Las 65.000 notificaciones remitidas a los conductores denunciados en Castelló desbordan las previsiones del servicio
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castelló ha tenido que aprobar hoy un incremento de gasto de 54.000 euros para poder pagar los servicios que la empresa de Correos presta al ayuntamiento. El desfase sobre el acuerdo inicial se ha debido a la avalancha de notificaciones de las denuncias realizadas por las cámaras del centro. Las 65.000 notificaciones municipales de las multas a los conductores denunciados, ha colapsado el servicio.
Las cámaras con lector de matrícula que denuncian a los conductores que se adentran en el centro de Castelló, no solo escocerán en los bolsillos de los ciudadanos multados. De momento, también ha generado un gasto extraordinario de 54.000 euros al Ayuntamiento de Castelló.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castellón aprobaba el pago de un sobrecoste de 54.000 euros a la empresa de Correos, con la que tenía firmado un acuerdo de prestación de servicios.
El citado acuerdo fue aprobado con la mediación de la Diputación Provincial, como una central de compras, para que Correos prestara el servicio de comunicación y notificaciones de los ayuntamientos.
Concretamente, el de Castelló estaba calculado en 270.000 euros. Pero claro, ese convenio se firmó sobre una previsión de los servicios que debería realizar Correos para la entidad municipal.
Lo que no se valoró entonces, ni entró en las previsiones municipales, ni en las de Correos, es que las cámaras que se instalaron para controlar los accesos en el centro urbano de Castelló fueran a funcionar tan bien. Es decir, que el reconocimiento de matrícula y la notificación de las multas se fuera a multiplicar por encima de las 65.000 registradas durante este periodo.
Porque, para cumplir la legalidad, cuando las cámaras detectan una infracción o un acceso al centro no justificado, esta información se traduce en un parte de multa. Y esa multa debe ser notificada al infractor que la ha cometido para que pueda ejercer su derecho a pagarla o a recurrirla.
Ni en sus mejores sueños podría pensar el ayuntamiento que el número de multas y notificaciones se fueran a multiplicar en la medida que se ha producido.
Solo en el mes de enero, indicaba el portavoz Sales, se han multiplicado por cinco las comunicaciones de este servicio postal. La facturación de enero de 2023, correspondiente a las notificaciones de expedientes sancionadores por las cámaras ha sido de 47.421 euros frente a los 13.000 euros de enero de 2022.
Cuando Correos ha detectado este exceso de trabajo sobre la previsión contratada por el ayuntamiento, ha exigido la revisión del contrato y el pago de los sobrecostes. Y la broma no saldrá barata, el coste del servicio se ha disparado hasta los 324.000 euros; 54.000 euros más que los presupuestados.
Ojo, y eso que todavía no se ha ejecutado la Zona de Bajas Emisiones que también contemplaba cerrar al tráfico gran parte del ensanche, con sus correspondientes cámaras de vigilancia y sanción.
Sin embargo, poder cubrir ese gasto y pagar a Correos el sobrecoste del servicio, tampoco ha sido sencillo.
La Ley de Contratos del Estado establece una serie de limitaciones en los sobrecostes generados por un servicio, que solo puede incrementarse en un máximo del 20%. Esto se reguló de esta manera para evitar la existencia de un tipo de ‘picaresca’ que rompía con la legalidad. Una empresa se presentaba a un concurso, ofertaba un precio más bajo que sus competidoras y obtenía una ventaja en la adjudicación. Pero, con el contrato conseguido, la misma empresa podía detectar ciertos problemas en el planteamiento de la obra o servicio que incrementaba el coste final de la operación… de forma que al final, la baja ofertada que le había servido de ventaja no solo no se cumplía, sino que podía exceder el presupuesto inicial.
En consecuencia, la Junta de Gobierno ha tenido que realizar una revisión del contrato.
El portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ha dado cuenta de la situación, y de la revisión de contrato con Correos aprobada por la Junta Local.
El objetivo del nuevo gobierno ha recordado, es el de ‘apagar’ las cámaras del centro o, cuanto menos, modificar la ordenanza para que no registren esas multas. Pero el proceso llevará su tiempo.
De la misma manera, el nuevo equipo de gobierno también busca modificaciones y alternativas a la Zona de Bajas Emisiones y a los dos millones de euros invertidos en nuevas cámaras de control de tráfico.
Según Sales, las cámaras del centro “No solo perjudican al comercio y a los vecinos, sino que suponen un gasto añadido para las arcas municipales”.
“El nuevo gobierno municipal, que lidera la alcaldesa Begoña Carrasco, ya está estudiando la fórmula legal, que cuente con la máxima seguridad jurídica, para que las cámaras del centro dejen de multar y se queden solo para control de la movilidad y funciones de vigilancia. Estas cámaras que llevan acumuladas más de 65.000 multas son un despropósito y siguen asfixiando el centro. No solo perjudican al comercio y a los vecinos, sino que también suponen un gasto añadido para las arcas municipales que acabamos pagando todos”.
