Martínez Mus asegura que la estrategia aprobada en 2015 contempla más de una veintena de intervenciones todavía sin ejecutar y rechaza los cambios planteados en el Reglamento General de Costas
La Generalitat ha reclamado al Gobierno central que ejecute las actuaciones pendientes para frenar la regresión del litoral entre Castellón y Sagunto, un tramo para el que existe una estrategia aprobada en 2015 con más de una veintena de intervenciones, según ha señalado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.
El responsable autonómico ha trasladado esta petición durante una reunión con vecinos afectados por los deslindes de Costas y representantes de la recién constituida Federación Mar Nostra, que agrupa a municipios, asociaciones y residentes afectados por los problemas del litoral comprendido entre Castellón y Sagunto.
La Generalitat sostiene que este corredor costero se encuentra entre los más afectados por la regresión de las playas y reclama una respuesta conjunta que combine regeneración litoral, protección ambiental y seguridad jurídica para las propiedades afectadas por los deslindes.
Más de veinte actuaciones pendientes desde la estrategia de 2015
Uno de los principales argumentos planteados durante la reunión ha sido el grado de ejecución de la estrategia diseñada para el tramo Castellón-Sagunto.
Según la información trasladada por la Generalitat, el documento fue aprobado en 2015 y contempla más de una veintena de actuaciones que continúan pendientes de ejecución.
Martínez Mus ha defendido que los problemas de erosión no deben abordarse de manera aislada en cada municipio, ya que las intervenciones realizadas en un punto pueden modificar el transporte de sedimentos y tener consecuencias en otros sectores del litoral.
El encuentro también ha puesto sobre la mesa que dos de los cinco tramos que la Generalitat identifica entre los más afectados por la regresión costera en España se encuentran en la Comunitat Valenciana, entre ellos el comprendido entre Castellón y Sagunto.
Nace una federación para coordinar a municipios y afectados
La reunión ha servido también para presentar la Federación Mar Nostra, creada con el objetivo de coordinar a municipios, asociaciones y vecinos afectados por la regresión costera y los procedimientos de deslinde.
La organización parte de la consideración del litoral como un sistema continuo e interconectado, frente a actuaciones independientes en cada término municipal.
Martínez Mus ha respaldado este planteamiento y ha defendido que la pérdida de playas, la erosión y las alteraciones en el movimiento natural de los sedimentos requieren una planificación conjunta.
La Generalitat cuestiona la reforma del Reglamento de Costas
Otro de los asuntos abordados ha sido la propuesta estatal para modificar el Reglamento General de Costas, a la que la Generalitat ha presentado alegaciones.
El Gobierno valenciano rechaza el proyecto al considerar que modifica criterios relevantes para determinar los deslindes del dominio público marítimo-terrestre y que no ofrece suficientes garantías técnicas y jurídicas.
Según la interpretación expuesta por Martínez Mus, la propuesta permitiría tener en consideración un único temporal excepcional para establecer determinados deslindes permanentes, frente al criterio basado en fenómenos que se producen de manera reiterada.
Esta posición corresponde a la valoración de la Generalitat sobre el proyecto normativo estatal, que el Consell ha recurrido mediante la presentación de alegaciones.
Los deslindes, otro foco de conflicto
Los representantes presentes en la reunión han cuestionado también la aplicación de la Ley de Costas en determinados procedimientos de deslinde.
Martínez Mus ha reclamado al Ejecutivo central una gestión que compatibilice la protección ambiental y la regeneración de las playas con la seguridad jurídica de propietarios, ayuntamientos y actividades económicas situadas en el litoral.
El debate sobre la regresión costera mantiene así abiertos dos frentes: por una parte, las obras y actuaciones necesarias para recuperar y proteger las playas y, por otra, los efectos jurídicos que la delimitación del dominio público marítimo-terrestre puede tener sobre propiedades próximas al mar.
