La EVHA ha asignado 224 inmuebles en el conjunto de la Comunitat Valenciana durante el último año, con prioridad para hogares con menores, jóvenes, mayores, víctimas de violencia de género o personas con discapacidad
La Generalitat ha adjudicado durante el último año 21 viviendas de su parque público a familias vulnerables en la provincia de Castellón, según el balance facilitado por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA).
En el conjunto de la Comunitat Valenciana se han asignado 224 viviendas públicas, por lo que las correspondientes a Castellón representan aproximadamente el 9,4% del total.
Por provincias, Valencia concentra 143 adjudicaciones, Alicante suma 60 y Castellón registra 21.
La información de la Generalitat no ofrece un desglose por municipios de las viviendas adjudicadas en Castellón ni concreta cuántas personas o unidades familiares se han beneficiado de estas 21 operaciones.
Familias con menores y víctimas de violencia, entre los colectivos prioritarios
Las viviendas del parque público se adjudican atendiendo a la situación socioeconómica y de vulnerabilidad de las unidades de convivencia.
Entre los colectivos considerados prioritarios se encuentran los jóvenes, mayores de 60 años, familias con menores a su cargo y víctimas de violencia de género.
También figuran las familias monoparentales y numerosas y las personas con discapacidad.
Los servicios sociales municipales participan en los procesos mediante la evaluación de las circunstancias de cada familia y la elaboración de los correspondientes informes socioeconómicos.
Estos documentos sirven posteriormente para determinar la situación de vulnerabilidad de los hogares que optan a una vivienda pública.
Acompañamiento después de recibir la vivienda
La intervención de la EVHA no finaliza con la adjudicación del inmueble.
La entidad dispone de un Servicio de Acompañamiento Social, financiado por el Fondo Social Europeo, destinado a facilitar la integración de las familias en su nueva vivienda y en el entorno vecinal.
Los profesionales acompañan inicialmente a los adjudicatarios en la firma del contrato y el alta de suministros básicos, como agua, electricidad o gas.
También ofrecen asesoramiento para solicitar bonos sociales y otras medidas destinadas a reducir el coste de los suministros.
Planes de pago y bonificaciones del alquiler
El servicio realiza posteriormente un seguimiento de la situación de cada unidad de convivencia.
Entre sus funciones se encuentra analizar la capacidad económica de las familias para afrontar el alquiler y, cuando resulta necesario, establecer planes de pago adaptados.
También se tramitan bonificaciones de la renta para intentar evitar situaciones de endeudamiento.
El acompañamiento incluye además actuaciones de mediación vecinal, apoyo en la organización de comunidades y detección de necesidades educativas, sanitarias o sociales.
Inspección antes de entregar las viviendas
Antes de adjudicar cada inmueble, la Generalitat asegura que realiza una inspección de su estado y acomete las reparaciones necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de habitabilidad.
El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha defendido la colaboración entre la Administración autonómica y los servicios sociales de los ayuntamientos para identificar a las familias con mayores necesidades.
El balance autonómico permite conocer el número de viviendas entregadas durante el último año, aunque no ofrece datos para comparar estas adjudicaciones con la demanda existente de vivienda pública.
En el caso concreto de Castellón, tampoco se especifican los municipios donde están las 21 viviendas, las características de los inmuebles, el número de solicitantes pendientes o el tiempo medio de espera hasta conseguir una adjudicación.
