de los cauces públicos, basándose específicamente esta función en el mantenimiento del régimen de corrientes y la garantía de su funcionamiento natural de desagüe en situaciones de avenidas ordinarias de los cauces públicos.
La Confederación Hidrográfica del Júcar viene realizando esta tarea de forma continua, aunque lógicamente según las disponibilidades presupuestarias. La demarcación comprende una extensa red fluvial de más de 46.000 kilómetros de cauces, lo que implica que las actuaciones se realizan priorizando aquellas que son más urgentes.
Cabe reseñar que las funciones de los Organismos de cuenca, recogidas en los artículos 23.d) y 24.d) del texto refundido de la Ley de Aguas, están orientadas a la protección y tutela del dominio público hidráulico, pero no se traducen en concretas obligaciones en materia de conservación y defensa del territorio frente a inundaciones, así como tampoco en deberes de realizar trabajos de conservación, limpieza y restauración en todos y cada uno de los supuestos que puedan presentarse, lo cual ha sido refrendado por el Defensor del Pueblo en su informe Agua y Ordenación del Territorio (Madrid, 2010).
En el caso de tramos fluviales a su paso por las zonas o tramos urbanos, la competencia en conservación y mantenimiento de cauces corresponde principalmente a los ayuntamientos, de acuerdo con el artículo 28.4 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Estas actuaciones, realizadas por las administraciones locales y otros, son imprescindibles para completar las que realizan los organismos de cuenca.
Ahora bien, siempre que se desee realizar este tipo de actuaciones en cauces urbanos, y de acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se debe contar con una autorización administrativa expresa.
En este contexto, la Confederación Hidrográfica del Júcar tramita y facilita el otorgamiento de estas autorizaciones. Resaltar que, de las 47 autorizaciones mencionadas, 26 se corresponden con actuaciones nuevas, y 13 son prórrogas de trabajos que se venían realizando.
En la siguiente tabla se listan las actuaciones que han sido objeto de autorización, desglosadas por provincia, municipio, y cauce afectado.
Como orientación y guía para que la realización de estos trabajos de mantenimiento se realice de forma óptima, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaboró una guía técnica, descargable en este enlace: Buenas prácticas en actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de cauces. Su finalidad es poner a disposición de los distintos usuarios, técnicos y administraciones una herramienta que contribuya a mejorar el conocimiento sobre la normativa de aplicación, las responsabilidades y competencias de las distintas administraciones públicas implicadas, así como optimizar las actuaciones para lograr la mayor eficiencia posible en la utilización de las inversiones públicas.
