El plan de la Generalitat prevé más de 2 millones de inversión para adaptar edificios y garantizar una justicia inclusiva en toda la Comunitat Valenciana
La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación ha avanzado en su estrategia para implantar un modelo de justicia accesible e inclusiva, con un total de 25 actuaciones ya finalizadas dentro de su plan de accesibilidad. La iniciativa incluye el análisis de 57 sedes judiciales en la Comunitat Valenciana para detectar carencias y mejorar el acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones.
El diagnóstico, enmarcado en el estudio autonómico sobre cerca de 800 edificios públicos, ha identificado deficiencias en accesos, comunicación entre plantas, señalización, aseos y puntos de atención. Para corregirlas, la Generalitat ha estimado una inversión global de más de 2 millones de euros, con actuaciones distribuidas en las tres provincias.
El programa se ha desarrollado en dos fases. La primera, ejecutada entre 2022 y 2023, ha actuado en 23 partidos judiciales con una inversión cercana al millón de euros. La segunda fase, en marcha para el periodo 2024-2025, contempla nuevas intervenciones con una dotación aproximada de 1 millón de euros adicional.
Entre las mejoras destaca la eliminación de barreras arquitectónicas, la incorporación de bucles magnéticos en mostradores y salas, la adaptación de ascensores y la mejora de la señalización. También se prevé la instalación de baños adaptados para personas con ostomías en futuros proyectos judiciales.
Hasta la fecha, la Conselleria ha intervenido en sedes de 16 de los 36 partidos judiciales, además de adaptar otros edificios y aplicar criterios de accesibilidad en nuevas construcciones. En total, el plan contempla 42 actuaciones, de las cuales el 57% ya están completadas, mientras el resto se encuentran en distintas fases de ejecución, redacción o estudio.
El Consell ha señalado que estas medidas responden al objetivo de garantizar que cualquier persona pueda acceder a la justicia de forma segura, autónoma y sin discriminación, con espacios adaptados tanto a nivel físico como comunicativo. Asimismo, ha destacado que el modelo busca reforzar la igualdad de derechos y la autonomía de las personas con discapacidad en el acceso a los servicios judiciales.
