María Tormo. Alcaldesa de Almassora
Con la llegada del verano y de las vacaciones escolares, son muchas las familias que deben idearsélas para conciliar sus responsabilidades laborales y familiares. En ocasiones, resulta muy difícil encontrar el equilibrio a una situación que puede generar un gran desasosiego. Por eso, los ayuntamientos, que somos la administración más cercana al ciudadano, intentamos dar respuesta a esta problemática que requiere una estrategia global de todos los agentes implicados.
De nuevo, somos los ayuntamientos los que ponemos en marcha acciones, como la Escola d’Estiu, para dar a nuestros vecinos herramientas que les permitan lograr la ansiada conciliación familiar. En Almassora, estamos comprometidos con ello, por eso, hemos incrementado aún más las plazas de este servicio, las hemos llegado a doblar, superando las 600.
Un aumento que responde al claro objetivo de poder atender prácticamente casi todas las peticiones de inscripción que hemos recibido, sabedores de que los padres necesitan tener la tranquilidad de que sus hijos aprenden y lo pasan bien en un lugar seguro, mientras ellos cumplen con sus obligaciones laborales.
Este es un claro ejemplo, el de la Escola d’Estiu, de la necesidad que tenemos los ayuntamientos de recibir la financiación que nos corresponde, porque nosotros cada vez prestamos más servicios a un mayor número de población. Almassora es un municipio dinámico en continuo crecimiento que ha superado ya los 29.000 habitantes, acercándonos a la barrera de los 30.000.
Por eso, resulta crucial que el Gobierno de España cumpla con sus obligaciones fiscales y abone de manera inmediata los cinco millones de euros que nos debe a los almassorins por las Participaciones de Ingresos del Estado (PIE). Los ayuntamientos estamos haciendo más con menos, mientras el Gobierno de España sigue sin pagarnos lo que les corresponde a nuestros vecinos. Queremos respuestas y soluciones.
Exigimos al Gobierno de Sánchez, más preocupado en sus múltiples y escandalosos casos de corrupción, una aportación justa de la Participación en los Ingresos del Estado, ya que las transferencias actuales se basan en datos de 2023, fecha del último presupuesto aprobado, lo que no refleja el incremento de la recaudación que se ha producido por parte del Estado.
Es urgente y necesario que el Gobierno cuente con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que permitan ajustar las transferencias a la realidad actual y se resuelva la situación de infrafinanciación que sufrimos.
